CABA
Diez años del incendio de Iron Mountain: renovado pedido de justicia y recuerdo a las víctimas
A diez años del incendio, hay una causa aún en curso a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien en abril del 2023 decretó el procesamiento de una veintena de imputados y elevó el proceso a juicio oral y público, sin fecha, por el delito de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.
Familiares y amigos de las víctimas del incendio de Iron Mountain recordaron este lunes a los «Héroes de Barracas» al cumplirse diez años de la trágica jornada en la que murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil cuando combatían las llamas desatadas en el depósito de la empresa internacional.
El acto fue en la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín, del barrio de Barracas, desde las 9.04, hora que remite al momento en que se registró la caída del muro, el 5 de febrero del 2014, como consecuencia de las altas temperaturas de la estructura interna, lo que provocó la muerte a los ocho bomberos y dos rescatistas.
Ese día, fallecieron los bomberos del Cuartel I de la Policía Federal Argentina Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticell; el bombero voluntario del Cuartel Vuelta de Rocha Sebastián Campos y los rescatistas Pedro Barícola y José Méndez Araujo; mientras que Facundo Ricardo Ambrosi, también bombero voluntario, murió días después.
A diez años del incendio, hay una causa aún en curso a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien en abril del 2023 decretó el procesamiento de una veintena de imputados y elevó el proceso a juicio oral y público, sin fecha, por el delito de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.
Entre los imputados figuran directivos de la firma internacional, dedicada al almacenamiento de documentación y activos, y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio en Azara 1245.
«Esperamos que juzguen a los involucrados porque son diez años de impunidad. Mientras más tiempo pasa, la justicia se aleja», expresó Jorge Campos, papá del bombero voluntario Sebastián.
En igual sentido, Liliana Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos integrantes de Defensa Civil, pidió «un juicio oral en el corto plazo y condenas con penas efectivas».
Martina Monticelli, hermana del bombero de Policía Federal Juan Matías, pidió «que los responsables paguen su culpa», aunque reconoció que «existen intereses de personas corruptas a quienes no les conviene que la verdad salga a la luz».
De la ceremonia, participaron delegaciones de bomberos voluntarios de Villa Domínico-Wilde, de Lanús Oeste y de San Fernando-Tigre; así como compañeros de los rescatistas del área de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires; mientras que no estuvieron presentes, como sí lo hicieron en homenajes anteriores, representantes del Cuartel I de la Policía Federal.
Además, concurrieron el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés; los legisladores porteños Claudia Neira y Claudio Ferreño; el exsecretario de Articulación Federal y exdiputado Gabriel Fuks y presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios Carlos Alfonso.
Los bomberos y los rescatistas de Defensa Civil acudieron a la emergencia desatada en el interior del depósito de la empresa Iron Mountain, situado en Azara 1245, y murieron como consecuencia de la caída de una de las paredes de la edificación que colapsó por las altas temperaturas de las llamas.
Los motivos del inicio del foco figuran como «indeterminados» en la causa judicial, no obstante fueron vinculados a una intencionalidad para que se quemaran las más de cuatro toneladas de cajas depositadas en las naves de la casi centenaria edificación, muchas de las cuales contenían documentación de empresas investigadas por maniobras de lavado de dinero.
CABA
Terminó el motín en la comisaría del microcentro y liberaron al último policía
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, informó que no hubo heridos, que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y que los detenidos involucrados enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
ACTUALIZACIÓN. El motín en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, terminó pasadas las 17:20 con la liberación del oficial mayor que los detenidos mantenían como rehén. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en una conferencia de prensa.
Según el relato oficial, la toma empezó a las 12:36 tras una pelea entre internos. Los detenidos retuvieron a un subcomisario, a un inspector y a un oficial mayor; los dos primeros fueron liberados en poco tiempo y el tercero salió después de una negociación a cargo de un comité de crisis integrado por la jefatura de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad, Bomberos y el SAME. También intervinieron la fiscalía y el Servicio Penitenciario Federal.
«No hubo heridos»
Giménez aseguró que no hubo heridos y que el SAME revisó a los 23 detenidos que participaron de la toma. El ministro sostuvo que los internos «no tenían armas blancas» y que «no hubo nunca un intento de evasión». Otros siete detenidos alojados en la dependencia no participaron.
De acuerdo con el ministro, durante el motín los internos le sacaron el teléfono al oficial retenido y vaciaron sus cuentas. Por eso adelantó que enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, lo que agravará las penas que ya cumplen.
Cierre de la Alcaidía 1 y traslados
Giménez anunció que la Alcaidía 1 cerrará en forma temporal desde esta noche y que todos los detenidos alojados allí serán trasladados.
La versión oficial atribuyó el conflicto a una pelea entre internos. La hipótesis de un rechazo al traslado al penal de Marcos Paz, que circuló durante la tarde y que esta nota consignó como no confirmada, no fue respaldada por ninguna fuente oficial. Mientras tanto, la Procuración Penitenciaria de la Nación viene advirtiendo sobre la sobrepoblación en alcaidías y comisarías porteñas, espacios pensados para estadías cortas que se transformaron en lugares de detención prolongada.
Durante la toma, uno de los detenidos denunció en un audio que circuló públicamente la falta de duchas, el encierro en un espacio reducido y el uso de gas pimienta. Ninguna fuente oficial confirmó esas acusaciones.
Lo que tenés que saber:
- El motín empezó a las 12:36 y terminó pasadas las 17:20 con la liberación del último policía retenido.
- Según el ministro Horacio Giménez, no hubo heridos y el SAME revisó a los 23 detenidos involucrados.
- Los internos enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas.
- La Alcaidía 1 cerrará en forma temporal y todos sus detenidos serán trasladados.
- La versión oficial atribuyó el motín a una pelea entre internos.
La nota original
Un grupo de al menos 20 detenidos se amotinó en la Comisaría Vecinal 1-D del microcentro porteño y tomó como rehén a personal policial, en una tarde de máxima tensión que obligó a desplegar al SAME y a los bomberos. Según se informó, uno de los rehenes fue liberado.
El episodio ocurrió en la alcaidía de la dependencia, ubicada en Lavalle 451, en el barrio de San Nicolás. Voceros de la Policía de la Ciudad indicaron que no hay peligro de fuga y que, hasta el momento, no se reportaron heridos. El parte oficial señala que el conflicto se originó en un enfrentamiento entre internos dentro de una celda. Según trascendió, un celador que intervino para frenar la pelea habría terminado como rehén de los presos.
Según versiones que circularon desde el lugar, los detenidos rechazaban ser trasladados al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, adonde ya se derivó a cerca de 1.400 internos de la cárcel de Devoto. Esa motivación no fue confirmada oficialmente. Según las imágenes difundidas por canales de televisión, personal del SAME ingresó a la comisaría con dos camillas.
Una mudanza a contrarreloj
El traslado desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional movió a 609 internos en dos días, el 40% de la población del penal. La ministra Alejandra Monteoliva ratificó en una entrevista radial que la meta del Gobierno es «finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado».
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, que relevó el primer semestre de 2026, registró que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz está procesado sin condena firme. Además, documentó 18 fallecimientos entre ambas unidades y 41 medidas de fuerza, en su mayoría huelgas de hambre. Un traslado masivo a un complejo con ese historial es, como mínimo, un motivo de preocupación para quienes están alojados en comisarías y esperan destino.
Un problema que se repite en las alcaidías porteñas
No es la primera vez que detenidos alojados en comisarías de la Ciudad se amotinan por su lugar de alojamiento. En marzo de 2022, 22 detenidos de la Comisaría 3A, en Lavalle al 1900, protagonizaron un motín en el que pedían ser trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, según informaron en aquel momento fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. En ese caso, el reclamo se daba en medio de una tensión entre la Ciudad y la Nación por los cupos y la sobrepoblación en alcaidías.
Hoy los detenidos no reclaman ir a una cárcel federal sino evitar un traslado, lo que muestra que el conflicto de fondo es el mismo: un sistema que no ofrece alojamiento digno ni previsible. Las comisarías no están diseñadas para alojar detenidos durante períodos prolongados.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades investigaban las responsabilidades de los detenidos que participaron del intento de fuga y de la agresión, y no se informó el número exacto de involucrados ni la situación de los rehenes.
Lo que tenés que saber
- Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, y tomaron personal policial como rehén.
- Uno de los rehenes fue liberado, según se informó.
- La Policía de la Ciudad indicó que no hay peligro de fuga y que no se reportaron heridos hasta el momento.
- Según versiones no confirmadas, los presos rechazaban ser trasladados a Marcos Paz, adonde se envió a cerca de 1.400 internos de Devoto.
- El Gobierno nacional se propone cerrar Devoto antes de fin de año.
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