El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, denunció hoy la posible violación a la ley de inteligencia por parte de autoridades del Gobierno porteño en el marco de la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), informaron fuentes judiciales.

La denuncia fue presentada por vía electrónica ante la justicia federal porteña, con sede en los tribunales de Comodoro Py, en horas de la tarde por lo que se espera que sea sorteada mañana tan pronto como inicie la actividad judicial.

El magistrado presentó la denuncia penal luego de conocida la noticia de su apartamiento, por parte de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, de la causa en la que se investigan posibles irregularidades en el uso de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del SRFP.

«La información recolectada incluso hasta este estado de la causa permite observar el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA», sostuvo el juez Gallardo en el oficio que envió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que se sortee la denuncia.

En el oficio, el juez Gallardo recordó que «el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)».

También puso de relieve que, de acuerdo a la normativa vigente, «salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el Conarc».

Según pudo reconstruir esta agencia, en lo últimos días el juez Gallardo había recibido los resultados del peritaje requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en relación a los elementos secuestrados en la causa de la que hoy fue apartado y allí se aseveraba que «existen personas que no deberían encontrarse en la base de datos del SRFP».

En el mismo informe se señaló que «se estableció que las alertas emitidas por el SRFP a los distintos oficiales de policía, para la detención de las personas, son remitidos a través del programa de mensajería instantánea Telegram indicando que no existe un el propio seguro para el tratamiento de los datos personales sensibles».

El juez Gallardo apuntó su denuncia contra Marcelo D´Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad de la CABA); Gastón Leopoldo Navarro (subsecretario de Tecnología e Informática del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA); Cecilia Inés Amigo (coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia de la CABA, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA); y Mariano Córdoba (Jefe de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología e Informática en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA).