El juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.

La Justicia dio impulso a dos denuncias recibidas el martes por la suscripción de convenidos del Gobierno porteño para entregar la vacuna a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. Por la tarde, procedimiento judicial.

El fiscal Carlos Stornelli imputó este miércoles al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a «las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según surge del dictamen.

Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.

El magistrado también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar cuántas dosis recibió la Ciudad, cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, finalmente, a quiénes se inoculó.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid-19, pidió ser tenida como parte querellante.

Salvo apuntó a la firma de convenios entre el Gobierno porteño e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus «otorgando -dijo- privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población».

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que Salvo aseveraba que «Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general».

La denunciante había señalado que «esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal».

El fiscal presentó el requerimiento ante el juez Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.

Stornelli también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.

La postura del Gobierno porteño

Por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a «mostrar y explicar» ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad.

De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas ante la Justicia: una, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados»; y otra por la supuesta aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical».

En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, explicó que desde el Gobierno porteño se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de «que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad» a la inmunización.

«No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente», dijo el funcionario porteño.

Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos».