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Judiciales ⚖️

Rechazan la excarcelación del marido de Píparo y seguirá detenido por atropellar a dos motociclistas

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia. Juan Ignacio Buzali está acusado del delito de «doble homicidio en grado de tentativa» y fue detenido el 8 de enero en su domicilio particular del country Grand Bell, de la localidad platense de City Bell.

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La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia. Juan Ignacio Buzali está acusado del delito de «doble homicidio en grado de tentativa» y fue detenido el 8 de enero en su domicilio particular del country Grand Bell, de la localidad platense de City Bell. Para la orden de arresto “fue clave la pericia planimétrica accidentológica y un video que demuestran que embistió a los motociclistas, desde atrás, de lleno”.

Rechazan la excarcelación del marido de la diputada Carolina Píparo. Así lo resolvió la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia, quien no hizo lugar a los pedidos de excarcelación ordinaria y extraordinaria presentados por los abogados del imputado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

«La pena en expectativa, las especiales circunstancias que rodearon al hecho y la conducta posterior asumida por Buzali, me permiten inferir que no se encuentra garantizada su sujeción al proceso», señaló la magistrada en uno de sus dos fallos de cuatro páginas cada uno.

Respecto de «la pena en expectativa», la jueza consideró que existen «peligros procesales» si Buzali (47) es excarcelado. De esta manera, el marido de Píparo seguirá detenido, imputado de doble «homicidio en grado de tentativa», el cual prevé una pena de entre cuatro y 16 años y ocho meses de prisión.

El marido de la legisladora Carolina Píparo declaró el 9 de enero ante la Justicia por más de cinco horas y admitió haber embestido con su auto a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata, aunque sostuvo que se trató de un accidente.

Mientras que los abogados de los dos jóvenes atropellados adelantaron que pedirán también la imputación de la diputada bonaerense como “coautora” por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio.

Durante una audiencia que se extendió por más de cinco horas, Buzali, que se encuentra detenido desde el viernes, fue indagado por la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, quien le imputa el delito de “doble homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años.

La fiscal Di Lorenzo, consultada acerca de la declaración indagatoria, dijo que el imputado “se ubica en el lugar, da su relato de cómo pasó y que los atropelló (a los dos jóvenes)”, aunque sobre ese punto radican las diferentes posiciones, ya que “para el Ministerio Público fue una tentativa de homicidio” y para la defensa es un hecho “culposo”.

LA INDAGATORIA

Al retirarse de los tribunales platenses tras la diligencia, la funcionaria dijo a los medios de prensa que el esposo de Píparo refirió “que no estaba alcoholizado” al momento del hecho, y al ser consultada sobre si hay elementos para sostener una posible imputación a la legisladora dijo que “por el momento no” aunque “la causa sigue investigándose (…) con testimoniales y con elementos de pruebas para agregar”.

Buzali ingresó cerca de las 9.30 a la sede judicial situada en calle 54, entre 6 y 7 de La Plata, sin hacer declaraciones a la prensa, esposado y custodiado por dos agentes policiales que lo trasladaron desde su lugar de detención en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, adonde fue nuevamente conducido tras la indagatoria.

El hombre fue detenido en su domicilio particular del country Grand Bell de la localidad platense de City Bell y según precisó una fuente cercana a la investigación, para que la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia ordenara su arresto “fue clave la pericia planimétrica accidentológica y un video que demuestran que Buzali embistió a los motociclistas desde atrás de lleno”.

Fernando Burlando, uno de los abogados que representa al imputado, dijo a la prensa que ya “realizó dos pedidos de excarcelación” y que su cliente “reconoció que había actuado mal”, que se trató de un “error” y que está “compungido y arrepentido por la situación y todo lo sucedido”.

Por su parte, los abogados de los dos jóvenes atropellados por el esposo de Píparo adelantaron que pedirán la imputación de la diputada bonaerense como “coautora” por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa.

“Estamos determinando que pudo tener algún grado de participación necesaria por lo cual podría caberle la misma imputación que a Buzali, como coautora”, dijo el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los dos atropellados.

Asimismo, el letrado agregó que “se está investigando la existencia de otros delitos cometidos por la legisladora”, por lo que aseguró que “durante la semana” realizarán “las presentaciones correspondientes”.

Sobre Buzali, De Vargas dijo que “continuará detenido y no hay posibilidad que lo excarcelen ya que los peligros procesales son manifiestos”, al considerar que “intentó fugarse del lugar del hecho abandonando a las víctimas”.

Además, “hubo mentiras en la declaración por lo cual está acreditado que pueden obstaculizar el actuar de la justicia”. El letrado también contó que recibió mensajes “intimidatorios y amenazantes” en su cuenta de Facebook y adelantó que también realizará en la semana una denuncia al respecto.

A su vez, el abogado Juan Fontana, quien junto a Rodolfo Baqué, representa al adolescente que acompañaba a Levalle, indicó que de acuerdo a las imágenes aportadas a la justicia “se ve que nunca hubo encierro” de las motos al auto, lo cual “desvirtúa lo relatado por Píparo”, por lo que consideró que “en los próximos días podría imputársela por delito de falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Fontana se refirió al cargo que ad-honorem ostenta la legisladora al frente de la Secretaría de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata, lo que, a su entender, “no se vio reflejado en el hecho”.

LA DENUNCIA DE PÍPARO

Píparo denunció haber sido asaltada por “motochorros” la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.

Según la legisladora de Juntos por el Cambio, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos “motochorros” que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes que tripulaban la moto y que quedaron heridos.

Denuncia

“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.

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El Argentino Diario-Santiago Caputo.
Fuga de Bolsonaro: qué medidas pidió la fiscal Ochoa y por qué el Gobierno cree que la causa no avanzará.

“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.

La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno

El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.

Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial

El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.

La pregunta que todavía no tiene respuesta

Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.

Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.

Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.

Lo que viene en Comodoro Py

La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.

Lo que tenés que saber:

  • En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
  • La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
  • La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
  • Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
  • La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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