Dirigentes y militantes sociales, enrolados en el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), mantenía este mediodía una «ocupación pacifica» del Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la decisión oficial de despedir y «dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas» encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta.

En la protesta -que se desarrollaba en la sede del Gobierno porteño, ubicado en la avenida Martín García al 300, frente al Parque Lezama, en el bajo porteño- está prevista que a partir de las 15 los dirigentes del sector ofrezcan una conferencia de prensa.

«Seguimos con nuestra protesta con una ocupación pacífica para que reincorporen a las despedidas y si durante la tarde no obtenemos una respuesta favorable, vamos a debatir un acampe por tiempo indeterminado en Espacio Público«, adelantaron voceros del FPDS.

Los manifestantes se concentraron esta mañana desde las 10 en la esquina de la avenida Paseo Colón y Brasil, para luego marchar a Espacio Público donde denunciaron que el Gobierno porteño «quiere dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas» encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta.

Además, en un comunicado difundido por esas organizaciones, afirmaron que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Espacios Públicos de la ciudad, Clara Muzzio, y su par de Desarrollo Humano, María Migliore, «quieren despedir a 35 trabajadores que recolectan basura en la villa 21 hace ocho años».

«La decisión es dejar en la calle a 35 mujeres que hace ocho años vienen haciendo esta tarea por 39.280 pesos y despedirlas sin explicación, sin indemnización y sin reconocimiento alguno», indicaron.

También señalaron que la administración de Rodríguez Larreta «despide trabajadores de la economía popular» mientras «aumenta los gastos en publicidad para su campaña electoral».

A la vez, explicaron que las organizaciones sociales «pelearon hace ocho años para que se realizara la recolección de residuos dentro de los barrios populares» y resaltaron que «las empresas de recolección sólo recogían la basura fuera de las villas y había basurales cada vez más grandes dentro de los barrios».

En ese sentido, destacaron que «se logró que fueran trabajadores y trabajadoras de la economía popular y vecinos de los barrios los que llevaran adelante las tareas de recolección de basura, descacharreo, desmalezamiento, saneamiento, limpieza de contenedores» y apuntaron contra «las empresas» que «no querían hacer (ese trabajo) en la villas«.

En tanto, aseguraron que la decisión del Gobierno de la Ciudad «no tiene que ver con un conflicto laboral, sino político».

También denunció que «hace varios meses» son víctimas de «una grave persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza».

Romero expresó que reclaman «algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias» y completó: «Quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente».