El Gobierno nacional incluyó en su nuevo paquete de desregulación económica, que planea enviar al Congreso en los próximos días, la derogación de la ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada en 2001. La norma establece que el precio de venta al público de cada libro lo fija el editor o importador, y que ese valor debe respetarse de manera uniforme en toda la cadena minorista, impidiendo que las grandes superficies o plataformas de comercio electrónico vendan por debajo de ese precio para arrasar con la competencia. La iniciativa también suprimiría artículos de la ley 25.546 de Fomento del Libro y la Lectura, que define el rol del Estado en la promoción cultural.

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuyo titular es Federico Sturzenegger, justificaron la medida con el argumento de que «cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios» y citaron el caso del Reino Unido, donde el precio fijo fue eliminado en 1995. Lo que omitieron en ese comunicado oficial es el dato que el propio sector cultural consignó en su declaración: entre 1995 y 2021, en el Reino Unido cerraron mil librerías.

Un sector unido frente al avance oficial

La respuesta del sector no se hizo esperar. Una declaración conjunta firmada por más de veinte organizaciones rechazó de manera categórica el proyecto. Entre las entidades que la suscribieron figuran la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores, el Centro PEN de Argentina, la carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.

«El Poder Ejecutivo ha circulado un proyecto legislativo que apunta a derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y suprime artículos de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Es el segundo intento en poco más de dos años. Ninguno de los actores relevantes de la cadena (autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura) lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado», señala el documento conjunto.

El mito de los precios más bajos

La evidencia internacional contradice la promesa oficial de abaratamiento. La declaración del sector detalla que en Suiza, tras la derogación del precio único en 2007, un estudio encargado por la Secretaría de Estado de Economía no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general luego de la eliminación del acuerdo de precio fijo en 1995, pese a descuentos más amplios. Y en Australia, que derogó el precio fijo en 1972, la red de librerías cayó de 2.879 a 1.457 establecimientos entre 2013 y 2023.

Las organizaciones señalaron además que la ley no implica un precio administrado por el Estado: «Lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista.» El modelo argentino es, de hecho, el vigente en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur, países donde nadie cuestiona seriamente su vigencia.

Las grandes beneficiarias: plataformas y cadenas

El análisis del sector es preciso sobre quiénes ganarían con la derogación: las grandes plataformas de comercio electrónico y las cadenas de librerías con mayor poder económico, que podrían lanzar ofertas a precios irrisorios, usando el libro como producto gancho para capturar tráfico, y destruir en el proceso la viabilidad económica de las librerías independientes. El precio de referencia también brinda seguridad en el pago de los derechos de autor, que rondan el 10% del precio de venta al público.

La Cámara Argentina del Libro estima que en el país hay 1.500 librerías. Su declaración advirtió que «cuando el canal librero se debilita, la pérdida se reparte: los lectores pierden un espacio de referencia y recomendación; las ciudades, uno de sus motores culturales; las editoriales, dónde mostrar y comercializar lo que publican; los libros de circulación lenta, su tiempo en el estante. Y los nuevos autores y autoras, donde ver sus obras publicadas y valoradas.»

La respuesta política y la pelea en el Congreso

El Consejo de Administración de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, expresó su preocupación y subrayó que las librerías forman parte del patrimonio cultural del país. Mientras tanto, las cámaras del sector comenzaron a presionar a legisladores oficialistas y opositores para que el proyecto no llegue al recinto y, si llega, no sea aprobado. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Lorena Pokoik, está en contacto con representantes de las cámaras.

Los diputados Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman y Esteban Paulón expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa oficial. Del lado del oficialismo, la diputada Juliana Santillán y el asesor presidencial Santiago Caputo respondieron críticamente a voces que salieron a defender la norma vigente. La batalla cultural tiene frente legislativo y está abierta.

Puntos clave

• El Ejecutivo intentó derogar la ley 25.542 por segunda vez en poco más de dos años.
• Más de veinte organizaciones del sector editorial, librero y cultural rechazaron el proyecto de manera conjunta.
• La experiencia internacional demuestra que la eliminación del precio único no abarató libros sino que redujo la red de librerías.
• Las grandes beneficiarias de la derogación serían plataformas como Mercado Libre y cadenas de librerías con mayor poder económico.
• El Congreso es ahora el campo de disputa; la Comisión de Cultura de Diputados ya está en contacto con el sector.