Cooperativas cartoneras, organizaciones ambientales, sociales y defensoras de derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires reclamaron este lunes que el gobierno porteño deje sin efecto la licitación para un servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene urbana por considerar que es «discriminatoria» y que «equipara a los recicladores y personas en situación de calle con basura», en una conferencia de prensa frente el Obelisco.

El documento oficial presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó en el apartado titulado «Relevamiento general de la zona», que entre los elementos que afectan a la higiene urbana son la «presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle» que, indica, «consiste en la verificación ocular de la presencia de personas y/o conjunto de las mismas que se encuentren residiendo transitoria y/o permanentemente en vía pública con carácter de habitualidad y/o permanencia».

En esa línea, la licitación también aclara que entre las especificaciones se encuentra la «presencia de recuperadores realizando acopio de material en vía pública», que trata sobre «la verificación ocular de la presencia de recuperadores que se encuentren recolectando y/o acopiando y/o realizando tareas afines respecto de residuos de tipo reciclables».

«Esto es un ataque hacia las personas, nos dicen que afeamos la ciudad. Atacan su propio sistema de reciclado porque los cartoneros que trabajan están siendo perseguidos. Las personas en situación de calle están tratando de subsistir. Nosotros trabajamos con compañeros que están fuera del sistema, tenemos que seguir pensando en el otro que queda afuera», aseguró Sergio Sánchez, presidente de Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR).

Las organizaciones reclamaron a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que se convoque a una mesa de diálogo y que deje sin efecto la licitación, que cuenta con un presupuesto de $1.520 millones según se publicó en el Boletín Oficial.

«Para nosotros el dinero de esta licitación podría solucionar los problemas de los compañeros que están trabajando hoy«, agregó.

«Queremos que se frene la licitación, quedamos mal vistos, estamos siendo discriminados. Es una falta de respeto. Hay más de 7 mil personas en situación de calle y más de 10 mil trabajadores recolectores en 12 cooperativas en la ciudad. Es un atropello que hace años que no había«, dijo Leonor Larraburu, integrante de la cooperativa Amanecer, perteneciente a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

«Los cartoneros son trabajadores esenciales en términos sociales y ambientales. Son indispensables dentro del ambientalismo. Repudiamos esta licitación porque es deplorable desde el punto de vista humano.

«Es cínica en una ciudad que usa el eslogan de Ciudad Verde y desprecian a los cartones, que son uno de los actores principales que impiden que los residuos vayan a parar a basurales a cielo abierto», aseveró Mercedes Pombo, de Jóvenes x el Clima.

Horacio Ávila, militante de Proyecto 7, una organización que trabaja con personas en situación de calle, afirmó que «el pliego de la licitación equipara a los cartoneros y gente en situación de calle con la basura, es una aberración«.

«Ese dinero puede ser utilizado para otra cosa, se murió una criatura de tres meses en plena ciudad hace poco. Tiene que ir a reforzar al poco dinero que se le da hoy a las situaciones sociales en la Ciudad», agregó Ávila.

Susana Izaguirre, trabajadora de una cooperativa, explicó que «las personas en situación de calle o las que tiran un carro lo único que piden es un trabajo digno».

«No somos basura, somos personas que queremos trabajar. Es muy arbitrario lo que están haciendo, no puede ser la solución atropellar a los pobres. Las cooperativas queremos seguir construyendo, no estamos para que nos vengan a apuntar con el dedo. Hace muchos años que no había persecuciones, ahora vuelve a renacer ese fantasma«, concluyó.