El ministro de Economía, Luis Caputo, se permitió este miércoles una frase que difícilmente hubiera firmado el presidente Javier Milei: «Esto es un acto de justicia social», dijo al presentar un programa de créditos hipotecarios financiado con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La expresión no fue un accidente: fue el eje de la conferencia de prensa que Caputo ofreció en el microcine del Palacio de Hacienda, donde detalló las condiciones de una iniciativa que, según el propio ministro, beneficiaría a no más de 18.000 familias.

El lenguaje que Milei prohíbe, puesto en boca de su ministro

La contradicción es de manual. Milei dedicó buena parte de su carrera política y académica a atacar el concepto de justicia social, al que calificó en reiteradas oportunidades de «aberración», de «trampa semántica» y de instrumento de los «zurdos» para justificar el saqueo. Sin embargo, su ministro de Economía empleó exactamente esas palabras para defender una medida que moviliza fondos previsionales del Estado para subsidiar el fondeo de los bancos privados. La ironía es tan evidente que el propio Caputo pareció consciente de ella: no hubo una sola aclaración sobre la contradicción ideológica que encerraba el enunciado.

Cómo funciona el programa y a quién alcanza

El esquema es técnicamente sencillo: el FGS depositará recursos en los bancos privados mediante licitaciones de hasta 200.000 millones de pesos cada una, con plazos de uno a cinco años. Los bancos usarán ese fondeo para otorgar créditos hipotecarios, asumiendo ellos el riesgo crediticio. El monto total del programa asciende a 2 billones de pesos. Caputo fijó un techo de UVA + 7,5% como tasa máxima para los préstamos finales, un valor que, dependiendo de la evolución de la inflación, puede representar un costo financiero total elevado para las familias.

Los créditos serán exclusivamente para la compra de una primera vivienda, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito. El ingreso neto familiar requerido rondará los tres millones y medio de pesos, un umbral que, en el contexto de una economía donde casi el 50% de los trabajadores están en la informalidad según el propio ministro admitió en la conferencia, deja afuera por definición a la mitad de la fuerza laboral del país.

El efecto multiplicador prometido y sus límites

Caputo prometió que la medida tendrá «un efecto multiplicador en la economía» y sostuvo que puede ayudar a encauzar hacia la formalidad a quienes hoy trabajan sin registro. Ambas afirmaciones merecen ser puestas en perspectiva. El efecto multiplicador depende de que los créditos efectivamente se otorguen y se conviertan en construcción o compraventa de inmuebles; pero el mercado hipotecario viene cayendo de manera sostenida, con una baja del 42% en las altas hipotecarias durante el primer semestre de 2026. El argumento sobre la formalización, por su parte, es más un deseo que un mecanismo: ningún crédito hipotecario convierte en formal a un trabajador informal, sino que precisamente lo excluye del sistema por no poder demostrar ingresos.

El ministro también insistió en el relato oficial sobre la economía. «El escenario que intenta vender la oposición es opuesto a lo que está ocurriendo», sostuvo, y aseguró que «es la primera vez que estamos mejorando como país». La afirmación convive con datos que el propio INDEC publica: la Canasta Básica Alimentaria creció un 32,8% interanual a marzo de 2026 y los recortes acumulados en programas sociales desde diciembre de 2023 superan el 61%.

Fondos previsionales al servicio de la banca privada

El FGS es el fondo que administra los recursos previsionales de los trabajadores y jubilados argentinos, heredero del sistema de AFJP estatizadas en 2008 bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Su destino original es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. Utilizarlo para otorgar fondeo a los bancos privados es una operación que no tiene precedentes en los términos planteados: la diferencia con los créditos ANSES que el propio Milei suspendió mediante el Decreto 1039/2024 es que ahora el riesgo no lo corre el fondo sino los bancos; pero el capital que financia el negocio sigue siendo el de los jubilados. Caputo lo reconoció sin eufemismos: «La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos». Traducido: el Estado pone el dinero, el sector privado se queda con el negocio.

Puntos clave

• Caputo usó la expresión «justicia social», que Milei calificó históricamente de «aberración».
• El programa alcanzaría a no más de 18.000 familias, con tasa máxima de UVA + 7,5% e ingreso neto familiar requerido de $3,5 millones.
• El monto total asciende a 2 billones de pesos, adjudicados mediante licitaciones de hasta 200.000 millones cada una.
• Los créditos son exclusivamente para primera vivienda, plazo mínimo de 15 años y tope de 150.000 UVA por préstamo.
• El propio ministro admitió que casi el 50% de los trabajadores son informales, lo que los excluye automáticamente del programa.