El ministro que frenó la auditoría: los vínculos de Mahiques con la AFA y el doble estándar libertario

★ El fiscal ante Casación, Mario Villar, determinó que la investigación por la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y vinculada a presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, debe tramitarse ante la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución llega a poco tiempo de que el tablero judicial del fútbol argentino es sacudido por una pieza de alto voltaje político: la conciliación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, un hombre con vínculos documentados con la cúpula de la entidad que el Gobierno dice querer investigar, y cuya primera acción concreta fue desplazar al funcionario que más había avanzado sobre las cuentas de la AFA.

La maniobra completa el cuadro de un gobierno que aplica la ley con criterio selectivo: presión judicial sobre la dirigencia del fútbol mientras sus propios funcionarios acumulan causas por corrupción que duermen en los cajones de Comodoro Py.

Villar define la competencia: la causa de la mansión regresa al fuero porteño

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, resolvió que la investigación sobre el patrimonio vinculado a la sociedad Real Central y la lujosa quinta de Villa Rosa, Pilar, debe volver al juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde el juez Daniel Rafecas inició las actuaciones. La causa había avanzado en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, pero el dictamen del fiscal cerró esa etapa y devolvió el expediente al fuero con mayor capacidad técnica para investigar circuitos societarios y operaciones de lavado.

La defensa de los investigados había impulsado activamente que la causa permaneciera en Campana. La elección del fuero no es un trámite menor: en causas con sociedades interpuestas, bienes de alto valor y posibles triangulaciones financieras, el juzgado que tramita el expediente condiciona el alcance y la profundidad de toda la investigación.

La mansión de los 17 millones: vehículos de lujo y caballos de raza

Los principales investigados son Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, quienes figuran como titulares de la sociedad Real Central, propietaria de la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 17 millones de dólares. En el allanamiento judicial, los funcionarios hallaron 55 vehículos importados de lujo en el galpón del predio, además de caballos árabes y de pura sangre.

Las actuaciones señalan que la adquisición de la propiedad habría constituido una maniobra de lavado de activos que alcanzó también unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, partido de Pilar. La hipótesis central apunta a determinar si Pantano y Conte actuaron como «presta nombres» del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, cuyo nombre figura en la causa sin imputación formal confirmada al cierre de esta edición.

Mahiques: el ministro que frenó la auditoría y conoce a los auditados

La secuencia que se inició la semana del 4 de marzo no admite lecturas inocentes. El miércoles 4, la Inspección General de Justicia (IGJ) elevó al Ministerio de Justicia el pedido formal para designar veedores en la AFA. El jueves 5, Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Horas después, pidió la renuncia de Daniel Vítolo, titular de la IGJ y el funcionario que había impulsado con mayor firmeza la investigación sobre los estados contables de la entidad. El viernes 6, Vítolo formalizó su renuncia.

El expediente de los veedores, destinado a auditar los estados financieros de la AFA de 2025, las relaciones de la entidad con TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, y todo lo relativo a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), quedó sin firma en un cajón ministerial. Mahiques declaró a A24 que pidió el expediente «para estudiarlo el fin de semana» antes de decidir. No rechazó la veeduría de manera explícita, pero tampoco la firmó. La demora, en este contexto, es una decisión en sí misma.

Los vínculos del ministro con la cúpula de la AFA son documentados y múltiples. Cuando Tapia presentó la UNAFA en noviembre de 2025, anunció a Mahiques como su vicerrector. El ministro afirma que renunció de inmediato, pero su nombre continúa figurando en la web oficial de la institución al momento de esta publicación. Consultado por la prensa, Mahiques reconoció: «Los conozco a Toviggino, a Tapia, a Malaspina. Los conozco socialmente a todos. Pero no soy amigo de ninguna de las personas que se dice. Ninguno vino a mi cumpleaños ni a mi casamiento.»

El alcance del vínculo excede al ministro. Su padre, el camarista de la Casación Federal Carlos Mahiques, había tenido en sus manos la disputa de competencia por la causa de la quinta de Pilar atribuida a Toviggino, hasta que el periodista Hugo Alconada Mon reveló que el magistrado había festejado su cumpleaños en esa misma propiedad investigada por lavado. Un juez federal confirmó a La Política Online que el propio Juan Bautista también asistió a esa fiesta. El tercer integrante de la familia en la trama es Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería designado miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. El ministro ocupa además el cargo de representante en la Comisión de Ética de la Conmebol, organismo donde Tapia es vicepresidente.

Los abogados defensores de Toviggino en la causa de lavado fueron acercados por el propio Juan Bautista Mahiques. El hombre que conectó al tesorero investigado con su defensa legal es ahora el ministro que debe decidir si avanza o no la auditoría sobre sus cuentas.

El pacto Karina-Tapia: el acuerdo que no necesita escribirse

Este diario reveló, en base a fuentes de alto nivel con acceso a la mesa chica del Gobierno, que Tapia negoció directamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un acuerdo de supervivencia institucional con condiciones explícitas: distanciarse políticamente del gobernador Axel Kicillof y aislar a Toviggino de la conducción real de la entidad. A cambio, el Gobierno dosificaría la presión judicial sobre la AFA y sostendría la figura de Tapia al menos hasta junio de 2026, cuando la Selección Argentina dispute el Mundial de Estados Unidos.

La designación de Mahiques, hombre del ala de Karina Milei sobre la conducción anterior más vinculada al asesor Santiago Caputo, es la pieza que completa ese rompecabezas. Sebastián Amerio, hombre de Caputo y desplazado de la Subsecretaría, asumió la Procuración del Tesoro. El ala de Karina ganó la pulseada interna y el área de Justicia quedó bajo su órbita directa.

Desde la Casa Rosada aseguraron que «no cambia un ápice la posición del Gobierno sobre la AFA». Pero los hechos hablan con más elocuencia que los voceros: el único funcionario que había empujado la auditoría fue removido, el expediente duerme en un cajón y el hombre que decide su destino tiene su nombre todavía en la web de la entidad investigada. El pacto, si existe, no necesita escribirse. Se lee en cada movimiento de tablero.

Los clubes y la guerra por el modelo del fútbol argentino

Mientras la trama judicial y política se desplegaba, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional respondió con un paro total de actividades entre el 5 y el 8 de marzo, adoptado con la presencia de 26 de los 30 clubes de Primera División. Cristian Malaspina, secretario general de la AFA y presidente de Argentinos Juniors, vinculó de manera explícita la causa penal con la disputa por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): «Lo que está en juego son los clubes», sostuvo.

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, fue el más contundente. Acusó directamente al Ejecutivo de impulsar las SAD y advirtió que «a ningún partido político le conviene meterse con los clubes, porque cumplimos un rol social muy importante». Denunció además que dos SAD del exterior adeudan a Vélez casi cinco millones de dólares: «Nosotros no le debemos nada a ningún club, pero ellos sí nos deben», remarcó. Mario Leito (Atlético Tucumán) y Hernán Arboleya (Lanús) coincidieron en que las causas judiciales aparecieron precisamente después de que la dirigencia rechazara la implementación del modelo SAD.

Boca Juniors y Rosario Central emitieron comunicados oficiales de respaldo al modelo asociativo. Central advirtió sobre la existencia de «intereses económicos y disputas por derechos de televisión» detrás del conflicto. La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió el paro con una sola palabra: «Ridículo», y anticipó que desde el Congreso impulsará una investigación sobre la «transparencia» de la entidad. El dato que Bullrich prefirió no mencionar: ARCA, el organismo recaudador que impulsó la denuncia penal contra la AFA, depende directamente del Poder Ejecutivo nacional.

El doble estándar: la Justicia que corre sobre el fútbol y camina sobre la casta

El cuadro sería incompleto sin señalar lo que el Gobierno omite con cuidado. Mientras la maquinaria judicial avanza sobre las cuentas del fútbol argentino, una batería de causas por corrupción que involucra a funcionarios libertarios avanza a ritmo sensiblemente menor en los mismos tribunales de Comodoro Py.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según documentó este diario, incluyendo refacciones de lujo pagadas en efectivo sin factura y el uso de recursos del Estado para viajes privados de su familia. La causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan nombramientos y desvíos de fondos, avanza sin la celeridad que caracterizó la persecución del fútbol. El escándalo $Libra, que involucra al entorno presidencial en una presunta criptoestafa con inversores, permanece en un estado de avance que contrasta con la velocidad con que la Justicia citó a Tapia a indagatoria. La causa por evasión fiscal que recae sobre el titular de ARCA, el mismo organismo que impulsó la denuncia contra la AFA, no registra urgencia comparable. A eso se suman las investigaciones por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios y allegados al poder libertario y las causas vinculadas a la Termoeléctrica, que avanzan sin la premura que el Estado le imprimió al expediente del fútbol.

Hay cosas que investigar en la AFA, eso no está en disputa. La pregunta que el Gobierno no puede responder sin ruborizarse es por qué la investigación del fútbol avanza a velocidad de crucero mientras las causas de la corrupción libertaria se mueven a paso de caracol con los mismos jueces, en los mismos tribunales, bajo la misma bandera de la República.

Puntos clave

• El fiscal ante Casación Mario Villar determinó que la causa sobre la mansión de Villa Rosa, Pilar (sociedad Real Central, valuada en 17 millones de dólares) regresa al juzgado del juez Daniel Rafecas en el fuero porteño.
• El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques desplazó al titular de la IGJ, Daniel Vítolo, horas después de que este elevara el pedido formal de veedores para auditar las cuentas de la AFA; el expediente permanece sin firma.
• Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA son documentados: Juan Bautista figura como vicerrector de la UNAFA, su padre Carlos festejó su cumpleaños en la quinta de Toviggino siendo juez de la causa y su hermano Esteban integra el Tribunal de Disciplina de la AFA.
• Este diario documentó un acuerdo entre Karina Milei y Tapia: el presidente de la AFA se distancia de Kicillof y aísla a Toviggino; a cambio, el Gobierno dosifica la presión judicial y garantiza la participación argentina en el Mundial hasta junio de 2026.
• Mientras la Justicia avanza con premura sobre el fútbol, causas por enriquecimiento ilícito (Adorni), corrupción en ANDIS, la criptoestafa $Libra y la evasión fiscal del titular de ARCA avanzan a ritmo sensiblemente menor en los mismos tribunales.