Al cumplirse dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, familiares, amigos, organizaciones sociales y vecinos convocaron a una movilización en la ciudad de Neuquén para reclamar justicia y exigir avances en la investigación.

La actividad comenzará este lunes a las 16 en el Monumento a San Martín, donde habrá intervenciones artísticas y una radio abierta. Posteriormente se leerá un documento y la marcha se dirigirá hacia la Casa de Gobierno, donde familiares de la joven podrían brindar testimonios.

El reclamo por respuestas

Antes de la movilización, la Asamblea por la Aparición con Vida de Luciana Muñoz difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta de novedades en la causa.

«Mientras continúa desaparecida, el Estado sigue sin dar respuestas a su familia y a toda la sociedad», señalaron, consignó NA.

Además, reclamaron: «Queremos que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a Luciana y desarticular las redes que hacen posible estas desapariciones».

En el mismo texto agregaron: «Seguimos denunciando la responsabilidad política del gobierno y de la Justicia neuquina por la falta de respuestas y las graves irregularidades que marcaron la investigación desde el primer día».

Una causa sin avances

Luciana Muñoz fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte.

Actualmente permanecen vigentes dos recompensas para quienes aporten información relevante: una de 10 millones de pesos ofrecida por el Gobierno Nacional y otra de 100 millones de pesos otorgada por el Gobierno provincial.

Pese a esos ofrecimientos, la investigación continúa sin avances.

El único imputado y el pase a la Justicia Federal

En la causa solo está imputado Maximiliano Avilez, exnovio de Luciana Muñoz.

La acusación en su contra es por el delito de falso testimonio, luego de que la investigación determinara que declaró no haber estado con la joven el día de su desaparición, mientras que testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron en las inmediaciones de su domicilio.

En diciembre de 2025, la investigación fue derivada a la Justicia Federal tras un pedido de la querella, que sostuvo que existían elementos para analizar el caso bajo la hipótesis de una posible trata de personas.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Lucas Yancarelli, quien declaró la incompetencia de la Justicia Provincial y ordenó el traslado del expediente al fuero federal.