CABA
Las provincias aprobaron un informe contra CABA por la transferencia de la Policía
Una veintena de provincias aprobó el informe técnico de la CFI, con las únicas negativas de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes.
Una veintena de provincias aprobó el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18 mil millones.
Con las únicas negativas de los representantes de CABA y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes, el organismo determinó que «se evidencia que tanto la Contaduría General de la Nación como la Tesorería General de la Nación registran ingresos al Tesoro Nacional provenientes de la CABA, durante los ejercicios 2016 y 2017, por las sumas de $8.350.718.603,97 y $3.135.737.825,16, respectivamente», un informe que fue aprobado ayer por un total de 21 provincias.
Por lo tanto, «es que cabe concluir que el costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $11.486.456.429,13, sin perjuicio de la correspondiente deflactación que pueda corresponder en los diferentes períodos», añadió el escrito al que accedió Télam.
En paralelo, el informe aportado por Nación durante las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad había arrojado un número similar, en poco más de 8.000 millones de pesos, sin tener en cuenta el índice inflacionario contemplado por el informe de la CFI, lo que dejó en claro cifras similares.

Estas cifras, proyectadas al año 2021 marcaron también contradicciones, dado que CABA reclama 112.000 millones, mientras que las provincias avalaron con su informe técnico un monto de 43.000 millones de pesos. El monto referenciado no contiene compensación alguna por la transferencia de bienes acordada en los convenios.
La CFI tomó intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016.
En ese marco, la Comisión Informante «recomienda al Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos la aprobación de la presente y del Informe del Grupo Técnico».
Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad tuvieron el 10 de marzo pasado una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri -luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 del septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones.
CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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