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Titular del ENRE ratificará denuncia contra Edesur

El fiscal dispuso «certificar» la existencia de denuncias previas con similar objeto de investigación.

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El fiscal federal Ramiro González convocó al interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, para ratificar la denuncia presentada contra el directorio de la distribuidora eléctrica Edesur a raíz de los reiterados cortes de luz, y aportar documentación que estime pertinente.

Asimismo, el fiscal dispuso «certificar» la existencia de denuncias previas con similar objeto de investigación.

González tomó esas decisiones en la denuncia que el ENRE presentó la semana pasada contra Edesur y que resultó sorteada en el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Por su parte, el magistrado delegó la pesquisa en la fiscalía de González.

La denuncia del interventor del ENRE se presentó contra los directivos de Edesur por supuesta «defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos» y fue convocada a ratificarla para el próximo jueves.

Los denunciados son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba y Alejandro Martínez, entre otros.

El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el Ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.

También refleja diferentes reclamos de personas electrodependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades, según la denuncia.

Según datos del registro del ENRE, en el área concesionada a Edesur un total de 20.569 usuarios estaban esta mañana sin luz.

Las localidades bonaerenses más afectadas eran Avellaneda, Gerli, Lanús, Lomas de Zamora, Monte Chingolo, Monte Grande, Remedios de Escalada, Sarandí, Temperley y Wilde.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las barrios más afectados por los cortes eran Almagro, Balvanera, Boedo, Caballito, Flores, La Boca, Monte Castro, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, Recoleta; San Cristóbal, Versalles y Villa Crespo.

El ENRE radicó la denuncia tras un pedido formulado por la Secretaría de Energía, que también le exigió que eleve el informe del estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde darla por terminada.

Judiciales ⚖️

La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

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Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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