El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi ingresará en una nueva etapa tras la decisión de la empresaria de cambiar su representación legal. Según trascendió, Nara habría optado por ser defendida por el estudio de Fernando Burlando, con el patrocinio directo del abogado Javier Ignacio Baños, conocido por haber intervenido en la causa que terminó con la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Fuentes cercanas al estudio confirmaron que el nuevo equipo prepara una estrategia centrada en redefinir la causa como una “cuestión de género”, con el objetivo de reforzar los reclamos por los derechos de las hijas menores de la pareja.

Medidas urgentes y nuevas presentaciones

De acuerdo con lo adelantado por Marina Calabró, la primera acción del equipo jurídico sería pedir medidas precautorias urgentes por el supuesto incumplimiento reiterado de Icardi en el pago de la cuota alimentaria.
Entre las solicitudes previstas figuran:

• La prohibición de salida del país del futbolista.
• La retención de su pasaporte y registro de conducir hasta que regularice los pagos.
• La posibilidad de iniciar acciones penales por desobediencia judicial reiterada.

Además, los abogados analizan presentar una denuncia contra el juez Hagopian, a cargo del expediente, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, e incluso evalúan llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argumentarían que el Estado argentino no estaría garantizando la protección efectiva de los derechos de las niñas.

La posición de la defensa de Icardi

Desde el entorno de Icardi respondieron que varios de sus bienes, entre ellos la denominada “Casa de los Sueños”, ya se encuentran embargados, y que el retraso en los pagos se vincula con la falta de actualización de las declaraciones impositivas de Nara. Según la defensa, esa situación habría impedido fijar correctamente el monto de la cuota alimentaria.

Debate sobre una medida judicial

El nuevo equipo de la empresaria también cuestionó un párrafo del expediente que menciona la posibilidad de allanamiento del domicilio de Nara en caso de que las hijas no fueran entregadas dentro del horario fijado para los encuentros con su padre.
Los abogados consideran que esa disposición sería una medida coercitiva desproporcionada, e incluso podría interpretarse como una amenaza hacia la madre.