El Gobierno nacional decidió eliminar la norma que exigía igualdad de género en la composición de los órganos administrativos de sociedades, fundaciones y asociaciones civiles. Esta norma requería que estas entidades tuvieran una representación equitativa de hombres y mujeres.

Recientemente, tras una propuesta de la Fundación Apolo, liderada por Yamil Santoro, legislador de Republicanos Unidos, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 13/2024 de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta resolución revoca las anteriores que establecían la obligatoriedad de la paridad de género en sociedades, asociaciones y fundaciones.

Santoro aplaudió la decisión de la IGJ, que es una entidad dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, y afirmó que fue un “trabajo importante del equipo de legales en pos de la libertad y el mérito para acceder a los cargos”. Según sus palabras, esta resolución “encauza por el camino de la libertad al derecho de asociación, permitiendo que sea la idoneidad, y no otra cosa, el criterio de acceso a cargos directivos en organismos privados”.

Por lo tanto, ninguna de las entidades supervisadas por la Inspección General de Justicia está ahora obligada a implementar la paridad de género en sus órganos de administración.