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Trabajo

Moyano rechazó la reforma laboral y adelantó que saldrán a la calle

El Co titular de la CGT se opuso a la designación del ex CEO Aracre como jefe de asesores presidencial, Antonio Aracre.

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El cotitular de la CGT y secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, rechazó hoy la posibilidad de producir una nueva reforma laboral y cuestionó en ese sentido la propuesta del designado jefe de asesores presidencial, Antonio Aracre.

Un documento firmado por Moyano cuestionó la propuesta de Aracre, un empresario que será asesor oficial, y se opuso a la posibilidad de una nueva reforma laboral.

«El movimiento obrero rechaza cualquier proyecto de ley o intento de flexibilización laboral y repudia el anuncio realizado por el exCEO de la empresa multinacional Syngenta, quien asumirá el 1° de febrero como jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. Que siga soñando. Camioneros otra vez la rechazará en la calle», advirtió.

Aracre habló de «flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo informal o precarizado puedan incorporase más fácil al mundo laboral».

Luego aclaró que «mi intención fue proponer un debate pensando en que los muchos millones de argentinos que hoy tienen un trabajo informal y precario puedan acceder a uno que les garantice una obra social, jubilación y paritarias SIN que se modifiquen los derechos adquiridos del resto».

Moyano hijo rechazó esas declaraciones de Aracre y lo invitó a «seguir soñando con una nueva reforma laboral, porque el gremio de camioneros y las organizaciones sindicales del movimiento obrero la rechazarán como peronistas de siempre».

«Camioneros y las organizaciones gremiales del movimiento obrero rechazarán ese intento como peronistas, si ocurriese, porque perjudicará a los trabajadores», aseguró.Moyano le recomendó a Aracre que «salga a caminar las calles y se pegue el culo como lo hacen los trabajadores camioneros, que dejan a su familia días y días para llevarse un mango más al hogar», y lo invitó a ir a «una fábrica, una industria y una panadería para observar como trabaja la gente», puntualizó en el documento.

«El gremio de camioneros será el primero, como ya ocurrió, en estar de forma masiva en la calle defendiendo los derechos y oponiéndose a esa reforma laboral», concluyó.

Por su parte, el secretario nacional adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el rionegrino Rodolfo Aguiar, también rechazó hoy la iniciativa de Aracre y sostuvo que «el Gobierno debe revisar su designación como asesor porque es inadmisible que su primera propuesta sea la de producir una reforma laboral».

«Es un CEO del agronegocio, por lo que su incorporación a la función pública está prohibida por las leyes. Las propuestas de flexibilización de derechos laborales eran propias del gobierno anterior. Esa intención de Aracre atenta contra los artículos 14 bis y 75 de la Constitución. Su designación es un gran error y violenta la legislación«, dijo.

Aguiar se refirió a la Ley 25.188 de Ética de la Función Pública, que determina la incompatibilidad de ocupar ese cargo por parte de las personas que condujeron en los últimos tres años una empresa con actividades reguladas por el Estado.

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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