Salud 🩺
Ciencia y Tecnología presentó programa de financiamiento para el cannabis medicinal
“Es un movimiento social el que puso este tema en agenda y es el Estado el que tiene que llevarlo al alcance de todas y todos», aseveró el titular de la cartera de ciencia y tecnología durante la presentación.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presentó este lunes en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), un programa para la investigación y desarrollo del cannabis medicinal, con la presencia de investigadores, referentes de asociaciones y funcionarios.
El programa financiará proyectos que buscan fortalecer e impulsar la integración del conocimiento y el desarrollo tecnológico vinculados al cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo, en las vísperas de la promulgación de la Ley 27.350 que regulará su producción en el país.
“Es un movimiento social el que puso este tema en agenda y es el Estado el que tiene que llevarlo al alcance de todas y todos», aseveró el titular de la cartera de ciencia y tecnología durante la presentación.
Y añadió que “lo que viene a dar la ciencia son los argumentos científicos para poder legitimar estas demandas”, ya que sin ciencia “no hay más que un debate desde el sentido común”.
Asimismo, Filmus resaltó la importancia de que este desarrollo científico esté orientado a “resolver los problemas de la gente” y también los del aparato productivo, al ser una industria con capacidad para “generar producción y trabajo y eso es lo que nos permite tener un país con menor desigualdad y mayor desarrollo”.
“Esto plantea a su vez mayor autonomía en la toma de decisiones contra los poderes establecidos”, aseguró.
El programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis financiará 250 millones de pesos a propuestas que contribuyan “a la construcción y aplicación de políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal y la industria del cáñamo”, indicaron.
“El Ministerio tiene entre sus objetivos dar respuesta a estas demandas, promoviendo el impacto local, provincial y nacional, de carácter federal, que permita, a su vez, generar nuevas oportunidades de empleo”, añadió el titular de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, Pablo Núñez, de quien estuvo a cargo el proyecto.
La presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi aseguró por su parte que durante todos estos años «había prejuicios e ignorancia, no es que no había evidencia científica» para avanzar en la regulación del cannabis.
En ese marco, celebró la “decisión política del Gobierno nacional de tomar el uso del cannabis en medicina como un derecho humano”. En tanto, Valeria Salech, fundadora de la organización Mamá Cultiva, celebró los avances en el camino hacia «una sociedad mejor, con más salud y mejor calidad de vida».
Frente a los argumentos que apuntan a que «no hay evidencia científica», Salech aseguró que «nuestros cuerpos y los de nuestros hijos son la evidencia» de los beneficios del cannabis.
Durante la presentación, la referente recordó que desde mucho tiempo antes de la ley, y aún bajo la prohibición del uso de cannabis, «muchos investigadores nos vienen acompañando desde la clandestinidad, poniendo en riesgo sus carreras en función de acompañar a la sociedad en esto que veníamos reclamando».
En ese marco, destacó la construcción de saberes conjuntos que se viene desarrollando y que fueron «sosteniendo el uso de la planta» a lo largo de los años.
Entre otros expositores, los investigadores del Conicet Carla Arizio y Darío Andrinolo, y el ingeniero agrónomo Daniel Sorlino, remarcaron también el trabajo mancomunado entre los organismos públicos de investigación y la sociedad civil y celebraron esta línea de financiación estatal.
«Durante estos años no ha habido ningún desarrollo agronómico ni posibilidad de investigación en Argentina por esta prohibición que está llegando a su fin», expresó Sorlino y alentó «las investigaciones que vendrán».
Por su parte, la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Carolina Gaillard, aseguró que se trata de «una decisión política muy importante del presidente Alberto Fernández y el ministro de Ciencia y Tecnología de disponer recursos concretos para promover la investigación en cannabis», para así tener «mayor evidencia científica y conocer mejor los muchos beneficios medicinales y terapéuticos».
«Siempre hubo trabas para investigar. Hoy hay una decisión de que el cannabis sea política de Estado», añadió Gaillard.
Por su parte, la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mara Brawer subrayó las oportunidades productivas que supone la industria del cáñamo, a partir del cual «se hacen 25 mil productos en el mundo», entre los que mencionó biocombustibles, solventes, pinturas, autopartes, materiales de construcción y juguetes.
«Es una industria que está naciendo en Argentina y que terminará de hacerlo cuando aprobemos en el Congreso la ley de cannabis y cáñamo medicinal», aseguró Brawer.
«Necesitamos la ley pero también el conocimiento y el desarrollo científico tecnológico para que esta nueva industria tenga las herramientas para no necesitar importar el conocimiento desde afuera y generar nuestra industria. Eso es soberanía», expresó la diputada.
El “Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis” posee modalidad de ventanilla permanente y el monto máximo por proyecto no podrá superar los 10 millones de pesos.
Legislativo
Cárcel desde los 14 y criptomonedas desde los 13: la contradicción de un Estado que castiga en lugar de cuidar
El psicólogo Jorge Prado advirtió que la soledad infantil crece mientras la salud mental recibe solo el 1,4% del presupuesto de salud, contra el 10% que fija la ley. Lo dijo en la semana en que el Senado aprobó la reforma que, según su lectura, patologiza el malestar social “para responder a intereses corporativos”.
La ley vigente obliga a destinar el 10% del presupuesto de salud a la salud mental, pero en los hechos solo se ejecuta el 1,4%. La cifra la aportó el psicólogo Jorge Prado, que además alertó sobre una generación de chicos aislados frente a una pantalla mientras el Estado discute cambiar la norma que los protege.
Prado es psicólogo y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y autor del libro “Una tablet al final del arcoíris”, un trabajo que reúne experiencias clínicas, territoriales y educativas sobre el cuidado de infancias y adolescencias. Sus advertencias llegan en un momento sensible: el Senado aprobó en la madrugada del viernes 30 de octubre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, impulsada por el Poder Ejecutivo de Javier Milei, y la giró a la Cámara de Diputados. El proyecto reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias por el de riesgo grave de daño, con la firma de dos profesionales.
La pantalla como “contrato” entre adultos desbordados y chicos aislados
Según explicó Prado, el libro analiza cómo el juego se desplazó a las redes sociales y qué sufrimientos de época aparecen en ese cambio: consumos digitales, violencia como espectáculo, abuso de diagnósticos y uso de la inteligencia artificial como refugio. El título remite a la metáfora irlandesa del caldero de oro al final del arcoíris: la tecnología condensa la promesa de éxito y pertenencia, pero es un mito, porque al final del arcoíris nunca se llega.
El especialista describió a la tablet como parte de un contrato implícito entre adultos y niños: los cuidadores, desbordados de obligaciones, entregan la pantalla a cambio de tiempo para trabajar o resolver urgencias. Muchos padres la perciben como una opción más segura que la calle frente a los temores de inseguridad. El resultado, advirtió, es una extrema soledad, con horas y horas de chicos aislados.
De “padecimiento subjetivo” a “trastorno mental”: un cambio de términos que no es menor
Para Prado, la diferencia entre ambos conceptos es sutil pero alarmante. La norma vigente habla de “padecimiento subjetivo”, una categoría que contempla el sufrimiento derivado de contextos sociales o económicos, como el desempleo familiar o la violencia. Si la ley pasara a nombrar únicamente “trastornos mentales”, sostuvo, la atención quedaría reducida a quienes tengan un diagnóstico psicopatológico individual.
En su análisis, ese giro responde a la mercantilización de la salud y beneficia a corporaciones farmacéuticas que buscan dar respuestas medicamentosas a sufrimientos que, según planteó, son sociales e institucionales.
Internaciones más flexibles y teleconsulta ante un brote psicótico
Sobre las internaciones involuntarias, Prado recordó que la ley actual las permite ante un “riesgo cierto e inminente” y que ese criterio funciona como un marco de derechos humanos para evitar abusos. Flexibilizarlo a un riesgo “grave”, advirtió, vuelve las internaciones arbitrarias o preventivas.
También cuestionó que, ante la escasez de psiquiatras, la reforma habilite la evaluación virtual de pacientes en brote psicótico por teleconsulta, algo que calificó como un enorme peligro clínico. Todo ocurre, remarcó, en un sistema al que se le exige el 10% del presupuesto de salud pero que ejecuta el 1,4%.
Castigo para los chicos, criptomonedas para los de 13
Frente a episodios de violencia o manipulación digital en escuelas, Prado describió una “desafectización”: la realidad toma tono de ficción en las redes, pero las consecuencias emocionales son reales. La respuesta adulta, según dijo, suele centrarse en el señalamiento punitivo.
El psicólogo marcó una contradicción: se promueve la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años bajo amenaza de cárcel y, al mismo tiempo, se aprueban normas para que chicos de 13 años puedan invertir en criptomonedas. El Estado les ofrece herramientas financieras complejas y tentadoras, pero responde con castigo cuando aparecen los problemas, en lugar de financiar dispositivos comunitarios y espacios de escucha.
Lo que tenés que saber:
- La ley de Salud Mental exige destinar el 10% del presupuesto de salud al área, pero según Jorge Prado solo se ejecuta el 1,4%.
- El Senado aprobó el 30 de octubre la reforma de la Ley 26.657 y la giró a Diputados.
- El proyecto cambia el “riesgo cierto e inminente” por un riesgo grave de daño para las internaciones involuntarias.
- Prado advirtió que reemplazar “padecimiento subjetivo” por “trastorno mental” deja afuera el sufrimiento de origen social.
- El psicólogo cuestionó que se baje la edad de imputabilidad a 14 años mientras se habilita a chicos de 13 a invertir en criptomonedas.
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