El Gobierno porteño festejó con un spot de propaganda el desalojo número mil de su gestión, pero los datos oficiales que reunió el CELS indican que más de 4.500 personas quedaron en la calle por este tipo de operativos solo hasta mayo, entre ellas 1.500 niñas y niños.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de derechos humanos, cuestionó la campaña en una columna sobre la política de vivienda y espacio público del gobierno de Jorge Macri. A fines de octubre, el jefe de Gobierno porteño había anunciado que la Ciudad alcanzó las 1.000 propiedades usurpadas “recuperadas” y restituidas a sus dueños. La número mil fue una galería con un predio anexo en Cafayate 1642, en Mataderos, ocupado durante 15 años, que la Policía de la Ciudad desalojó un viernes. Macri sostuvo que la política busca reparar perjuicios acumulados durante años y devolver tranquilidad a los barrios.

Un spot con patadas, símbolos políticos y material de archivo

Según el CELS, el video alterna escenas de grupos de policía de choque que irrumpen a patadas en las viviendas con la eliminación de símbolos ligados a la izquierda, al peronismo y a la organización social. La novedad es la dimensión política dentro de la campaña oficial de “orden y limpieza”, que ya había señalado como basura a personas pobres, inmigrantes, habitantes de villas y del conurbano, y a quienes trabajan o viven en la calle.

El organismo advirtió además que gran parte de las imágenes pertenece a un desalojo realizado el verano pasado. A su entender, el uso atemporal del material busca estigmatizar a las personas desalojadas por su supuesta ideología y negar su necesidad de vivienda, al presentarlas como “mafias políticas”. La ostentación de la eliminación de símbolos políticos pretende, según el CELS, intimidar a todo el arco opositor de la Ciudad.

Desalojos sin control judicial y el atajo del “riesgo de derrumbe”

El CELS sostuvo que gran parte de los desalojos de los que se jacta el Gobierno tiene una legalidad cuestionada, porque los procedimientos se realizan prácticamente sin control judicial. El atajo, según el organismo, es el uso de certificados de riesgo de derrumbe que habilitan desalojos por vía rápida y administrativa. El riesgo es dudoso en una gran cantidad de casos, y decenas de familias quedan en la calle con el pretexto de protegerlas.

Más gente en la calle y una contravención para hostigarla

La aceleración de los desalojos aumentó la población en situación de calle. De acuerdo con el último censo popular de 2025, casi 12.000 personas vivían en esa situación en la Ciudad, 463 de ellas niñas y niños, un aumento del 64% frente al censo de 2019. El 80,7% de las personas censadas denunció haber sufrido violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad, el Ministerio Público y Higiene Urbana.

La figura contravencional usada para hostigar a esta población es la portación de “armas no convencionales”, que se aplica a personas que tienen entre sus pertenencias cubiertos o utensilios de cocina, indispensables para la subsistencia. Según datos del Ministerio Público de la Ciudad, su uso aumentó un 2883% entre 2023 (458 casos) y 2025 (13.660).

Villas, “Tormenta Negra” y trabajadores precarizados

Muchas de las personas desplazadas de la calle terminan viviendo en el espacio público de las villas, que el CELS describe como blanco de discriminación y agresión oficiales. Con el discurso de que allí eligen vivir delincuentes y narcotraficantes, el Gobierno porteño abandonó las políticas de integración socio urbana y desplegó operativos como “Tormenta Negra”, con más de 1.500 efectivos fuertemente armados, drones, móviles especiales y una fuerte cobertura mediática. Según el organismo, son procedimientos masivos realizados sin investigaciones previas ni controles judiciales.

El hostigamiento, agregó el CELS, alcanza también a vendedores ambulantes, cuidacoches y recolectores urbanos, a quienes se les impide trabajar y se criminalizan sus formas de subsistencia. El propio Gobierno porteño informó en noviembre de 2025 que había realizado 12 megaoperativos para desalojar a unos 18 mil manteros en zonas comerciales de la Ciudad.

Una política que se repite

La columna del CELS se suma a otras polémicas recientes. En julio, Macri sostuvo que dar comida en el espacio público genera dependencia y atrae a más personas en situación de calle, y después agentes de Espacio Público actuaron contra ollas populares en distintos barrios porteños, como informó este medio.

El organismo cerró con una definición de la Ciudad que describe: un espacio para cada vez menos hogares, hostil con quienes no gozan de privilegios y excluyente con los sectores más empobrecidos. Su conclusión fue tajante: “No hay nada que celebrar”.

Lo que tenés que saber:

• El Gobierno porteño celebró con un spot el desalojo número mil; Macri había anunciado que la Ciudad alcanzó las 1.000 propiedades “recuperadas”.
• Según el CELS, más de 4.500 personas quedaron en la calle por este tipo de operativos hasta mayo, entre ellas 1.500 niñas y niños.
• El censo popular de 2025 contabilizó casi 12.000 personas en situación de calle, un 64% más que en 2019.
• El Ministerio Público de la Ciudad registró un aumento del 2883% en las contravenciones por “armas no convencionales” entre 2023 y 2025.
• El CELS cuestionó la legalidad de los desalojos por certificados de riesgo de derrumbe, realizados prácticamente sin control judicial.