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“Si no hay diálogo, habrá justicia y calle”: la CGT se planta contra la reforma laboral de Milei

El cosecretario general Octavio Argüello acusó al gobierno de impulsar una «flexibilización laboral por la fuerza» bajo la influencia de EEUU y el FMI, y ratificó que el sindicalismo dará la pelea en el ámbito judicial, legislativo y en las calles.

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La advertencia de la CGT: “Si no hay diálogo, habrá justicia y calle”

El dirigente camionero Octavio Argüello, recientemente ratificado como cosecretario general de la CGT, trazó una línea clara: la central obrera enfrenta «un momento decisivo» ante lo que definió como un ataque sistemático del gobierno nacional contra las conquistas laborales históricas. «Tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo debemos unirnos, porque si no estamos todos juntos, nos llevan puestos», planteó sin rodeos.

En diálogo con Radio Rivadavia, Argüello no ahorró calificativos para definir la gestión de Javier Milei. «Es un desastre», afirmó, y enumeró: «Atacan la salud, a los discapacitados y a los jubilados». Pero su principal preocupación se concentra en la reforma laboral que impulsa el oficialismo, a la que caracterizó como un intento de «flexibilizar las condiciones de trabajo, extender las jornadas y eliminar las horas extras».

Una reforma con sello externo

Para el dirigente sindical, detrás de la iniciativa gubernamental no hay inocencia ni modernización, sino presiones foráneas. «Esto no es una modernización, es una flexibilización laboral impulsada por la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario. Lo que quieren es trabajadores sin derechos, totalmente indefensos», sentenció Argüello.

El cosecretario general de la CGT desmontó uno de los principales argumentos que suele esgrimir el gobierno y sectores empresariales para justificar los cambios: que los costos laborales asfixian a las pymes. «Lo que mata a las pequeñas y medianas empresas son los impuestos, no las indemnizaciones. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que quiebra son las políticas económicas», subrayó.

Renovación sí, pero con memoria

Consultado sobre el debate interno acerca de la necesidad de renovación en el sindicalismo, Argüello reconoció la importancia del recambio generacional, aunque matizó: «No es solo una cuestión de edad, sino de ideas y capacidad para afrontar los momentos difíciles. Hay muchos jóvenes participando, pero sin perder de vista la defensa de los derechos».

La respuesta buscó equilibrar la apertura a nuevas voces con la reivindicación de la experiencia acumulada en décadas de lucha sindical, un capital que la CGT no está dispuesta a dilapidar en medio de lo que considera una ofensiva sin precedentes.

Todos los frentes abiertos

Argüello insistió en que la central obrera mantiene su disposición al diálogo con el Ejecutivo, aunque aclaró sin ambigüedades que el gobierno «no escucha». Ante esa realidad, la CGT definió su estrategia: «Vamos a dar la pelea en todos los frentes: el judicial, el legislativo y, si hace falta, también en la calle», aseguró el dirigente.

La advertencia no es menor. Implica que el sindicalismo está dispuesto a activar recursos judiciales para frenar normativas que considere violatorias de derechos adquiridos, a presionar en el Congreso para bloquear iniciativas regresivas y, como última instancia, a volver a la movilización masiva.

Peronismo y sindicalismo: una relación vigente

Al ser consultado sobre el vínculo histórico entre el movimiento obrero y el peronismo, Argüello no eludió la pregunta. «Yo soy peronista y lo reivindico porque fue quien más derechos le dio a los trabajadores», afirmó. Sin embargo, trazó una distinción clave: «Pero el sindicalismo representa a todos los trabajadores, piensen como piensen. Lo que defendemos son los derechos, no un partido político».

La definición busca ampliar el paraguas de representación de la CGT más allá de identidades partidarias, en un momento en que la central necesita la mayor unidad posible para enfrentar lo que considera una embestida sin precedentes contra el mundo del trabajo.

Puntos clave:

• Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, advirtió que el sindicalismo dará pelea judicial, legislativa y en la calle si el gobierno insiste con la reforma laboral

• El dirigente calificó al gobierno de Milei como «cipayo» y acusó a la embajada de Estados Unidos y al FMI de impulsar la flexibilización laboral

• Rechazó que los costos laborales sean el problema de las pymes: «Lo que las quiebra son los impuestos y las políticas económicas»

• Defendió la necesidad de renovación generacional en el sindicalismo, pero sin perder «la defensa de los derechos»

• Reivindicó su identidad peronista pero aclaró que la CGT «representa a todos los trabajadores, piensen como piensen»

Economía 💲

Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda

Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.

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Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.

Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.

El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».

40,5% de caída real del salario en dos años y medio

El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.

La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.

Del banco a la fintech: el circuito de la usura

La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.

Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».

El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.

Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados

El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.

La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.

El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.

Las exigencias del gremio

Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».

  • El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
  • La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
  • El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
  • Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
  • Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.

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