El conflicto pasó de la mesa al expediente. Los dueños de un restaurante de Tandil acusaron al exarquero de Boca Carlos Fernando Navarro Montoya de haber acumulado una deuda de 10 millones de pesos durante su paso como entrenador de Santamarina. La presentación judicial, a cargo del abogado Ignacio Barrios, incluirá tickets firmados, registros de consumo y material de cámaras de seguridad.

“Estuvo un año comiendo de arriba”, sintetizaron los propietarios. Según su relato, el vínculo comenzó con un pedido de confianza: consumir y pagar más adelante. Con el correr de los meses, esa promesa derivó —siempre según la denuncia— en una cuenta impaga que se extendió en el tiempo.

Tickets firmados y una práctica habitual

El eje de la acusación está en los comprobantes. Los denunciantes aseguran contar con tickets firmados por el propio entrenador, que documentarían consumos diarios realizados por él y su cuerpo técnico.

La mecánica, sostienen, era siempre la misma:

Consumos en el local cercano al hotel donde se alojaba el plantel

Firma del comprobante como respaldo

Postergación del pago con la promesa de regularizar después

“Después arreglamos”, habría sido la frase recurrente, según el abogado.

La otra versión: responsabilidad del club

Navarro Montoya dio su explicación y desplazó el foco. Reconoció las firmas, pero las encuadró en un circuito administrativo: aseguró que servían para validar gastos que debía cubrir el club.

“Yo firmaba para que el club supiera que el consumo era mío”, planteó. Y apuntó directo a la institución: “Está claro que el club no pagó. No solo al restaurante, tampoco a nosotros”.

El exarquero agregó que mantiene un litigio con la entidad y dijo que le sorprendió la denuncia, dado el vínculo previo con los dueños del local.

Una deuda en disputa

El caso expone una trama conocida en el fútbol del ascenso: contratos informales, gastos corrientes sin respaldo claro y responsabilidades que se diluyen entre personas físicas y clubes.

Los propietarios fueron concretos: no buscan otra cosa que cobrar lo consumido. Del otro lado, la defensa intenta trasladar la obligación a la institución.