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Argentina

El Gobierno obliga a Disney-Fox a transmitir gratis partidos de Boca y River

La medida la definió a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La compra de Fox por parte de Disney en marzo del 2019 hizo que en Argentina se quedara con el 64% del share correspondiente a 7 de las 9 señales dedicadas a deportes, lo cual está prohibido.

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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia determinó que Disney-Fox deberá concretar una desinversión y vender a terceros algunas de las señales que tiene en su poder, porque si no se quedarían con el 64 % de los canales de deportes.

Además dispusieron que la firma deberá transmitir encuentros gratis de River y Boca, como así también de la Champions League, hasta que se produzca el proceso de «desinversión».

La compra de Fox por parte de Disney en marzo del 2019 hizo que en Argentina, el nuevo actor se quedara con el 64% del share correspondiente a 7 de las 9 señales deportivas básicas, las otras dos son TyC y DeporTV.

Esta posición «disminuye, restringe o distorsiona la competencia en el mercado de comercialización de señales deportivas básicas y perjudica el interés económico general», destacó la información.

Para evitar este perjuicio, la empresa Disney-Fox «tienen plazo de un año para desinvertir», es decir, desprenderse de alguna de esas señales, «con una prórroga de seis meses» para llevar adelante ese cometido.

Hasta que la desinversión se lleve a cabo, «tienen que transmitir de manera abierta y gratuita eventos deportivos relevantes de cada una de las competencias definidas como «contenidos fundamentales», como son la Copa Libertadores, la UEFA, NFL, MLB, Fórmula 1, etc.

Además, deberán transmitir bajo esta modalidad un partido de Boca o de River cada fecha del torneo local de fútbol. «Deberán mantener un máximo de cuatro señales lineales deportivas básicas en la grilla de canales ofrecidos en la República Argentina», agregó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Mientras las partes no concreten la desinversión, deberán mantener estable la relación existente previa a la fusión entre el precio de las señales deportivas y el precio del abono básico. Y si en los 18 meses establecidos no se efectivizó la desinversión, «estas transmisiones abiertas y gratuitas se extenderán durante cinco años», advirtió.

Fuentes de la Comisión de Defensa de la Competencia apuntaron a que en países como México, Estados Unidos, Europa, Chile y Brasil, las autoridades «también identificaron efectos y riesgos específicos en sus mercados e impusieron condicionamientos tanto de conductas como de estructura para evitar problemas de concentración».

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Economía

¿Que debería incluir la nueva ley de alquileres?

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

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La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) y las entidades del sector inmobiliario coinciden de manera general en la necesidad de una nueva ley de alquileres, pero las diferencias aparecen al discutir las parámetros que tendría que contener la potencial norma ya que los inquilinos postulan que en la actualización anual debe haber poca o nula incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los propietarios pretenden un ajuste semestral o acuerdos específicos entre las partes.

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, actualizaciones anuales y, en el caso de rescindir el contrato, un preaviso de 3 meses para no tener que abonar una indemnización, entre otras cuestiones.

La actualización anual del índice por el cual se hace el ajuste anual la ley prevé en su artículo 14 que debe estar constituido por partes iguales entre la variación mensual del IPC y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que una nueva ley de alquileres debería «volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)».

En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque «es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente».

Por otro lado, Bennazar dijo que para que pueda haber un descenso de precios en el mercado son necesarios incentivos para que aumente la oferta de inmuebles acompañado por «la vuelta al acceso al crédito, como política de Estado de acceso a la vivienda y al suelo».

«Lo último que hemos incorporado son la compra de viviendas usadas para el blanqueo con dos condiciones, uso del bien propio o para su familia, y en el caso de invertir es aumentar la locativa habitacional por el término de 10 años», afirmó.

En enero en la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los precios de alquileres -respecto a diciembre pasado- fueron de 6,2% en los monoambientes, 2,6% en los departamentos de dos ambientes y 4,3% en los de tres ambientes, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

En tanto, el acumulado de 12 meses de 2022 fue de 102,9% para los monoambientes porteños; 105,1% en las unidades de dos ambientes y 100% en los de tres ambientes.

Estos números cotejan con la suba de 94,8% que marcó el IPC a lo largo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UIA), Ricardo Botana, dijo que una nueva ley de alquileres tendría que «fomentar que vuelvan al mercado inmobiliario las viviendas que ya no están con incentivos fiscales, de ese tipo, para que la gente construya».

«En algunas grandes ciudades, algunos barrios, también pasó que se fueron volcando mucho a las plataformas de alquileres transitorios, lo que hizo también que se retiraran muchos inmuebles», sostuvo Botana al referirse a la falta de oferta de inmuebles en las ciudades, lo que hizo impulsar los precios de alquileres de viviendas de uso permanente.

Además, indicó que en una nueva ley el cálculo del aumento tendría que tener más preeminencia el Ripte -la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino- sobre el IPC para fijar el índice.

Por último, señaló que la ley de alquileres vigente si bien «trajo consigo nuevos derechos para los inquilinos», falló el artículo 14 donde se plasma el cálculo del índice por el cual se calculan los aumentos anuales «con aumentos de 83%, aproximadamente, desbarajuste dándole al inquilino los primeros 4 o 5 meses».

En tanto, el presidente de la Fundación Vocación Inmobiliaria, Hernan Iradi, enfatizó que lo que están reclamando es que «el plazo sea por dos años y que haya acuerdo de partes como siempre fue. Hoy los alquileres comerciales se alquilan por debajo de precios de la vivienda».

«La actual ley está mal porque está atada a la inflación con aumentos anuales, en febrero los aumentos van a superar el 85%, Argentina tiene inflación muy alta, masivamente se retiraron inmuebles del mercado cuando el plazo lo cambiaron a 3 años», dijo el representante inmobiliario.

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