CABA
Crimen de Lucas González: piden detener 8 policías por encubrimiento
Los uniformados están acusados de «encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas».
El fiscal de la causa por el homicidio calificado de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad, pidió hoy la detención de otros ocho efectivos de la misma fuerza de seguridad por el encubrimiento del crimen, informaron fuentes judiciales.
Asimismo, el fiscal de instrucción 32 Leonel Gómez Barbella solicitó la ampliación de indagatoria para los seis policías ya detenidos por «encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas», a lo que ya accedió el juez Martín del Viso, que dispuso que se hagan el lunes a partir de las 9.30.
De acuerdo al requerimiento de 27 páginas, al que tuvo acceso Télam, Gómez Barbella pidió la detención inmediata del comisario inspector Daniel Santana; del comisario Rodolfo Ozan; del subcomisario Ramón Chocobar; de los principales Teresa Scorza y Damián Lobos; del oficial mayor Santos Ochoa; del oficial primero Ernesto Martínez y del oficial Sebastián Baidon.
Según las pruebas reunidas por el fiscal, a estos últimos ocho efectivos les atribuye “haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas” por la Policía Federal Argentina (PFA), como así también las “privaciones ilegales de la libertad” a los tres sobrevivientes y la “alteración de los rastros y pruebas”.
Por otro lado, también les endilga “haberle aplicado tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos a Lucas González, Joaquín Zúñiga Gómez y a Julián Sosa”.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) considera que incurrieron en los mismos delitos por los que ya se encuentran detenidos el comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.
“Los policías aquí acusados fueron quienes participaron en este procedimiento fraguado donde se continuó con la línea falaz instalada por (Gabriel) Issasi, (José) Nievas y (Fabián) López aparentando como un ´tiroteo´ entre los niños y los policías y para reforzar ese escenario armado, les plantaron el arma de cotillón dentro del rodado en el que iban Lucas, Julián, Joaquín y Niven”, aseveró Gómez Barbella.

En cuanto a los tormentos sufridos por las víctimas, el fiscal destacó el testimonio de una vecina del lugar, del cual se desprende “que los niños permanecieron detenidos y esposados, boca abajo desde el comienzo del procedimiento hasta horas del mediodía en donde allí mismo también les propiciaron las frases tendientes a imponerles graves sufrimientos psíquicos”.
“No olvidemos la situación penosa que debieron sufrir esposados boca abajo y luego sentados esposados durante más de dos horas en una vereda y por siete horas dentro de un patrullero -en total más de 10 horas- allí sin poder comer ni beber absolutamente nada y con un calor agobiante e inhumano, como lo indicaron durante la reconstrucción y en las exposiciones ante el Instituto Inchausti”, señaló el funcionario judicial.
En tanto, aclaró que “aquel funcionario que aunque no haya participado de alguna de las tantas maniobras delictivas desarrolladas pero tenga conocimiento de ellas y omita evitarlo, tuviese o no competencia para hacerlo, cae indefectiblemente en un ilícito grave”.

En ese sentido, remarcó la situación del comisario Ozan, quien cumple funciones en la Comisaría Vecinal 4A, y acudió a la escena del crimen “no como un acto de colaboración” ni para garantizar “la legalidad del procedimiento”, sino “para intentar lograr la impunidad de sus colegas de la Comisaría aledaña”.
“Llama poderosamente la atención que se haga presente en otra jurisdicción que no es la propia (resultando ser la autoridad máxima de una Comisaría Vecinal), ser uno de los primeros en comparecer (…) resultando imperioso que Rodolfo Ozan brinde su versión de los hechos”.
Por parte, Gómez Barbella también solicitó al juez Del Viso la ampliación de indagatoria para los policías Romero, Inca, Du Santos, Cuevas, Fariña y Miño.

El magistrado accedió a éste último pedido del fiscal y ordenó que se lleven a cabo las indagatorias el próximo lunes a partir de las 9.30 de manera virtual, a través de la aplicación Zoom.
Gregorio Dalbón, el abogado que representa a la familia del adolescente asesinado, dijo esta tarde a Télam que acompaña “ambos pedidos del fiscal” y espera que en las próximas horas el juez Del Viso resuelva favorablemente la solicitud de detención de los últimos ocho policías.
CABA
La Justicia suspendió el desalojo de la sinagoga de Flores pero el conflicto sigue abierto
El Juzgado Civil N° 99 ordenó frenar el operativo policial horas después de su inicio. La disputa entre dos sectores de la Comunidad Israelita Ortodoxa por el templo de Helguera al 270 no tiene resolución a la vista.
La Justicia dio marcha atrás. El operativo de desalojo que se desarrollaba este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores quedó suspendido por orden del propio tribunal que lo había dispuesto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida Pons, emitió la medida de frenado horas después de que la Policía de la Ciudad comenzara a ejecutar la resolución en el inmueble de la calle Helguera al 270 (expediente N° 65521/2026). El conflicto de fondo, una disputa civil entre dos sectores de la misma comunidad judía, permanece sin solución.
El operativo y la resistencia de los fieles
El procedimiento se había iniciado en las primeras horas del lunes como consecuencia de un fallo civil que habilitó a uno de los grupos litigantes, la Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil, a recuperar la posesión del inmueble. El otro sector, que ocupa el templo, se negó a retirarse. Cuando el Oficial de Justicia llegó al lugar se encontró con un grupo de fieles en pleno rezo que rechazó abandonar el edificio.
Ante esa situación, el Oficial de Justicia negoció en el lugar y acordó conceder un tiempo prudencial para que los rezos concluyeran antes de avanzar con el desalojo. Sin embargo, horas después el juzgado resolvió directamente suspender el procedimiento policial, sin que trascendieran los fundamentos de esa decisión ni si medió alguna presentación judicial de última hora por parte de los ocupantes.
Una fractura interna que escala a los tribunales
El origen del enfrentamiento es una disputa entre dos facciones de la comunidad por el control y la titularidad del templo. Uno de los sectores inició acciones judiciales y obtuvo un fallo favorable; el otro se resiste a acatarlo. Esa brecha interna, que en principio es una cuestión civil entre privados, derivó en un operativo policial con la calle Helguera cortada al tránsito y cuatro patrulleros desplegados en el lugar, una imagen inusual para un barrio con arraigo histórico en la comunidad judía porteña.
La suspensión judicial del operativo no implica la resolución del litigio. El conflicto por la posesión del inmueble sigue abierto en los tribunales, y el juzgado deberá definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la situación dentro del templo permanece sin modificaciones.
Puntos clave
- El Juzgado Civil N° 99 (expediente 65521/2026) suspendió el operativo de desalojo horas después de su inicio.
- El inmueble en disputa está ubicado en Helguera al 270, en el barrio de Flores.
- La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil obtuvo el fallo favorable pero el otro sector se niega a desalojar.
- El Oficial de Justicia había acordado un plazo para que concluyan los rezos antes de que la Justicia frenara todo el procedimiento.
- El conflicto de fondo, una disputa civil por la titularidad del templo, no tiene resolución a la vista.
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