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La Ciudad de Buenos Aires asumirá el control del Servicio Penitenciario

¿Podrá Macri controlar las cárceles?

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acordaron el traspaso del Servicio Penitenciario Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida implica que la administración porteña se hará responsable del cuidado y la custodia de los detenidos por delitos no federales, consolidando la autonomía en materia de seguridad y justicia.

Avances hacia el traspaso del sistema penitenciario

El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Seguridad y reunió a funcionarios clave de ambas administraciones. Según lo acordado, la Ciudad asumirá la ejecución de penas privativas de la libertad y la custodia de personas detenidas de manera cautelar por causas de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, así como de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El traspaso busca descentralizar las competencias federales en materia penitenciaria, lo que otorgará mayor control a las autoridades locales sobre los detenidos involucrados en delitos no federales. Jorge Macri expresó su intención de trabajar en la integración de estas nuevas funciones con una perspectiva que garantice la seguridad y los derechos de las personas bajo custodia.

Encuentro con equipos técnicos y definición de tareas

Por parte de Nación, Patricia Bullrich asistió acompañada del Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. En representación de la Ciudad estuvieron presentes el jefe y el vicejefe de Gabinete, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny, así como los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.

El trabajo técnico previo será clave para establecer los protocolos de actuación y la transferencia de recursos necesarios, incluyendo infraestructura y personal. Asimismo, se busca garantizar que las instalaciones penitenciarias cumplan con estándares internacionales de derechos humanos.

Antecedentes

El traspaso de competencias penitenciarias forma parte de un proceso más amplio de autonomización de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la sanción de la Constitución porteña en 1996, se han transferido varias funciones de seguridad y justicia, incluyendo la creación de una fuerza policial propia en 2016. El control penitenciario era una de las últimas áreas aún bajo dominio exclusivo del Estado nacional.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por las condiciones en las cárceles porteñas, que ya enfrentan problemas de superpoblación y falta de recursos. Este cambio, según expertos, puede representar tanto una oportunidad para mejorar la gestión como un desafío si no se garantizan los fondos y la capacitación adecuada.

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La Justicia suspendió el desalojo de la sinagoga de Flores pero el conflicto sigue abierto

El Juzgado Civil N° 99 ordenó frenar el operativo policial horas después de su inicio. La disputa entre dos sectores de la Comunidad Israelita Ortodoxa por el templo de Helguera al 270 no tiene resolución a la vista.

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Operativo suspendido, templo en disputa: el choque judicial que divide a la comunidad judía en Flores.

La Justicia dio marcha atrás. El operativo de desalojo que se desarrollaba este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores quedó suspendido por orden del propio tribunal que lo había dispuesto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida Pons, emitió la medida de frenado horas después de que la Policía de la Ciudad comenzara a ejecutar la resolución en el inmueble de la calle Helguera al 270 (expediente N° 65521/2026). El conflicto de fondo, una disputa civil entre dos sectores de la misma comunidad judía, permanece sin solución.

El operativo y la resistencia de los fieles

El procedimiento se había iniciado en las primeras horas del lunes como consecuencia de un fallo civil que habilitó a uno de los grupos litigantes, la Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil, a recuperar la posesión del inmueble. El otro sector, que ocupa el templo, se negó a retirarse. Cuando el Oficial de Justicia llegó al lugar se encontró con un grupo de fieles en pleno rezo que rechazó abandonar el edificio.

Ante esa situación, el Oficial de Justicia negoció en el lugar y acordó conceder un tiempo prudencial para que los rezos concluyeran antes de avanzar con el desalojo. Sin embargo, horas después el juzgado resolvió directamente suspender el procedimiento policial, sin que trascendieran los fundamentos de esa decisión ni si medió alguna presentación judicial de última hora por parte de los ocupantes.

Una fractura interna que escala a los tribunales

El origen del enfrentamiento es una disputa entre dos facciones de la comunidad por el control y la titularidad del templo. Uno de los sectores inició acciones judiciales y obtuvo un fallo favorable; el otro se resiste a acatarlo. Esa brecha interna, que en principio es una cuestión civil entre privados, derivó en un operativo policial con la calle Helguera cortada al tránsito y cuatro patrulleros desplegados en el lugar, una imagen inusual para un barrio con arraigo histórico en la comunidad judía porteña.

La suspensión judicial del operativo no implica la resolución del litigio. El conflicto por la posesión del inmueble sigue abierto en los tribunales, y el juzgado deberá definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la situación dentro del templo permanece sin modificaciones.

Puntos clave

  • El Juzgado Civil N° 99 (expediente 65521/2026) suspendió el operativo de desalojo horas después de su inicio.
  • El inmueble en disputa está ubicado en Helguera al 270, en el barrio de Flores.
  • La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil obtuvo el fallo favorable pero el otro sector se niega a desalojar.
  • El Oficial de Justicia había acordado un plazo para que concluyan los rezos antes de que la Justicia frenara todo el procedimiento.
  • El conflicto de fondo, una disputa civil por la titularidad del templo, no tiene resolución a la vista.
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