Por Emilia Trabucco*

 La reciente ratificación del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria por parte de la Cámara de Diputados, en un clima marcado por represión y violencia, ha encendido una vez más el debate sobre el rumbo económico y social que está tomando la Argentina bajo la administración de Javier Milei. 

La decisión del gobierno se impuso con 153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones, asegurando un ajuste que afecta directamente a les jubilades y pensionades, uno de los sectores más vulnerados del país.

La jornada del miércoles estuvo marcada por el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, que dispersaron con gases lacrimógenos a manifestantes, incluyendo infancias y adultos mayores, en las afueras del Congreso de la Nación.

El veto de Milei se inscribe en un contexto de ajuste fiscal que el propio presidente ha defendido públicamente como necesario para evitar un colapso económico. Sin embargo, este argumento parece colisionar con la decisión del Ejecutivo de avanzar con políticas que benefician a los sectores más concentrados de la economía, como la eliminación de las retenciones y otros impuestos al agro, anunciada durante su discurso en la inauguración de la Sociedad Rural en Palermo. No todos pierden.

En contraste, los sectores populares, y especialmente les jubilades, se ven empujados a soportar el costo de las políticas de ajuste, lo que profundiza aún más la desigualdad social en un país donde más del 60% de les trabajadores están en condiciones de informalidad y el índice de pobreza ha alcanzado el 52%.

El apoyo decisivo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) resultó crucial para asegurar la victoria del oficialismo en esta votación: en la previa, un grupo de cinco diputados radicales -Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi- se fotografió junto al presidente en la Casa Rosada, dejando en claro que votarían en contra del proyecto que ellos mismos habían presentado y aprobado en junio. Esta jugada política refleja no solo la fragmentación interna dentro de la oposición, sino también la precariedad del consenso político frente a una agenda que promueve el ajuste de los sectores más desfavorecidos, mientras reduce la carga fiscal sobre los grandes capitales.

Tras la victoria legislativa, Javier Milei anunció que agasajará con un asado a los diputados que fueron claves para la aprobación del veto, calificándolos públicamente como “héroes” por contribuir a salvar al país del colapso fiscal.  Cristina lo expresó claramente en su discurso en la Universidad Nacional del Oeste: “a esos 5 radicales les compraron el voto. La casta de la que Milei hablaba es la casta con la que pudo joder a los jubilados”. Los legisladores fueron celebrados por su obediencia a un proyecto económico antipopular, traicionando el mandato por el cual llegaron a ocupar las bancas y poniendo en evidencia cómo el poder ejecutivo busca consolidar una mayoría parlamentaria a través de la cooptación y el elogio de quienes renuncian a sus compromisos con las mayorías, que quedan así expulsadas del escenario legislativo, con la organización y la calle como única herramienta de defensa de sus intereses. 

Las manifestaciones de repudio frente al Congreso fueron una expresión del creciente descontento social frente a un gobierno que ha mostrado  el uso de la represión como herramienta política. La escena de jubilades y manifestantes, periodistas y dos menores reprimidos con gases lacrimógenos y bastonazos evoca las peores imágenes de la historia reciente del país, y no es casual que la propia Cristina Fernández de Kirchner haya señalado este hecho como un síntoma de lo que considera la deriva autoritaria del gobierno. 

«¿De qué equilibrio fiscal hablamos cuando se reducen los impuestos a los más ricos y se ajusta a los jubilados?», fue una de las preguntas retóricas que lanzó Cristina en su discurso. La ex presidenta subrayó las contradicciones de un modelo que excluye a las mayorías trabajadoras mientras favorece a una minoría privilegiada. 

En su análisis, no sólo denunció el ajuste fiscal, sino que también advirtió sobre las graves consecuencias sociales de un país donde el 60% de les trabajadores se encuentran en la informalidad y les trabajadores formales apenas logran cubrir sus necesidades básicas, expresión de una crisis estructural que se agrava con cada medida de ajuste que toma el Ejecutivo.

Cristina también planteó la necesidad de repensar el mundo del trabajo en un contexto de transformación global:  «¿Qué fue el peronismo? Hacerse cargo de las nuevas demandas que había ya por el ’45. No podemos quedar atados a esas demandas, el mundo cambió y tenemos nuevas demandas. Y nadie se tiene que sentir ofendido, al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina».

Destacó así la importancia de poder realizar un análisis de fondo y llamó a la unidad de las fuerzas populares para volver a representar a las mayorías trabajadoras y resistir lo que ella considera un embate neoliberal que busca «el exterminio del otro», es decir, la anulación de cualquier forma de oposición al proyecto político en posición de gobierno.

La apología de la violencia que Milei ha manifestado en diversas ocasiones no es un detalle menor en este análisis. Desde sus publicaciones en redes sociales hasta sus declaraciones en medios, el presidente ha dejado claro que considera la represión y el uso de la fuerza como herramientas válidas para imponer el orden. Esto se ha visto reflejado en la creciente militarización de las protestas sociales y en la violenta respuesta del Estado frente a cualquier intento de movilización popular. No es casual que las fuerzas de seguridad conducidas por Patricia Bullrich, hayan actuado con tal violencia contra manifestantes que reclamaban por derechos básicos, como un aumento de miseria en las jubilaciones (8,1% que equivalía aproximadamente a $13000).

En conclusión, el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, sumado a la inminente negativa del presidente a promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobado el pasado jueves en el Senado de la Nación (un aumento que supone el 0,16% del PBI, equivalente a la quita de impuestos a Bienes Personales), se inscribe en un proyecto económico que dice priorizar el equilibrio fiscal por sobre los derechos sociales, y que solo favorece a los sectores más concentrados de la economía.

El discurso de Milei en la Sociedad Rural -donde reafirmó su compromiso de eliminar las retenciones al agro-, y las expresiones de Cristina Fernández de Kirchner -donde denunció la inviabilidad de este modelo-, marcan dos visiones opuestas sobre el futuro del país. Lo que está en juego no es solo el ajuste fiscal, sino una visión de sociedad: una donde las mayorías trabajadoras sean protagonistas o una donde el poder económico siga concentrado en manos de unos pocos.

A pesar del clima represivo, las organizaciones sociales y políticas continúan movilizándose. La reciente concentración frente al Congreso en defensa del financiamiento universitario, y las manifestaciones contra el veto a la ley jubilatoria, son ejemplos de la voluntad popular de resistir. Aunque Milei busque eliminar cualquier expresión de oposición, la calle sigue siendo un espacio de lucha y resistencia para quienes ven en las políticas del gobierno una amenaza directa a su subsistencia.

En definitiva, la contradicción entre el ajuste contra las mayorías y los privilegios  para los sectores concentrados de la economía es la que determina el escenario político argentino. Las movilizaciones populares son una respuesta clara a un gobierno que está profundizando la brecha entre ricos y pobres. El futuro de las mayorías trabajadores depende de su capacidad de organización frente a un modelo que, como advierte Cristina, busca la anulación de cualquier oposición y el exterminio del otro.

*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.