La Cámara Federal porteña rechazó hoy conceder la apelación ante Casación Penal contra la decisión de apartar al juez federal Sebastián Casanello de la causa por el llamado «protocolo antipiquetes» implementado desde el Gobierno nacional.

El juez Eduardo Farah de la sala II de la Cámara Federal rechazó la apelación y dispuso que el expediente se devuelva al juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, según la resolución.

La apelación fue impulsada por la diputada porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro para que el máximo tribunal penal federal del país revise la decisión de declarar incompetente a ese fuero para tramitar una acción de habeas corpus que pide suspender la aplicación del protocolo.

«El recurso es formalmente improcedente», concluyó el camarista Farah al rechazar enviar el expediente judicial para su revisión en Casación.

El procedimiento de habeas corpus «no contempla la posibilidad de recurso alguno contra una cuestión como la que se intenta someter a conocimiento de la Cámara de Casación», agregó.

Además, el juez afirmó que «las resoluciones en torno a cuestiones de competencia no revisten el carácter de sentencias definitivas ni de fallos equiparables a ellas, sin que dicha ausencia pueda suplirse con la invocación de un supuesto de arbitrariedad o desconocimiento de garantías constitucionales».

Antes de la decisión de la Cámara Federal de no aceptar la competencia de ese fuero, Casanello había dado curso al trámite de un «habeas corpus» donde se reclamaba suspender la aplicación del Protocolo hasta que hubiera sentencia definitiva en el reclamo por la inconstitucionalidad de su aplicación.

De hecho el magistrado había realizado ya una primera audiencia para escuchar los argumentos de todas las partes y tenía prevista una segunda que no se hizo porque ese mismo día la Cámara decretó su incompetencia.

En la apelación que no fue concedida, se pedía a Casación que «declare la competencia de la justicia federal para intervenir en esta causa».

También que «se dé trámite a la acción de habeas corpus y se tornen operativas las protecciones de derechos constitucionales que son materia de reclamo».

La semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó en un posteo en red social X (antes Twitter) que el protocolo «sigue vigente» luego que Farah revocó la decisión de Casanello de ratificar competencia para llevar adelante la causa.

También se dispuso «no aceptar» la decisión del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, que había declinado la competencia y enviado el caso a Comodoro Py y devolverle la causa «en forma urgente», al hacer lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Si no se comparte lo resuelto en el juzgado 28, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, por ser el «superior común» entre ambos fueros.