*Emilia Trabucco

Se espera que la votación sea reñida, con la oposición intentando alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar el veto, aunque algunos sectores consideran poco probable que logren ese objetivo debido a las divisiones internas y las intensas negociaciones que lleva adelante el gobierno nacional para buscar sus “nuevos héroes”, diputados dispuestos a cambiar su voto y darle la victoria como sucedió con la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El veto, impulsado por el presidente Javier Milei, ha sido uno de los puntos más controvertidos de su gestión, afectando directamente el financiamiento de las universidades públicas. Si se promulgara la ley, garantizaría un aumento de presupuesto para las universidades y una recomposición salarial acorde con la inflación para les trabajadores del sistema universitario. Sin embargo, Milei, amparado en su política de “equilibrio fiscal», ha decidido bloquear la medida, argumentando que «la educación pública ha sido un foco de gasto insostenible».

El impacto de la votación y la proyección en el Congreso

La votación se espera con gran incertidumbre. Mientras el oficialismo apuesta por mantener el veto, dentro del PRO han surgido fisuras, con algunos legisladores anticipando su voto en contra del presidente. Un diputado del PRO señaló en una entrevista que no apoyará el veto porque «la educación no puede quedar rehén de disputas fiscales». Sin embargo, las posibilidades de que la oposición consiga los dos tercios necesarios para rechazar el veto se ven limitadas por la falta de un acuerdo pleno dentro de las bancadas opositoras .

En el trasfondo de este debate, el asesor presidencial, Santiago Caputo, se reunió recientemente con el expresidente Mauricio Macri para discutir la situación. En esa reunión, Macri le habría entregado a Caputo una lista de «facturas pendientes» relacionadas con la gestión económica y política del gobierno de Milei, lo que ha encendido aún más las especulaciones sobre posibles desacuerdos dentro del PRO. La reunión de Macri con Caputo parece indicar un esfuerzo por consolidar el apoyo de su partido al veto, aunque las fisuras internas complican esta tarea.

Por otro lado, el ministro de Economía Luis Caputo ha sido contundente en sus advertencias: si el Congreso rechaza el veto, el gobierno recurrirá a la Justicia para bloquear la ley. Según el ministro, «el presupuesto universitario es una muestra del despilfarro kirchnerista», y está dispuesto a llevar la disputa hasta las últimas consecuencias legales.

Resulta necesario remarcar que el problema de fondo se encuentra en el Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo, que prevé un recorte brutal sobre las universidades, pero también para sectores claves como la salud, los subsidios a los servicios básicos, las jubilaciones y el funcionamiento Estatal, lo que supone una profundización de la destrucción de las políticas públicas y la imposibilidad de millones de argentines de sostener sus condiciones mínimas de existencia.

La Marcha Federal Universitaria: una expresión masiva de rechazo

La votación en el Congreso se da en medio de un creciente malestar social. La semana pasada, miles de personas participaron en la Marcha Federal Universitaria en todo el país. Aunque la movilización se centró en el repudio al veto presidencial que ya estaba anunciado en la previa del 2 de octubre, y el deterioro general de las condiciones de trabajo y estudio en las universidades públicas, también fue iniciativa que sumó reclamos de jubilades y trabajadores de distintos sectores.

El documento leído por los organizadores fue claro: “El acceso irrestricto a la universidad está amenazado por la crisis económica y social, lo que afecta particularmente a los sectores más vulnerables». La marcha contó con la presencia de figuras políticas como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien afirmó que “la defensa de la educación pública es parte de nuestra identidad como país y no permitiremos que se desmantele por políticas de ajuste”.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también expresó su apoyo a la causa a través de sus redes sociales:  «Defender la universidad pública es defender nuestro futuro». Se mostró en el balcón del Instituto Patria el día de la marcha saludando a quienes se movilizaban, hecho que desató una campaña desde las granjas de troll manejadas por el gobierno en su contra. Desde La Libertad Avanza, Milei y su equipo continúan argumentando que el financiamiento universitario debe ser revisado desde una “perspectiva de eficiencia» y que «la universidad pública no puede seguir siendo subsidiada sin resultados».

El conflicto por el veto universitario ha demostrado ser mucho más que una disputa por el presupuesto. Ha puesto en juego visiones opuestas sobre el rol del Estado en la educación, el futuro de las universidades públicas en Argentina y la disputa por la puja distributiva entre los poderes concentrados y las mayorías trabajadoras, las únicas que pagan hoy las consecuencias del ajuste. Mientras el gobierno se aferra a una agenda de ajuste fiscal, amplios sectores de la sociedad ven en la educación pública una herramienta innegociable para la movilidad social y el desarrollo del país.

La decisión que tome el Congreso esta semana no solo determinará el destino de la ley de financiamiento universitario, sino también el rumbo de la educación pública en Argentina y la posibilidad de defender uno de los grandes derechos conquistados. Ello en un contexto de crisis económica, donde la brecha social se amplía cada vez más, el acceso a una educación gratuita y de calidad se ha convertido en una de las principales demandas frente a la cual la sociedad argentina se moviliza masivamente.

*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU