El proyecto de Ley de Precios Justos para el territorio bonaerense se presentó esta tarde en la Legislatura provincial, impulsado por el bloque del Senado del Frente de Todos, que contempla que cada municipio pueda llevar el control de precios en su distrito y sancionar en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos.

El impulsor de la medida que ingresará mañana al Senado, el senador Francisco Durañona, señaló que “este proyecto tiene como clave el aporte y la ayuda de los municipios. El corazón de esta idea es que los municipios juegan un rol preponderante, tienen una participación protagónica».

«Queremos reglamentar la ley de defensa de los consumidores, y que le otorguen herramientas a los municipios para sancionar cuando detecten cosas que no se cumplen en los comercios”, agregó el legislador del Frente de Todos.

Durañona también explicó que “si no se cumple la ley de góndolas o hay desabastecimiento por especulación y aquellos que remarcan por las dudas, ahí los municipios tendrán la facultad de poder actuar».

«No queremos abusos y para eso que mejor que la opinión de los vecinos y las áreas de inspección de los municipios», afirmó tras aclarar que “esto no implica una mayor burocracia, el mejor control será el vecino y las oficinas de derechos del consumidor, que funcionan muy bien. Es central incorporar estas facultades para los municipios, y creer en el rol de los gobiernos locales”.

De acuerdo al proyecto, las multas irán desde apercibimientos hasta los $10 millones, y para los impulsores de la norma «no será lo mismo la pasividad actual para lo que hoy son los formadores de precios».

La iniciativa presentada hoy busca incorporar al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios un artículo que faculta a los municipios de la provincia de Buenos Aires «a la inspección, el juzgamiento y sanción de las mismas, sin perjuicio de los mecanismos establecidos en cada caso por la Autoridad de Aplicación y en coordinación con los órganos que correspondan”.

Señala además que «si la resolución tiene por verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de sanciones» tales como apercibimientos; multas de diez mil a diez millones de pesos; y decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

También contempla la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta un mes; suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y la pérdida de concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Por su parte, Teresa García, presidenta del bloque de senadores del FDT remarcó que “es muy bueno cada proyecto que tiene como protagonista a la gente, hay que defender a los consumidores».

«Imagino -agregó- que la oposición que tan conmovida está por la crisis social y política no se opondrá al tratamiento. Llegó la hora y es algo indiscutible que la gente la está pasando mal, y hay que ponerse al lado de ellos”.

La ex ministra también remarcó: “No buscamos sancionar al pequeño comerciante, se trata de las grandes superficies comerciales, como los supermercados que muchos tienen conductas monopólicas. Tendrán que estar atentos a la palabra de los vecinos, sobre faltantes o si no se cumplen con los precios cuidados».

«A nadie se le ocurrirá cerrar un kiosco pero si hay supermercados que concentran la oferta, ahí si hay que apuntar. Venimos de una pandemia, una cuarentena que complicó las economías en el mundo”, aseguró García.

En los fundamentos de la propuesta, se expresó que «en algunas circunstancias excepcionales se producen alteraciones en el normal desenvolvimiento de las fuerzas del mercado, mientras que los consumidores se encuentran más expuestos a abusos que en tiempos de normalidad».

«Por ello, no obstante el rol permanente del Estado en el aseguramiento de la correcta competencia y los derechos de los consumidores, se genera la necesidad de otorgar a ciertas instancias públicas determinadas herramientas que posibiliten a la ciudadanía asegurarse la provisión de bienes y servicios en condiciones razonables, evitando el aprovechamiento y el oportunismo», indicó.

Se añadió en el proyecto que «el rol del Estado en la aplicación de políticas y en cuanto garante del pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos en general no puede ser desplegado de manera eficaz si no es con la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que en los modernos sistemas democráticos funcionan como el ámbito más próximo a la ciudadanía, jugando un papel central en el desarrollo armónico, económico y social, de nuestro país y nuestra provincia».

A la vez, indicó que «los acuerdos de precios, una vez establecidos, integran la oferta comercial de cada una de las compañías que asumieron esos compromisos públicos, integrando el concepto de oferta vinculante que establece la normativa que tutela a los consumidores por lo que el control de su cumplimiento por parte de los proveedores es un resorte de las autoridades de aplicación de la normativa de defensa del consumidor, entre las cuales se encuentran claramente incluidas las autoridades provinciales y municipales».

«En el caso de la Ley de Defensa del Consumidor, nuestra provincia cuenta con la Ley N° 13.133 que determina un minucioso sistema de control y sanción a cargo de los municipios, siendo que en materia de abastecimiento, ello se encuentra en cabeza del Gobierno Provincial, con evidentes limitaciones operativas para su correcto desenvolvimiento», se explicó.