El riesgo de que dos jueces dicten resoluciones opuestas sobre los derechos argentinos en Malvinas fue el argumento central para unificar las denuncias por petróleo. Lo planteó la Cámara Federal al resolver que ambos expedientes sigan un mismo camino judicial, en un momento en que el Estado sostiene un frente abierto en tribunales locales e internacionales contra las empresas que operan en la zona sin autorización.

El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia y dispuso que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, según el fallo. La decisión llegó pese a que Ercolini había rechazado la competencia.

Qué se investiga en cada expediente

La primera denuncia fue presentada por la Cancillería contra la petrolera británica Desire Petroleum por la explotación en el yacimiento Sea Lion. La segunda apunta a la explotación de petróleo en otro sector de la plataforma continental argentina, por parte de otra empresa y sin permisos del Gobierno argentino.

La causa CFP 4437/2026 ya había sido ampliada en septiembre por el Gobierno nacional, que sumó a la investigación a sociedades de Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de identificar a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las petroleras, según las presentaciones judiciales.

Los argumentos de Farah

Farah consideró que la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas vuelve pertinente su acumulación. Sostuvo que las actividades denunciadas en una y otra son distintas manifestaciones de “un mismo fenómeno”: emprendimientos económicos en áreas cercanas a las islas, basados en autorizaciones que el país considera ilegítimas.

El magistrado remarcó que ambas denuncias se refieren a los derechos argentinos sobre las islas y que por eso es clave evitar “pronunciamientos contradictorios”. Según el fallo, la recuperación de Malvinas y el ejercicio pleno de la soberanía son un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, y lo que se resuelva puede repercutir en la política permanente del Estado sobre el asunto.

Un frente judicial con varios tableros

La unificación se produce en medio de una disputa que se libra en simultáneo en distintos ámbitos. En septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender las tareas del proyecto Sea Lion, a partir de una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y una asociación de abogados ambientalistas.

En el plano internacional, el Gobierno pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido, con audiencias orales fijadas para el 10 y 11 de noviembre. Del otro lado, Rockhopper sostuvo que Sea Lion sigue en cronograma, con primer petróleo previsto para el primer trimestre de 2028.

Con las dos denuncias bajo un mismo juzgado, la estrategia penal contra las petroleras gana coherencia, pero también concentra en un solo despacho la responsabilidad de sostenerla. Queda por verse si esa unificación se traduce en medidas concretas contra las empresas, mientras los proyectos avanzan y el reloj corre hacia la fecha prevista para el primer barril.

Lo que tenés que saber

• La Cámara Federal unificó las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini.
• El juez Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia, pese al rechazo previo de Ercolini.
• El fundamento fue evitar «pronunciamientos contradictorios» sobre los derechos argentinos en Malvinas.
• Una denuncia de la Cancillería apunta a Desire Petroleum por el yacimiento Sea Lion; la otra, a otra empresa en distinto sector de la plataforma continental.
• El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre.