El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra próximo a emitir una definición crucial sobre la indexación de deudas, un fallo que sentará jurisprudencia para innumerables causas comerciales. El caso central involucra a la empresa Nissan Davidson SRL contra Edesur, por un incumplimiento de contrato.

El Caso Nissan Davidson y la Restricción a la Indexación

En el litigio entre Nissan Davidson SRL, una empresa de obras e ingeniería de Quilmes, y la compañía de electricidad Edesur, los jueces dieron la razón a Nissan Davidson. Sin embargo, la indemnización originalmente fijada en dos millones de dólares estadounidenses (U$D 2.000.000) se vio reducida a cien mil dólares estadounidenses (U$D 100.000). Esta drástica diferencia se debió a la aplicación del artículo 7º de la Ley 23.928, que prohíbe la indexación de deudas en Argentina.

Esta normativa, concebida en el contexto de la estabilidad económica post-convertibilidad, continúa generando un gran número de reclamos en los tribunales de justicia comercial, dado que impide la actualización de montos en un escenario inflacionario. La búsqueda de un equilibrio en el monto indemnizatorio se presenta como un desafío significativo.

La Ley 23.928 y su Controversial Artículo 7

El contenido original del artículo 7 de la Ley 23.928 establecía que el deudor de una obligación en pesos cumplía su compromiso entregando la cantidad nominal el día del vencimiento. Asimismo, prohibía expresamente la actualización monetaria, la indexación por precios, la variación de costos o la repotenciación de deudas, sin importar su causa. Según trascendió en fuentes judiciales porteñas consultadas por este medio, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de CABA sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este artículo es inminente. Esta decisión se considera la más importante del año para el Tribunal, debido a las implicaciones que tendrá en otros debates judiciales y en la determinación de montos indemnizatorios.

La Reforma y la Apertura a la Actualización de Deudas

La Ley 25.561, que declaró la emergencia pública y modificó la Ley de Convertibilidad, derogó la prohibición de indexar deudas y la ley que la establecía. Esta modificación abrió la posibilidad de que la indexación de deudas, precios y tarifas volviera a ser legal. De hecho, desde 2024, algunos fallos judiciales comenzaron a declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928 (en su versión modificada por la 25.561) para permitir la actualización de créditos por inflación. Este es precisamente el punto central del reclamo de Nizza Davidson en su querella comercial contra Edesur, que el Tribunal Superior de Justicia de CABA deberá resolver en breve.

El Precedente de Córdoba: Un Camino Alternativo

En contraste con la situación en CABA, la Justicia de Córdoba buscó alternativas para indexar y compensar los efectos negativos de la inflación en las obligaciones de los deudores. En un reciente fallo de octubre, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó una declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexación, dictaminando que la cuestión debía resolverse conforme a la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Massolo.

El caso Massolo, surgido tras el fin de la convertibilidad en 2001, estableció la validez de la ley y la imposibilidad de introducir actualizaciones automáticas por inflación en los contratos. Sin embargo, hizo la salvedad de que los jueces pueden analizar la conveniencia de ciertos mecanismos compensatorios para evitar resultados negativos a causa de la inflación, siempre que no constituyan una indexación automática. Los magistrados cordobeses utilizaron esta jurisprudencia para resolver el caso de un cliente de una compañía de seguros que exigía el pago del valor contractual más intereses y la actualización por depreciación monetaria. El tribunal cordobés consideró necesario reconocer la actualización para evitar que los intereses resultaran negativos frente al aumento del costo de vida, condenando a la aseguradora a pagar la deuda con la actualización resultante de los índices publicados por el Banco Central, sumado a un interés del 8% desde la mora hasta el pago.

Análisis de Expertos y la Perspectiva Futura

Según el abogado cordobés Gustavo Martínez Urrutibehety, en una columna publicada en el sitio especializado en derecho El Dial, “el devenir histórico de los últimos años confirmó la premonición sobre el ineludible proceso inflacionario. Resultan insuficientes los paliativos creados para compensar la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, sin recurrir a la indexación o actualización monetaria”.

Martínez Urrutibehety también destacó que, en Córdoba, el Tribunal Superior “fijó una tasa de interés para contener la expectativa inflacionaria” en un caso de alquiler de una propiedad. El letrado explicó que esta decisión buscó resguardar el derecho de propiedad y el principio de igualdad, justificando la descalificación de las normas que impedían la indexación ante la pérdida del valor real del precio de la locación, agravada por el proceso inflacionario de los últimos años.