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Qué es el RIGI, el polémico proyecto que se discute en la ley Bases
La cámara de Senadores debe decidir el futuro de un proyecto que «rompe todo el entramado industrial,y pone en riesgo un montón de puestos de trabajo».
En el Congreso desde las 11 se trata el mega proyecto de ley Bases y Paquete Fiscal de Milei que impulsa, entre otros puntos, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que cuenta con varios capítulos importantes dentro de la “Ley Bases”, en los que se incluyen beneficios fiscales y garantías para las empresas que realicen proyectos de gran envergadura en el país.
Al respecto, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “es el nuevo estatuto legal del coloniaje del siglo XXI”. “Economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI”, sostuvo la ex presidenta.
Desde el sector industrial argentino señalaron que “tal como está redactado el RIGI, la cancha está desnivelada para los productos nacionales”. “Se rompe toda la cadena de valor, se rompe todo el entramado industrial, por eso decimos que están en riesgo un montón de puestos de trabajo. Además, entendemos que esta legislación está redactada en el exterior, no en la Argentina”, remarcó.
El Senado discute el futuro del “Sr. RIGI”
Ahora, tras obtener medida sanción en la Cámara baja, el Senado tiene en sus manos el debate de este régimen, más conocido en los pasillos del Congreso como “Sr. RIGI”, pero el proyecto ya tiene varios detractores entre los sectores productivos locales y deberá sortear los cuestionamientos de la oposición, que en la Cámara alta contaría con los votos necesarios para rechazar la iniciativa.
Esta medida, según manifestó el oficialismo, tiene como objetivo generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional.
Supuestos beneficios del RIGI
El Régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones encuentren en Argentina un destino atractivo:
Beneficios impositivos:
- Impuesto a las Ganancias:
- Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).
- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
- Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA):
- Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.
- Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.
- Otros impuestos:
- Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
Beneficios aduaneros:
- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.
- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
Beneficios cambiarios:
- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:
- 20% el primer año.
- 40% el segundo año.
- 100% a partir del tercer año.
- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
Estabilidad normativa:
- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.
- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.
Requisitos para adherirse al RIGI
Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:
A. Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):
- Sociedades Anónimas (incluidas unipersonales) y Sociedades de Responsabilidad Limitada.
- Sucursales de sociedades extranjeras.
- Uniones transitorias de empresas.
B. Monto de Inversión Mínima:
- Proyectos con una inversión superior a 200 millones de dólares.
C. Sectores incluidos:
- Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.
D. Detalle del plan de inversión:
- Cronograma estimado de inversión.
- Empleo directo e indirecto estimado.
- Balance comercial y de flujos de divisas proyectado para cinco años.
Críticas y polémicas en torno al RIGI
A pesar de los incentivos ofrecidos, el régimen ha suscitado críticas y controversias entre algunos sectores:
Advierten competencia desleal
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles.
Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.
Invalidez de normativas preexistentes
El artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios, según abogados constitucionalistas.
Reclaman falta de desarrollo de proveedores locales
Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.
El RIGI, según el texto, propone un marco legal “sólido” para atraer inversiones de gran envergadura a la Argentina, con la intención de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Sin embrago, será fundamental abordar las preocupaciones planteadas por diversos sectores para que el régimen sea efectivo e inclusivo.
¿Qué pasó en Diputados?
En una sesión maratónica que superó las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en la votación en particular.
El RIGI tiene varios capítulos, que fueron aprobados en Diputados de la siguiente manera:
- El capítulo 1, dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.
- El capítulo 2, sobre «plazos y sujetos», recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones.
- El capítulo 3, sobre “Requisitos”, cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.
- El capítulo 4, sobre “incentivos tributarios y aduaneros”, finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones.
- El capítulo 5, sobre “incentivos cambiarios”, totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.
- El capítulo 6, sobre “Estabilidad”, dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones.
- El capítulo 7, sobre “Terminación”, tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones.
- El capítulo 8, sobre «Inversiones», recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones.
- El capítulo 9, sobre «autoridad de aplicación», tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.
- El capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones.
- El capítulo 11, sobre “Jurisdicción y arbitraje”, plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones.
- El capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.
La sesión en el Senado
Ahora la pelea de fondo por la aprobación de ley está en el Senado, donde el kirchnerismo cuenta con al menos 33 votos y necesitaría 4 para bloquear la norma. Por otra parte, el Gobierno amenazó a los gobernadores para revisar puntos y generar consenso, incluso prometió jugosos cargos a senadoras involucradas en la votación. Con los cambios propuestos este miércoles, de aprobarse, debería volver a Diputados.
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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