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Dirigentes pidieron por «tierra, techo, trabajo, arraigo y repoblación»

Referentes sociales llamaron a recordar «gestas del movimiento obrero» y avanzar en nuevos derechos en la Argentina».

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Dirigentes de los movimientos sociales aliados al Gobierno llamaron a recordar las «gestas del movimiento obrero» y avanzar en los «derechos que faltan» para el sector de la economía popular, durante la movilización que distintas organizaciones realizaron en el centro porteño por el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.

El secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban «Gringo» Castro, dijo que la movilización se puso en marcha para recordar «las gestas del movimiento obrero», reclamó por la denominada ley «Tierra, Techo y Trabajo» y llamó a debatir sobre «arraigo y repoblación en la Argentina».

«Es el acto del 1 de Mayo. Conmemoramos a los mártires de Chicago, recordamos con mucho amor y cariño todas las gestas del movimiento obrero, y a nuestros propios mártires», indicó a Télam el dirigente.

Además mencionó la ley «Tierra, Techo y Trabajo» que propone concretar 375.000 soluciones habitacionales con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos para atender la emergencia, además de generar 3 millones de puestos de trabajo.

«Vamos a pelear por esas leyes que son de nuestro sector«, anunció Castro. Analizó entonces que «hoy no alcanza con la tierra«, porque se necesita también «lo que hay que poner arriba de la tierra para producir«.

«Es la tierra que el Estado maneja, que desde nuestro punto de vista hay que ponerla en el plano de la producción», amplió el dirigente.

También pidió «mejorar los barrios populares» y «prorrogar el Registro de Barrios Populares», al advertir: «Hay que pensar en una repoblación de la Argentina, pero hay que pensarlo junto con el pueblo, para que la gente no se tenga que ir a buscar trabajo a otro lado».

Por su parte, el referente del Movimiento Evita Gildo Onorato planteó que «es importante sostener la lucha porque hay muchas desigualdades en nuestro país». En declaraciones a Télam, el dirigente sostuvo que «a la economía popular muchas veces le han negado su identidad como trabajadores».

«Venimos a plantear una agenda para que el Congreso y el Poder Ejecutivo tomen nota, y de esa manera, avanzar en los derechos que nos faltan«, dijo y consideró «imprescindible» que se sancionen las leyes de «monotributo, Humedales, envases, cuidados, espacios de primera infancia, comedores y merenderos». «Todo ese trabajo tiene que estar regulado y registrado», insistió.

En tanto, el referente de la CCC Juan Carlos Alderete señaló en declaraciones a Télam que hay que decirle a los «oligarcas» que «acá están los trabajadores, que producen riqueza, construyen y producen alimentos».

«Le decimos a los oligarcas, que recientemente se reunieron en Bariloche e hicieron el ‘tractorazo’, que ellos, que nunca han trabajado, se llevan la riqueza que producimos los trabajadores«, dijo y añadió: «Vamos a estar en la calle apara apoyar y acompañar las medidas que tome el presidente» Alberto Fernández.

En tanto, Alberto Ibarra, del Movimiento Territorial Liberación (MTL), afirmó en diálogo con esta agencia que el reclamo central de los trabajadores ocupados y de los que en este acto se encuentran es que el crecimiento que se observa en la macroeconomía vaya siendo distribuido hacia los sectores que menos tienen, con la creación de fuentes de trabajo y microemprendimientos». «El trabajo es la centralidad de todo ser humano», subrayó.

Las organizaciones se movilizaban en el centro porteño con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, fecha que conmemora en diferentes países del mundo a los «mártires de Chicago», un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por reclamar la reducción de la jornada laboral a 8 horas.

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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