El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este miércoles quedarse con el expediente en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri contra trabajadores del Hospital Alejandro Posadas, informaron fuentes judiciales.

El magistrado le devolvió el expediente a su colega María Eugenia Capuchetti que se lo había enviado, por segunda vez, al entender que se trata de una causa conexa aquella conocida como «Super Mario Bross», en la que se investigan maniobras de espionaje a dirigentes sindicales, políticos, sociales y hasta periodistas.

Martínez de Giorgi resolvió «no aceptar la competencia por conexidad» y, en consecuencia, «proceder a la devolución» al juzgado de Capuchetti «invitando, para el caso de no compartir el criterio aquí sustentado, elevar la contienda nuevamente a conocimiento de la Secretaría Especial de la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal».

La causa del supuesto espionaje a los trabajadores del Posadas le tocó por sorteo a la jueza Capuchetti que, en una primera instancia, se la envió a Martínez de Giorgi porque en ambos casos habría utilizado el mismo auto de la AFI para tareas de espionaje ilegal.

El juez la rechazó y, en una primera intervención, la Cámara Federal porteña confirmó que el caso debía quedarle a la jueza y que su acumulación a otro expediente era prematura.

Sin embargo, la jueza volvió a mandarle el expediente a su colega a principios de este año, luego de observar que también podía haber coincidencia en las personas que ejecutaron las maniobras, según surgía de la declaración de uno de ellos, Jorge Sáez, ante la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación.

Al rechazar la causa por segunda vez, Martínez de Giorgi sostuvo: «Se advierte entonces que, incluso de acreditarse la intervención en las maniobras de espionaje en autos por agentes que estarían también imputados en la causa FLP 14149/2020, las conductas aquí denunciadas resultan escindibles, independientes y autónomas de aquellas que están siendo investigadas respecto de la AFI en el expediente sobre el cual se postula la conexidad».

«Las conductas objeto de análisis en las alegadas causas conexas tuvieron lugar en un periodo distinto y se desplegaron en una amplia gama de jurisdicciones, pero no en torno al Hospital Nacional Posadas; lo que también hace que se diferencien», agregó.

En ese sentido, sostuvo que «el modus operandi parece ser también bien heterogéneo» y dijo que «aquí se habla de métodos de persecución como cesantías, amedrentamiento, violencia física y operaciones mediáticas, cuyas características no se relacionan con las otras causas».

En la causa del Posadas, los trabajadores nucleados en Cicop, la Asociación de Profesionales de la Salud bonaerense, reseñaron que fueron víctimas de seguimientos, colocación de cámaras, micrófonos y otro tipo de maniobras montadas desde la AFI durante el macrismo, en el centro asistencial público.

Denunciaron que durante la gestión de Macri se produjeron «despidos, ataques despiadados a la seccional de Cicop del Hospital Posadas y al Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS-CTA)» y también aseguraron que hubo una «militarización del Hospital» con «cámaras instaladas en distintos lugares de dicho establecimiento».