★ La Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de la provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles el cambio de domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al territorio bonaerense.

La resolución del organismo provincial avala el traslado que la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional había rechazado días atrás, al considerar que la dirección declarada por la AFA «carece de respaldo real» y no correspondía a ninguna instalación operativa de la entidad.

Con la validación de la DPPJ, la AFA obtiene el respaldo de la jurisdicción provincial para consolidar su encuadre fuera del control del organismo nacional, lo que abre un conflicto de competencias entre ambas instancias administrativas.

Dos organismos, dos resoluciones opuestas

El escenario que se configura este miércoles es inédito: dos organismos del Estado, uno nacional y uno provincial, emitieron resoluciones contradictorias sobre el mismo hecho administrativo. La IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación conducido por Mariano Cúneo Libarona, rechazó el cambio de domicilio el viernes 20 de febrero y calificó la maniobra como «un intento deliberado de eludir la ley». Cinco días después, la DPPJ bonaerense tomó la decisión inversa y lo validó.

La divergencia no es un detalle menor. El organismo de fiscalización bajo cuya jurisdicción quede inscripta la AFA será el que supervise su funcionamiento, sus balances, sus asambleas y sus decisiones estatutarias.

El traslado a jurisdicción provincial implica, en la práctica, que la entidad dejaría de estar sujeta al control de la IGJ nacional, el mismo organismo que señaló irregularidades contables acumuladas desde 2017 y que suspendió la asamblea de la entidad celebrada en Ezeiza.

El peso político de la jurisdicción bonaerense

La provincia de Buenos Aires está gobernada por Axel Kicillof, quien mantiene una postura de confrontación política con la administración de Javier Milei. La DPPJ bonaerense, como organismo provincial, responde a la órbita del gobierno de Kicillof.

En ese marco, la validación del cambio de domicilio de la AFA por parte de un organismo provincial alineado con la oposición al gobierno nacional suma una dimensión política explícita al conflicto, que hasta ahora se había desarrollado principalmente en el terreno judicial y administrativo federal.

Se investiga si la resolución de la DPPJ será impugnada por la IGJ o por el Gobierno nacional ante la Justicia, dado que la contradicción entre ambas resoluciones deberá resolverse eventualmente en sede judicial o a través de un pronunciamiento que defina cuál de los dos organismos tiene competencia prevalente sobre la AFA.

Qué cambia con el traslado

El impacto concreto del cambio de domicilio sobre los mecanismos de control y supervisión de la AFA es uno de los puntos centrales del debate institucional abierto. Bajo la jurisdicción de la IGJ nacional, la entidad acumuló señalamientos por la falta de presentación de balances desde 2017, la ausencia de aprobación de su estatuto reformado y la no cancelación de su inscripción en el Registro Público, según el propio comunicado de ese organismo. Al quedar bajo supervisión provincial, el alcance y la intensidad de ese control podría modificarse sustancialmente.

La AFA, por su parte, cuenta con infraestructura relevante en territorio bonaerense, entre la que se destaca el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, donde concentra y entrena la Selección Argentina y donde se celebró la asamblea cuya validez está en disputa judicial. La existencia de esos predios le otorga sustento fáctico al argumento del traslado, aunque la IGJ había determinado que la dirección específicamente declarada no correspondía a ninguna sede operativa real.

Un conflicto que suma capítulos por día

La confirmación de la DPPJ se produce en la semana de mayor intensidad del enfrentamiento entre la conducción de la AFA y el Gobierno nacional. En los últimos días, el juez en lo penal económico Diego Amarante citó a indagatoria a Claudio «Chiqui» Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social por 19.353 millones de pesos; la Justicia Federal ordenó 30 allanamientos simultáneos en la causa por presunto lavado de dinero vinculada a Sur Finanzas, firma que figura como uno de los ejes de investigación con conexiones al fútbol profesional; y los clubes de la Liga Profesional resolvieron por unanimidad un paro total de actividades del 5 al 8 de marzo en señal de repudio a la persecución judicial.

La resolución de la DPPJ agrega un nuevo frente a ese cuadro y convierte el conflicto entre la AFA y el Gobierno en una disputa que ya involucra al menos dos jurisdicciones administrativas, al Poder Judicial federal y al escenario político nacional.

Puntos clave

• La DPPJ de la provincia de Buenos Aires confirmó el cambio de domicilio legal de la AFA al territorio bonaerense, en contradicción directa con el rechazo emitido por la IGJ nacional el 20 de febrero.
• La divergencia entre ambos organismos abre un conflicto de competencias que deberá resolverse judicialmente o mediante un pronunciamiento que defina cuál tiene jurisdicción prevalente.
• El traslado implica que la AFA quedaría fuera del control de la IGJ nacional, el organismo que señaló irregularidades contables acumuladas desde 2017 y que suspendió la asamblea de la entidad.
• La DPPJ bonaerense responde a la órbita del gobierno de Axel Kicillof, lo que suma una dimensión política al conflicto entre la AFA y la administración Milei.
• La resolución se produce en la semana de mayor tensión institucional para la entidad, con indagatorias, allanamientos vinculados a Sur Finanzas y un paro del fútbol profesional anunciado para el 5 de marzo. ★