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CABA

El Gobierno porteño levantó la clausura del Hospital Español

La medida fue dispuesta luego de una reunión de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad con un equipo técnico del PAMI, la obra social de los jubilados, que tiene 71 mil afiliados que se atienden en ese centro asistencial.

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La medida fue dispuesta luego de una reunión de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad con un equipo técnico del PAMI, la obra social de los jubilados, que tiene 71 mil afiliados que se atienden en ese centro asistencial.

El equipo técnico de la dirección ejecutiva de PAMI, junto a autoridades del Hospital Español, se reunió con autoridades de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires (AGC) para «llegar a un acuerdo para levantar la repentina clausura que el Gobierno porteño dispuso la noche del lunes 15 de marzo» del centro asistencial que atiende a 71 mil afiliados de la obra social de los jubilados.

El Gobierno porteño levantó la clausura del Hospital Español tras una reunión de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad con un equipo técnico del PAMI, la obra social de los jubilados, que tiene 71 mil afiliados que se atienden en ese centro asistencial.

La medida fue confirmada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y por la AGC, desde donde indicaron que el área de controladores de faltas, que se expide en cuestiones de clausuras, determinó «un levantamiento provisorio para que puedan reanudar la ejecución de las prestaciones» en el hospital.

Por su parte, desde el PAMI informaron que «los integrantes del equipo técnico de la Dirección Ejecutiva junto a autoridades del Hospital Español mantuvieron una reunión con autoridades de la AGC con el objetivo de llegar a un acuerdo para levantar la repentina clausura que el Gobierno Porteño dispuso el lunes por la noche».

«Las partes acordaron la presentación de un plan de trabajo ante un controlador designado y la Ciudad se comprometió a levantar la clausura provisoria», precisaron tras el encuentro que se realizó en la sede de la AGC porteña y horas antes del anuncio oficial por parte de la administración porteña.

Según pudo saber Télam, en la reunión estuvieron presentes el gerente de Asuntos Jurídicos del PAMI, Nazareno Castro; la jefa de Gabinete, Paula Grad, en tanto que por la Ciudad participó el director ejecutivo de la AGC, Matías Lanusse.

El encuentro se dio a raíz de la clausura preventiva ordenada por el organismo de control al centro asistencial situado en Belgrano 2900, en Balvanera, tras una inspección ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 22, a cargo de Margarita Braga, la que determinó «graves fallas de seguridad» en el edificio.

La orden ejecutada ayer por el Gobierno porteño fue cuestionada por la directora del PAMI, Luana Volnovich, que acusó a la administración local de tener una «actitud casi mafiosa».

«Un espacio político que hace catorce años que gobierna esta Ciudad, de un día para el otro manda una inspección, es como diría mi mamá: casi una señal mafiosa, ‘fijate lo que hacés porque sino mira lo que te hacemos’, cerrar un hospital en pandemia es una locura», dijo la titular del PAMI en declaraciones a la prensa formuladas en la puerta del hospital.

Esta situación se produce luego de los cruces protagonizados entre el Gobierno nacional y el porteño por la modalidad con la que la ciudad de Buenos Aires lleva adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus.

La titular del PAMI viene reclamando a las autoridades porteñas que incorporen al organismo a la campaña para «garantizar el acceso equitativo y efectivo» de los afiliados a la inmunización.

En tanto, desde el PAMI informaron que durante esta mañana la obra social «debió activar rápidamente un proceso de derivación masiva a otros prestadores de la Ciudad, que se pusieron a disposición para coordinar la recepción de los pacientes».

El Hospital Español atiende a 71 mil personas afiliadas y es el mayor centro de derivación de pacientes Covid de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires y «solo para hoy, había programadas 26 cirugías, 680 turnos, 93 pacientes oncológicos, 8 pacientes para quimioterapia», indicaron.

Informaron que «las cirugías con riesgo de vida pautadas se están realizando de acuerdo a los cronogramas establecidos, al igual que el servicio de radioterapia para pacientes oncológicos. Todas las personas afiliadas que acudieron al centro de salud en situaciones de emergencia o riesgo de vida fueron atendidas en tiempo y forma».

Los servicios de ambulancia se encuentran derivados a prestadores alternativos del PAMI y al Hospital Milstein, ubicado en La Rioja 951, a donde se derivaron todas las consultas espontáneas por guardia.

Por su parte, desde la AGC indicaron que en la inspección que determinó la clausura se «pudieron comprobar graves fallas de seguridad como ser falta de luces de emergencia en todos los medios de salida, no poseer registro ni mantenimiento de las instalaciones de incendio, instalaciones eléctricas con cables expuestos y derretidos, falta de mantenimiento y registro de 12 ascensores y montacargas y termotanques».

Por la tarde, consignaron que «tras la mesa de trabajo operativa, donde PAMI y el síndico trajeron un programa y un plan de acción a la AGC para subsanar las faltas que originaron la clausura poniendo en riesgo la vida de los alojados y de personal de salud, el controlador de faltas dictaminó hacer un levantamiento provisorio para que puedan reanudar la ejecución de las prestaciones».

En declaraciones formuladas a la radio La Red, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había declarado a la mañana que la clausura «es una decisión totalmente técnica, producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar, controlar, cuidar todo, garantizar la seguridad de la gente».

Y amplió: «En ese marco, la Agencia de Control funciona en forma totalmente independiente. Yo no tengo ninguna injerencia en esas decisiones de control, y, por lo tanto, no voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con decisiones políticas».

CABA

La Legislatura porteña aprobó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad

Con 36 votos a favor y la abstención del peronismo, la Legislatura de CABA transfirió las causas individuales de trabajo al fuero local. Los juicios nuevos irán a tribunales porteños; los existentes seguirán en la Justicia Nacional hasta sentencia.

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El Argentino Diario-Legislatura porteña.
Cinco años de espera podrían convertirse en uno: la Ciudad tendrá su propia justicia laboral, si el financiamiento llega.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el convenio que transfiere las competencias de la Justicia Laboral desde la órbita nacional al fuero porteño. La iniciativa obtuvo 36 votos afirmativos, dos en contra y 20 abstenciones. El mapa político del recinto mostró a PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y otros bloques aliados votando en bloque a favor, mientras que la representación del peronismo optó por abstenerse, una señal de distancia con un esquema de traspaso que aún genera interrogantes sobre las condiciones laborales de los trabajadores judiciales involucrados y el acceso real a la justicia para los sectores más vulnerables.

Qué se transfiere y qué queda en la Nación

El convenio delimita con precisión el alcance del traspaso: la Ciudad pasará a manejar todos los juicios individuales de trabajo, es decir, las demandas de empleados contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones. En cambio, los reclamos sindicales y los conflictos colectivos continuarán tramitándose en la Justicia Nacional, una distinción que no es menor en un contexto de creciente conflictividad gremial frente a las políticas de desregulación laboral del Gobierno nacional.

Los expedientes ya abiertos seguirán en los tribunales nacionales hasta que haya sentencia definitiva. Solo los casos nuevos irán directamente a los juzgados porteños. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tendrá facultades para revisar las causas de derecho local y común, mientras que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad quedó designado como el organismo responsable de garantizar las condiciones para el funcionamiento del nuevo fuero.

Tiempos más cortos, pero condicionados al segundo acuerdo

El argumento central que esgrimieron los impulsores de la reforma fue la reducción de los plazos de resolución. Desde el sector judicial estiman que los expedientes que hoy demoran entre tres y cinco años podrían resolverse en un plazo de un año o menos. Sin embargo, para que el cambio se ponga efectivamente en marcha, el Gobierno nacional y el porteño deberán firmar un segundo acuerdo que contemple la transferencia de los fondos presupuestarios correspondientes. Una vez suscripto ese documento, comenzará a correr un plazo de 180 días para designar a los nuevos jueces, adecuar la infraestructura edilicia e implementar el sistema informático.

La dependencia de ese segundo convenio introduce una incertidumbre real sobre el cronograma. La promesa de agilización queda, por ahora, supeditada a una negociación interjurisdiccional entre la administración de Jorge Macri en la Ciudad y el Gobierno de Javier Milei, en un escenario en que las tensiones entre los distintos niveles del Estado por la distribución de recursos son moneda corriente.

La abstención peronista: una señal política

La decisión del bloque peronista de abstenerse en lugar de votar en contra no fue un gesto de indiferencia sino una lectura política deliberada. El traspaso del fuero laboral a la Ciudad no es un tema nuevo: lleva años de negociación entre la Nación y CABA y distintos intentos de avanzar en su implementación se frustraron por desacuerdos presupuestarios y resistencias sindicales del personal judicial. La abstención dejó constancia de las reservas sin obstaculizar una medida que, en términos formales, apunta a mejorar la eficiencia del sistema.

El fondo del debate, sin embargo, es más espinoso. ¿Garantizará el fuero porteño el mismo nivel de protección para los trabajadores que el fuero nacional? La pregunta no es retórica. La Ciudad de Buenos Aires administra un sistema judicial propio con sus propias lógicas y presupuestos, y la transición implicará una reconfiguración profunda de la infraestructura y la cultura institucional de los tribunales del trabajo.

Puntos clave

  • La Legislatura porteña aprobó el traspaso con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones del bloque peronista.
  • Solo se transfieren los juicios individuales (despidos, accidentes, indemnizaciones); los conflictos colectivos y sindicales quedan en la Justicia Nacional.
  • Los expedientes en curso continuarán en tribunales nacionales hasta sentencia; los nuevos irán al fuero porteño.
  • La implementación requiere un segundo acuerdo de financiamiento y un plazo de 180 días para designar jueces y adaptar la infraestructura.
  • El Consejo de la Magistratura de la Ciudad será el organismo responsable del funcionamiento del nuevo fuero.
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