Judiciales ⚖️
El blindaje judicial de Lotocki: rechazaron otro pedido para su detención
La decisión quedó plasmada en un fallo unipersonal del juez que puso de relieve que el supuesto cirujano plástico estuvo siempre a derecho y que actualmente se encuentra condenado a 4 años de encarcelamiento “supeditado” a que la sentencia quede firme.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 28, que condenó al médico Aníbal Lotocki por lesiones graves a cuatro pacientes entre las que se encontraba Silvina Luna, rechazó este miércoles hacer lugar a los pedidos de detención que en su contra habían formulado el fiscal Sandro Abraldes y la querella liderada por Fernando Burlando.
La decisión quedo plasmada en un fallo unipersonal del juez que puso de relieve que Lotocki estuvo siempre a derecho y que actualmente se encuentra condenado a 4 años de encarcelamiento «supeditado a que la sentencia adquiera firmeza, lo cuál hasta este momento no aconteció».
El pasado 13 de septiembre, Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, también pidió la detención de Lotocki «en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal» del médico, pero ese pedido no había sido resuelto.
Otra solicitud fue realizada por el fiscal general Sandro Abraldes sobre los planteos de las querellas de Pamela Sosa, con el patrocinio también de Burlando; Gabriela Trenchi, asesorada por Nuria Drendak, y Stefanía Xipolitakis, con la representación letrada de los abogados Gonzalo Díaz Cantón y Agustín Mariano Maya.
«Lotocki siempre estuvo a derecho, cada vez que se lo intimó a que concurra al Tribunal así lo hizo. Tiene un domicilio constituido y por medio de sus abogados ha estado permanentemente en contacto con el Tribunal. Cuando se lo autorizó a ausentarse del país, siempre regresó y estuvo a derecho», sostuvo el juez en el fallo al que accedió Télam.
«También se invocaron como argumentos para revocarle la libertad, circunstancias que no tienen incidencia en la situación de Lotocki en este proceso. El lamentable fallecimiento de Silvina Luna motivó la formación de otra denuncia penal, correspondiendo al Magistrado que interviene en ese suceso, expedirse sobre si tal circunstancia afecta la libertad ambulatoria del denunciado», expresó.
«La existencia de otras denuncias en su perjuicio, tampoco pueden alterar el contenido de la sentencia que dicté oportunamente respecto del nombrado. Son otros hechos, con otros jueces encargados de la investigación y en su caso, son éstos los que deben decidir acerca de la restricción a la libertad de Lotocki», argumento el magistrado.
«Finalmente también se alude a una holgada situación económica, que incluye la posibilidad de viajar fuera del país, pero ello tampoco es un presupuesto para encarcelarlo», sostuvo Rengel Mirat en su fallo de 3 páginas.
Ayer, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 rechazó otro pedido de detención de Lotocki en la causa que le sigue el actor y productor uruguayo Raphael Dufort, quien sufrió graves problemas de salud tras ser operado en su clínica, informaron fuentes judiciales.
El juez Edmundo Rabbione decidió «no hacer lugar» al pedido realizado por el fiscal Lucio Herrera y por el querellante porque «la gravedad de la denuncia y las imputaciones efectuadas exigen ser sumamente riguroso en la recolección y evaluación de la prueba, antes de tomar la gravísima determinación de disponer una detención».
El pasado 13 de septiembre, Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, también pidió la detención de Lotocki «en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal» del médico, pero ese pedido no fue resuelto todavía.
DDHH
Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos
La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».
La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.
Cómo empezó la represión
La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.
Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.
La denuncia de infiltrados
Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.
Heridos y detenidos
Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.
Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
«La violencia es estatal»
La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.
«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».
«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.
La respuesta oficial
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».
Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».
El documento: «la universidad pública no es el problema»
En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.
También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.
La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.
Lo que tenés que saber:
- La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
- Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
- Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
- La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
- La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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