Energía
Nueva audiencia pública por subsidios de luz y gas
De acuerdo con lo previsto, la audiencia será virtual y puede ser seguida a través del canal de YouTube de la Secretaría de Energía.
La Secretaría de Energía presentará hoy en una audiencia pública convocada para las 10 el diseño de una Canasta Básica Energética (CBE) que determina los criterios de inclusión y de exclusión a partir de los cuales un hogar podrá recibir subsidio a los servicios de gas y electricidad, para lo cual se estimará que el costo total no debería representar más del 10% de los ingresos totales.
De acuerdo con lo previsto, la audiencia será virtual y puede ser seguida a través del canal de YouTube de la Secretaría de Energía.
La convocatoria oficial señala que se trata de una instancia para abordar «la redeterminación de la estructura de subsidios vigentes a fin de determinar el acceso al consumo básico y esencial de luz y gas natural incluyendo la consideración de los subsidios destinados a aquellos usuarios que no tienen conexión a redes de gas natural» y que «también contempla la readecuación del esquema de subsidios previsto en el Programa Hogar», que subsidia la garrafa de GLP.
Según consignaron fuentes oficiales, en la audiencia participarán 97 expositores previamente inscriptos.
En tanto, las autoridades del Gobierno presentarán la Canasta Básica Energética (CBE) y los nuevos criterios de subsidios para usuarios de menores ingresos de los servicios de gas y electricidad.
En la ocasión, buscarán plantear la superposición e incongruencia de beneficios que, aseguran desde el Gobierno, hicieron inequitativo e ineficiente el gasto público durante años.
El nuevo esquema propuesto adoptará criterios de exclusión para aquellos hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de medicina prepaga no vinculada con el empleo que poseen en relación de dependencia.
Tampoco podrán acceder quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes más de una vez en los últimos cinco años, y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.
Del mismo modo, se propone excluir a quienes registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos ($ 900.000 desde marzo) y consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($ 45.000).
También se excluye a los titulares de aeronaves, propietarios o miembros de directorios de empresas privadas; y a los dueños embarcaciones de lujo o de dos o más inmuebles.
Asimismo, se excluyen a los hogares que tengan un auto con antigüedad menor a cinco años o dos autos con antigüedad menor a 10 años.
En el universo de los hogares que no hayan sido excluidos por el primer filtro de selección, el acceso al otorgamiento del subsidio se definirá al comparar los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar. Para ello se valorarán los registros administrativos integrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Esta información se cruzará con el segundo criterio de selección, que es la Canasta Básica Energética y que indicará los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro.
Con este esquema, la Secretaría de Energía busca resolver «las incongruencias que resultan de la acumulación de los esquemas» de subsidios vigentes que coexisten y se acumulan en una misma factura.
De acuerdo con los estudios de consumo realizados a pedido de la Intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), «la superposición de programas y la autorización de consumos bonificados sin límite, han ocasionado consumos excesivos en tanto la señal de precios no refleja los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energía».
A quienes pasen todos los filtros, se les subsidiará el porcentaje del costo que esté por encima del 10% de los ingresos totales familiares. Por ejemplo, si la tarifa de energía representare para una familia el 17% de sus ingresos totales, se le subsidiará el 7%.
Energía
La Bolsa le cobra la factura a Rockhopper: el proyecto Sea Lion en Malvinas, cada vez más cerca del precipicio
La petrolera británica ratificó que avanzará con el proyecto Sea Lion en Malvinas pese a las sanciones del gobierno argentino, y el mercado respondió con un desplome del 19,28% en una sola jornada. En el último mes, la compañía acumula una pérdida bursátil del 32%, mientras la Argentina activa un arbitraje bajo la CONVEMAR y estudia pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Un derrumbe del 19,28% en la Bolsa de Londres este lunes y una caída acumulada del 32% en el último mes: ese es el saldo bursátil de Rockhopper Exploration, la petrolera británica que insiste en avanzar con el proyecto Sea Lion en el área de las Islas Malvinas pese a las sanciones del Estado argentino y a la escalada de acciones legales y diplomáticas que el gobierno nacional ya puso en marcha.
Rockhopper, que posee el 35% de participación en Sea Lion, y Navitas Petroleum, la operadora israelí dueña del 65% restante, ratificaron públicamente su intención de seguir adelante con la exploración offshore sin el aval de la Argentina. La decisión le costó a la compañía británica una caída del 8,13% en los primeros dos días hábiles de octubre y un descenso cercano al 18% en septiembre, acelerando un ciclo bajista que amenaza la viabilidad financiera de todo el proyecto.
Sea Lion: el cronograma que Argentina impugna
El proyecto Sea Lion fue aprobado y financiado en su primera fase a fines de 2025. Esa primera etapa contempla 11 pozos de desarrollo. La perforación de producción está prevista para comenzar a principios de 2027 y la puesta en operación comercial está proyectada para el primer trimestre de 2028. Es decir que las empresas operan bajo un calendario concreto, pero lo hacen dentro de un territorio en disputa y contra la voluntad explícita del Estado argentino.
La Argentina no reconoce la jurisdicción del gobierno colonial británico sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ni sobre los espacios marítimos circundantes, y considera ilegítima cualquier actividad de explotación de recursos naturales en esas áreas sin su consentimiento.
La respuesta argentina: sanciones, denuncias y arbitraje internacional
El gobierno de Javier Milei intensificó en las últimas semanas el frente de presión contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas. Las medidas incluyen expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales que colocan a Rockhopper y Navitas en una posición de creciente vulnerabilidad jurídica.
El paso más significativo fue la instrucción presidencial de iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El proceso prevé la conformación de un tribunal de cinco árbitros y, antes de que esas designaciones se concreten, la Argentina podría presentarse ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales. Se trata de la vía multilateral más potente disponible para disputar la legitimidad del proyecto en el escenario jurídico internacional.
El mercado como termómetro de la incertidumbre
La reacción del mercado no es un dato menor. El desplome bursátil de Rockhopper refleja la percepción de los inversores sobre el nivel de riesgo que implica avanzar en un proyecto bajo sanciones estatales, con arbitraje internacional en curso y sin certezas jurídicas sobre la operabilidad futura. Una caída del 32% en un mes en cualquier plaza bursátil es una señal de alarma que los accionistas y los financiadores del proyecto difícilmente puedan ignorar.
El gobierno argentino, al intensificar las acciones legales y diplomáticas, opera también sobre esa dimensión: incrementar el costo financiero y reputacional de participar en Sea Lion hasta tornar el proyecto inviable sin necesidad de forzar una confrontación directa. Es una estrategia de presión acumulativa que, por ahora, muestra resultados medibles en la cotización bursátil de la principal empresa inversora.
Lo que tenés que saber:
- Rockhopper cayó un 19,28% en la Bolsa de Londres este lunes y acumula una baja del 32% en el último mes.
- La petrolera británica (35% de Sea Lion) y Navitas Petroleum (65%, operadora israelí) ratificaron que seguirán adelante con la exploración offshore en Malvinas pese a las sanciones argentinas.
- La primera fase del proyecto, con 11 pozos, fue financiada y aprobada a fines de 2025; la producción está prevista para el primer trimestre de 2028.
- El gobierno argentino instruyó el inicio de un arbitraje bajo la CONVEMAR y estudia solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
- Las acciones del Estado incluyen expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales contra las empresas operadoras.
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