Energía
Nueva audiencia pública por subsidios de luz y gas
De acuerdo con lo previsto, la audiencia será virtual y puede ser seguida a través del canal de YouTube de la Secretaría de Energía.
La Secretaría de Energía presentará hoy en una audiencia pública convocada para las 10 el diseño de una Canasta Básica Energética (CBE) que determina los criterios de inclusión y de exclusión a partir de los cuales un hogar podrá recibir subsidio a los servicios de gas y electricidad, para lo cual se estimará que el costo total no debería representar más del 10% de los ingresos totales.
De acuerdo con lo previsto, la audiencia será virtual y puede ser seguida a través del canal de YouTube de la Secretaría de Energía.
La convocatoria oficial señala que se trata de una instancia para abordar «la redeterminación de la estructura de subsidios vigentes a fin de determinar el acceso al consumo básico y esencial de luz y gas natural incluyendo la consideración de los subsidios destinados a aquellos usuarios que no tienen conexión a redes de gas natural» y que «también contempla la readecuación del esquema de subsidios previsto en el Programa Hogar», que subsidia la garrafa de GLP.
Según consignaron fuentes oficiales, en la audiencia participarán 97 expositores previamente inscriptos.
En tanto, las autoridades del Gobierno presentarán la Canasta Básica Energética (CBE) y los nuevos criterios de subsidios para usuarios de menores ingresos de los servicios de gas y electricidad.
En la ocasión, buscarán plantear la superposición e incongruencia de beneficios que, aseguran desde el Gobierno, hicieron inequitativo e ineficiente el gasto público durante años.
El nuevo esquema propuesto adoptará criterios de exclusión para aquellos hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de medicina prepaga no vinculada con el empleo que poseen en relación de dependencia.
Tampoco podrán acceder quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes más de una vez en los últimos cinco años, y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.
Del mismo modo, se propone excluir a quienes registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos ($ 900.000 desde marzo) y consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($ 45.000).
También se excluye a los titulares de aeronaves, propietarios o miembros de directorios de empresas privadas; y a los dueños embarcaciones de lujo o de dos o más inmuebles.
Asimismo, se excluyen a los hogares que tengan un auto con antigüedad menor a cinco años o dos autos con antigüedad menor a 10 años.
En el universo de los hogares que no hayan sido excluidos por el primer filtro de selección, el acceso al otorgamiento del subsidio se definirá al comparar los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar. Para ello se valorarán los registros administrativos integrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Esta información se cruzará con el segundo criterio de selección, que es la Canasta Básica Energética y que indicará los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro.
Con este esquema, la Secretaría de Energía busca resolver «las incongruencias que resultan de la acumulación de los esquemas» de subsidios vigentes que coexisten y se acumulan en una misma factura.
De acuerdo con los estudios de consumo realizados a pedido de la Intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), «la superposición de programas y la autorización de consumos bonificados sin límite, han ocasionado consumos excesivos en tanto la señal de precios no refleja los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energía».
A quienes pasen todos los filtros, se les subsidiará el porcentaje del costo que esté por encima del 10% de los ingresos totales familiares. Por ejemplo, si la tarifa de energía representare para una familia el 17% de sus ingresos totales, se le subsidiará el 7%.
Economía 💲
Biocombustibles: pymes y agro apuran una ley que el Gobierno dejó en pausa
CAME y el Consejo Agroindustrial Argentino reclamaron a Diputados la sanción del proyecto que ya aprobó el Senado. La pulseada entre aceiteras y pymes del biodiésel trabó el dictamen y el período ordinario cierra el 30 de noviembre.
El nuevo marco de biocombustibles que el oficialismo empujó en el Senado quedó varado en Diputados, y ahora son las cámaras empresarias las que salen a reclamar lo que el Gobierno dejó de priorizar. A días del cierre de las sesiones ordinarias, el proyecto no tiene dictamen ni fecha de tratamiento en la Cámara baja.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a 63 cámaras del sector, pidieron a los diputados que aprueben la iniciativa, que tiene media sanción del Senado y modifica la Ley 27.640 para abrir y desregular el mercado de biocombustibles. El proyecto fue impulsado en la Cámara alta por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza.
El reclamo empresario
En un comunicado difundido el 16 de noviembre, el CAA pidió «con carácter de urgencia» el dictamen y la aprobación del proyecto en la sesión ordinaria de esta semana. «Este proyecto no es solo una norma técnica; es una herramienta fundamental para el desarrollo nacional», sostuvo la entidad, que advirtió que «la aprobación de este proyecto es la señal que el mercado, el campo y la industria esperan para invertir». Y cerró: «Es momento de avanzar».
Dos días después se sumó CAME, que calificó la sanción definitiva como una «oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo productivo argentino» y una vía para «atraer inversiones y generar nuevas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas». «Aprobar este proyecto de ley significa apostar por la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo federal», afirmó la confederación. La entidad vinculó además el desarrollo del sector con la diversificación de la matriz energética, la transición hacia energías más limpias y el agregado de valor en origen para las economías regionales.
Por qué está trabado
La discusión en las comisiones de Diputados quedó atrapada en la disputa entre la industria aceitera y las pymes históricas productoras de biodiésel, según consignó la prensa especializada. Detrás de la desregulación está en juego quién se queda con el mercado: los grandes complejos exportadores o las plantas medianas que sostienen empleo en el interior.
A esa tensión se suma un calendario adverso: hay pocas chances de que la Cámara baja sesione sobre el tema antes del 30 de noviembre, y el proyecto perdió lugar en la agenda urgente del Gobierno, que mira su posible impacto en un año electoral. La Ley 27.640, sancionada en 2021, es la que hoy regula la actividad.
Lo que tenés que saber
- CAME y el Consejo Agroindustrial Argentino reclamaron a Diputados la sanción de la nueva ley de biocombustibles.
- El proyecto tiene media sanción del Senado y modifica la Ley 27.640 para desregular el mercado.
- La disputa entre aceiteras y pymes del biodiésel trabó el dictamen en comisión.
- El período de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre y no hay fecha de tratamiento.
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