CABA
En apoyo al Gobierno, gobernadores presentaron reclamos a la Corte
El Gobierno nacional realizó una presentación ante la Corte Suprema para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.
Un grupo de gobernadores peronistas realizó este miércoles presentaciones individuales ante la Corte Suprema de Justicia para que sean escuchados sus reclamos, en respaldo a la efectuada ayer por el Gobierno nacional para que se suspenda los efectos del fallo que ordenó al Estado nacional un aumento en la mesa coparticipable en favor de la ciudad de Buenos Aires.
Con fuertes críticas a la ciudad de Buenos Aires y pronunciamientos en favor del federalismo, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) informaron en sus cuentas de Twitter que realizaron presentaciones ante el máximo tribunal.
Ayer, el Gobierno nacional realizó una presentación ante la Corte Suprema para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.
A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
«La Corte, con una medida cautelar política, infundada y arbitraria, ha beneficiado al distrito más rico de la Argentina, disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas. Reiteramos una vez más nuestro derecho a ser oídos para manifestar la voz de 17 millones de bonaerenses y expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado nacional», afirmó hoy Kicillof en su cuenta de la red social.
En ese sentido, el gobernador bonaerense indicó: «Necesitamos terminar con estas desigualdades y con los fallos arbitrarios del partido judicial» y recordó que «es la tercera vez que nos presentamos, pero la Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al jefe de Gobierno de la Ciudad», Horacio Rodríguez Larreta.
Por su parte, el santiagueño Zamora informó que el Fiscal de Estado de la provincia «realizó hoy una nueva presentación ante la CSJN en la causa s/acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por CABA, esperando ser escuchados en nuestra posición, y adhiriéndonos al recurso de revocatoria Interpuesto la Nación».
Según explicó el fiscal de Estado santiagueño, Raúl Abate, se trata de un pedido para que se los reciba como ‘amicus curiae’ (amigos del tribunal), al que se sumaron también otras provincias.
En la nueva presentación, «se hace un análisis del fallo sobre todo en la parte que decía que no afectaba a las provincias, estableciendo cuales son los puntos que perjudican a las provincias», indicó el fiscal.
«Además formulamos nuestra adhesión a lo planteado por el procurador del Tesoro de la Nación de recusar a los miembros de la Corte y pedir la revocatoria in extreme de este fallo», comentó Abate.
A su turno, la santacruceña Alicia Kirchner informó que «en sintonía con los planteos realizados por parte del Ejecutivo Nacional, la provincia de Santa Cruz formalizó en el día de hoy su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el injusto otorgamiento de fondos a la Ciudad de Buenos Aires».
Al respecto, consideró que «defender la equidad en la distribución de los fondos es también defender la democracia».
«Santa Cruz y todas las provincias merecemos el mismo trato ante la ley. Somos un país Federal», remarcó.
En tanto, el gobernador Jalil anunció que «en defensa de los intereses de nuestra provincia el Fiscal de Estado realizó esta mañana una nueva presentación ante la CSJN en la causa iniciada por CABA a los fines que el máximo tribunal de la Nación escuche nuestra posición, en la cual además nos adherimos a los fundamentos interpuestos por la Nación».
En esta línea, el mandatario catamarqueño indicó que la posición es «en defensa del federalismo y de la distribución racional de recursos para que el crecimiento de nuestra Nación sea armónica y no se centralice en una sola ciudad».
Al igual que otros mandatarios peronistas, Insfrán sostuvo que la provincia «reiteró su pedido de ser oída y tener participación en la causa sobre el injusto incremento de fondos de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires».
En ese marco, el gobernador formoseño sostuvo que «la medida cautelar dispuesta recientemente por la Corte aumenta el porcentaje de coparticipación para el distrito más rico del país generando un daño real y concreto a las 23 provincias puesto que ello afectará inexorablemente la financiación de importantes obras de infraestructura que se realizan con fondos federales en nuestros territorios».
Para Capitanich, «lo real y cierto es que el Estado nacional utiliza el dinero de la coparticipación para hacer frente a su organización y servicios a cargo, mientras que el resto lo destina a realizar obras y brindar servicios en las provincias».
«En la medida que disminuyen los fondos del Estado Nacional en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires menos disponibilidades tendrá aquel para coadyuvar al desenvolvimiento de los estados provinciales», apuntó.
Capitanich aseguró que «de la lectura del fallo -de la Corte- no se advierte que tenga basamento en una consideración científica. Sí en cambio está probado que con ello se está perjudicando al Estado Nacional y por ende a las provincias».
Con sus presentaciones, los mandatarios respaldaron las efectuadas ayer por el gobierno nacional.
La diligencia judicial se produjo el mismo día en que el Gobierno nacional oficializó su decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires, mientras la gestión porteña presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.
Este panorama de conflicto entre Nación y Ciudad, que también incluye a la mayoría de los gobernadores que están a favor de la postura del Ejecutivo Nacional, fue producto de una decisión de la Nación en 2020 de reasignar parte de los fondos otorgados a la órbita porteña por el expresidente Mauricio Macri en concepto del traspaso de la Policía Federal en 2016, por considerarlos «excesivos».
Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5%y por la misma vía el presidente Fernández la redujo al 2,3%, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina.
CABA
Jorge Macri suma “operativos médicos” y controles a docentes y los gremios denuncian persecución
Una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño convoca a docentes sin apto psicofísico a evaluaciones médicas completas. UTE y Ademys advierten que la medida se suma al rechazo de licencias y al presentismo forzoso, en un gremio donde más del 80% son mujeres.
De 2.591 revisiones de licencias médicas realizadas en 2025, el Gobierno porteño tuvo que admitir que 1.843 habían sido rechazadas por error, según datos oficiales. Ese es el telón de fondo con el que los docentes de la Ciudad de Buenos Aires reciben ahora una nueva convocatoria: dos operativos de evaluación médica que los gremios leen como otra herramienta de presión sobre quienes enseñan.
La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de la gestión de Jorge Macri, dará inicio a dos operativos de evaluación médica dirigidos a docentes de establecimientos de gestión estatal, según una resolución ministerial enviada a todos los docentes porteños. El documento sostiene que el propósito es facilitar la regularización de los aptos médicos psicofísicos pendientes y promover la detección temprana de posibles afecciones. La medida alcanza a quienes, de acuerdo con los registros disponibles, no cuentan con el apto correspondiente, y serán convocados a una evaluación médica completa mediante turnos individuales.
Prevención o control: la duda de los gremios
Desde los sindicatos docentes coinciden en que los operativos no constituyen una política de prevención sino otro acto persecutorio contra los trabajadores de la educación. Su argumento se apoya en las restricciones que, según denuncian, el Gobierno porteño aplica de manera sostenida para el acceso a las licencias médicas.
Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE, de la CTERA), expresó su preocupación por el contexto en que se implementan los operativos: “una política del Gobierno de la Ciudad que viene avanzando sobre los derechos de las y los docentes en materia de salud laboral con el levantamiento de tareas pasivas y el rechazo de licencias médicas”. El dirigente se preguntó si se trata de una verdadera política de cuidado de la salud o de “nuevas herramientas de control sobre las condiciones laborales de los trabajadores”.
“El Estado debe garantizar políticas integrales de salud laboral pero estas políticas no pueden convertirse en mecanismos para restringir derechos, desconocer indicaciones médicas ni poner en riesgo la estabilidad laboral”, sostuvo Francisco, y agregó que la salud de quienes enseñan exige respetar las licencias, garantizar las tareas pasivas cuando corresponden y atender las condiciones de trabajo que agravan las enfermedades laborales.
Licencias en manos privadas y miles de rechazos revertidos
El reclamo gremial no surge de la nada. Las licencias médicas de la Ciudad son manejadas por una empresa privada, DIENTS, que el año pasado cobró más de $7.000 millones y que fue denunciada por administración fraudulenta. Los números oficiales indican que, de las 2.591 revisiones de 2025, el Gobierno debió reconocer que en 1.843 casos las licencias estaban mal rechazadas. Es decir, en la gran mayoría de los casos revisados el sistema había negado un derecho que luego tuvo que reconocer.
“Hipocresía total”: el planteo de Ademys
Sofía Bonder, del equipo de estudio de condiciones de trabajo de la asociación docente Ademys, calificó la medida como una hipocresía total y sostuvo que busca intimidar a los docentes con la posibilidad de perder su trabajo. Bonder enumeró un conjunto de situaciones que atraviesan los trabajadores: el descuento del presentismo, el rechazo de licencias médicas, las citaciones durante el reposo y el pedido de conectarse a un MIT mientras se está en cama con fiebre. “Ahora redobla la apuesta, revaluando de forma arbitraria a los docentes sin explicar el motivo ni tampoco el criterio, mientras aplica un régimen de presentismo forzoso”, afirmó.
La referente gremial recordó además que los docentes trabajan más de 50 horas semanales, incluido el trabajo no pago, en aulas sin recursos para la inclusión y con resistencia al cierre de grados, y subrayó que se trata de un gremio en el que más del 80% son mujeres. Según una encuesta que Ademys realizó en 2025, más del 75% del personal docente no se tomó licencia durante el año por miedo a que se la rechazaran.
A ese panorama Bonder sumó el estado de la obra social, que describió como totalmente vaciada, con más del 70% de los docentes obligado a recurrir a la atención médica privada. “Alertamos que esta medida puede ser persecutoria para reforzar este disciplinamiento”, concluyó.
Una política de cuidado que no convence a quienes la reciben
La resolución oficial habla de cuidado y prevención, pero los trabajadores a quienes está dirigida la leen desde su experiencia reciente con un esquema de licencias que, según los propios datos del Gobierno, rechazó de manera incorrecta la mayoría de los casos revisados en 2025. Mientras el Ejecutivo porteño no explique los criterios con los que se convocará a los docentes, la desconfianza gremial encuentra terreno fértil. Hasta el momento, los sindicatos señalan que la convocatoria no detalla el motivo de la nueva evaluación ni los parámetros que se aplicarán.
Lo que tenés que saber:
- El Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño lanzará dos operativos de evaluación médica para docentes de gestión estatal sin apto psicofísico registrado.
- La UTE y Ademys denuncian que la medida es persecutoria y se suma al rechazo de licencias y al presentismo forzoso.
- De 2.591 revisiones de licencias en 2025, el Gobierno admitió que 1.843 habían sido rechazadas por error, según datos oficiales.
- La empresa privada DIENTS, que administra las licencias, cobró más de $7.000 millones el año pasado y fue denunciada por administración fraudulenta.
- Una encuesta de Ademys de 2025 reveló que más del 75% de los docentes no se tomó licencia por miedo a que se la rechazaran.
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