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El Gobierno prepara la privatización de AySA: fuerte recorte y 200 despidos

El vocero Adorni confirmó que el proceso ya está en marcha para desprenderse de la empresa estatal de agua y saneamiento que abastece a CABA y 26 municipios bonaerenses.

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El Argentino diario-Manuel Adorni-AySA.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal que brinda servicio de agua potable y desagües cloacales a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Un proceso con fecha anunciada

Las autoridades nacionales están ultimando los detalles del proceso de venta de la empresa, que es una de las compañías que la Ley Bases habilitó al Gobierno para desprenderse. El Gobierno había fijado marzo de 2025 como fecha tentativa para que AySA pase a manos privadas, aunque documentos oficiales recientes indican que el proceso podría extenderse hasta 2026.

La decisión se enmarca en el plan oficial de reestructuración y achicamiento del Estado, que incluye también la privatización de otras empresas estatales como Corredores Viales.

Irregularidades detectadas justifican la venta

El Gobierno fundamentó la decisión en supuestas irregularidades detectadas durante la gestión anterior. Según Adorni, se encontraron «gastos innecesarios» por 4.800 millones de dólares en AySA durante la gestión anterior. El vocero detalló que «se gastaron 1.300 millones de dólares en sponsoreo de AySA en distintos eventos» y que «en la pandemia adquirieron un edificio por 31.600.000 de dólares».

Adorni también criticó que «lejos de dedicarse a un servicio de calidad, la empresa funcionó» como plataforma política, acusando a la gestión anterior de utilizar AySA con fines electorales.

Reestructuración previa con despidos masivos

La privatización viene precedida por una reestructuración que incluyó despidos masivos. La empresa despidió a 200 trabajadores, medida que Adorni justificó como parte de «una puesta en valor» previa a la venta.

La privatización de AySA se enmarca dentro de un proceso de reestructuración de la empresa, que busca garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La empresa reportó un superávit de 48.288 millones de pesos en 2024, su primer balance con superávit operativo desde 2007.

Modalidades de privatización en evaluación

AySA ya envió al Gobierno propuestas para su privatización, incluyendo una licitación tradicional que ponga a la venta los activos del Estado, y otra menos convencional que plantea lanzar a la Bolsa las acciones, dejar que el mercado bursátil fije su cotización y que se las quede el mejor postor.

El plan incluye copiar el modelo brasileño de privatizaciones del sector, según reportes especializados del sector.

Características de la empresa a privatizar

AySA fue creada el 21 de marzo de 2006 a través del Decreto 304/2006, posteriormente ratificado por la Ley 26.100. La empresa tiene a su cargo la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El Estado Nacional es propietario del 90% de las acciones de la empresa, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados a través de un Programa de Participación Accionaria.

Un plan privatizador más amplio

La privatización de AySA forma parte de un plan más amplio, donde fuentes oficiales confirmaron que «en las próximas semanas se vendrán por lo menos dos decretos» de privatización. «Todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará», afirmó Adorni.

La medida se produce en el marco de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, que busca reducir el gasto público y transferir empresas estatales al sector privado.

Puntos clave:

  • El Gobierno anunció oficialmente el inicio del proceso de privatización de AySA
  • Se detectaron supuestas irregularidades por 4.800 millones de dólares en la gestión anterior
  • La empresa despidió a 200 trabajadores como parte de la «puesta en valor» previa a la venta
  • AySA reportó su primer superávit operativo desde 2007 con 48.288 millones de pesos
  • El Estado posee el 90% de las acciones y los empleados el 10% restante

Economía 💲

AySA no podrá cortar el agua de un hogar sin 60 días de restricción previa

El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA: antes de cortar el servicio por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos, y no podrá hacerlo con beneficiarios de Tarifa Social, hospitales ni cárceles. La norma llega antes de que los nuevos dueños tomen el control.

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Cortes de agua: el nuevo reglamento llega antes de la privatización plena y deja afuera el régimen de mora.

AySA ya no podrá cortarle el agua a un hogar por una deuda sin antes reducirle el caudal durante al menos 60 días corridos. Es la principal novedad del nuevo reglamento que fija las reglas del vínculo entre la empresa y sus usuarios, justo cuando la compañía se encamina a manos privadas.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Reglamento del Usuario de los servicios de agua potable y desagües cloacales que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma rige desde el día siguiente a su publicación y detalla en qué casos la concesionaria puede restringir o cortar el suministro.

Qué cambia antes de un corte por deuda

Para los usuarios residenciales, la empresa deberá aplicar primero una restricción temporal del servicio, con un caudal limitado por unidad funcional, durante un mínimo de 60 días corridos. Recién cumplido ese plazo, y si la deuda sigue impaga, AySA podrá mantener la restricción o avanzar con el corte, siempre que el usuario no tenga Tarifa Social ni un plan de pagos vigente.

Toda restricción o corte debe estar precedido por una intimación fehaciente, que puede enviarse por medios electrónicos y debe informar al usuario sobre la existencia de la Tarifa Social. Si la notificación es digital, no puede cobrarse cargo alguno por el aviso de corte.

El marco regulatorio vigente (Ley 26.221 y sus modificatorias, con texto ordenado por el Decreto 805/2025) fija que el corte procede con una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura, y exige una intimación de pago con al menos siete días hábiles de anticipación.

Quiénes quedan protegidos

El reglamento prohíbe restringir o cortar el servicio a los beneficiarios de la Tarifa Social y a los usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles. Tampoco se puede avanzar mientras exista un plan de pagos vigente o una orden expresa del ERAS en sentido contrario.

Para las cloacas la regla es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS, que deberá pronunciarse antes. Si se comprueba que una restricción o un corte fue improcedente, la empresa tendrá 48 horas para restablecer el servicio y deberá pagarle al usuario el 3% de la última factura por cada día de atraso.

Otras causales de corte

Según detalló la prensa local, el texto no se limita a la mora. También habilita medidas previa intimación ante fallas en las instalaciones sanitarias internas que perjudiquen a terceros, anomalías en las redes causadas por obras sin factibilidad técnica o manipulación de la red, y vertidos de efluentes industriales fuera de norma. En los casos de cianuro o reincidencia, el corte es directo.

Reclamos, plazos y atención presencial

El reglamento fija plazos máximos de respuesta: 24 horas ante riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar tras un pago, 10 días hábiles para los pedidos de reconexión y 30 días para los reclamos generales. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no conforma al usuario, este puede recurrir al ERAS, y toda contestación debe ser fundada y mencionar ese derecho.

Mientras se resuelve un reclamo por una factura, el servicio continúa si el usuario pagó la última que no impugnó, y no pueden aplicarse intereses ni recargos por la demora en responder. Las facturas deben enviarse al menos 10 días antes del vencimiento e incluir la línea gratuita del ERAS, y la Oficina Virtual debe conservar las copias de los últimos 12 meses.

En materia de atención presencial, AySA deberá mantener su oficina central y, en cada una de las cinco regiones (Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad de Buenos Aires), una oficina fija y una unidad móvil diaria, con cronograma publicado con un mes de anticipación.

Lo que quedó afuera y el contexto de la privatización

El ERAS dejó fuera del reglamento el régimen de mora, la prescripción y la ejecución fiscal de deudas, que considera materias del marco regulatorio o del contrato de concesión. La facturación durante cortes prolongados quedó pendiente de una norma específica, que según el organismo incluiría descuentos para los usuarios afectados.

El proyecto había sido presentado por AySA ante el ERAS en enero de 2026. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició de oficio un trámite el 18 de marzo para analizarlo y recomendó a la empresa y al directorio del ERAS adoptar medidas que garanticen el acceso universal al agua potable y a las cloacas.

El reglamento llega en medio de la venta del 90% de AySA. El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1818/2026, adjudicó ese paquete por 340,2 millones de dólares a un consorcio integrado por Rowing, Arcos, PHX Aqua y Transclor, y fijó el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa; el 10% restante queda en manos de los trabajadores. Según trascendió, el cierre de la operación se postergó hasta el 17 de diciembre, de modo que los nuevos dueños todavía no asumieron el control de la compañía.

Lo que tenés que saber

  • El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA mediante la Resolución 46/2026, publicada el 20 de noviembre en el Boletín Oficial.
  • Antes de cortar el agua a un hogar por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos y enviar una intimación fehaciente.
  • No se puede restringir ni cortar a beneficiarios de Tarifa Social, hospitales, sanatorios y cárceles, ni con un plan de pagos vigente.
  • Si un corte resulta improcedente, AySA tiene 48 horas para reponer el servicio y debe pagar el 3% de la última factura por cada día de atraso.
  • Las cloacas de usuarios residenciales no pueden cortarse sin intervención previa del ERAS.
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