El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acordaron el traspaso del Servicio Penitenciario Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida implica que la administración porteña se hará responsable del cuidado y la custodia de los detenidos por delitos no federales, consolidando la autonomía en materia de seguridad y justicia.

Avances hacia el traspaso del sistema penitenciario

El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Seguridad y reunió a funcionarios clave de ambas administraciones. Según lo acordado, la Ciudad asumirá la ejecución de penas privativas de la libertad y la custodia de personas detenidas de manera cautelar por causas de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, así como de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El traspaso busca descentralizar las competencias federales en materia penitenciaria, lo que otorgará mayor control a las autoridades locales sobre los detenidos involucrados en delitos no federales. Jorge Macri expresó su intención de trabajar en la integración de estas nuevas funciones con una perspectiva que garantice la seguridad y los derechos de las personas bajo custodia.

Encuentro con equipos técnicos y definición de tareas

Por parte de Nación, Patricia Bullrich asistió acompañada del Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. En representación de la Ciudad estuvieron presentes el jefe y el vicejefe de Gabinete, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny, así como los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.

El trabajo técnico previo será clave para establecer los protocolos de actuación y la transferencia de recursos necesarios, incluyendo infraestructura y personal. Asimismo, se busca garantizar que las instalaciones penitenciarias cumplan con estándares internacionales de derechos humanos.

Antecedentes

El traspaso de competencias penitenciarias forma parte de un proceso más amplio de autonomización de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la sanción de la Constitución porteña en 1996, se han transferido varias funciones de seguridad y justicia, incluyendo la creación de una fuerza policial propia en 2016. El control penitenciario era una de las últimas áreas aún bajo dominio exclusivo del Estado nacional.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por las condiciones en las cárceles porteñas, que ya enfrentan problemas de superpoblación y falta de recursos. Este cambio, según expertos, puede representar tanto una oportunidad para mejorar la gestión como un desafío si no se garantizan los fondos y la capacitación adecuada.