Buenos Aires
Detienen al policía que chocó ebrio y mató a un joven en Lincoln tras confirmación de su sentencia
La detención de Juan Manuel Odermatt (31) ocurrió el jueves pasado, dos días después que los camaristas Carlos Mario Portiglia y Luis Alberto Beraza emitieron el fallo de segunda instancia sobre el caso.
El sargento de la policía bonaerense que mató a un joven de 23 años durante un choque de motos en la localidad bonaerense de Lincoln en el que el agente conducía su vehículo en contramano y estado de ebriedad fue detenido luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Junín confirmó su sentencia a cuatro años y dos meses de prisión.
Fuentes judiciales señalaron que la detención de Juan Manuel Odermatt (31) ocurrió el jueves pasado, dos días después que los camaristas Carlos Mario Portiglia y Luis Alberto Beraza emitieron el fallo de segunda instancia sobre el caso, el cual ratificó la condena impuesta por el «homicidio culposo agravado por ser funcionario policial» de Eduardo Guerrero (23) y de causarle «lesiones culposas» a la pareja de éste, Priscila Amado.
Odermatt fue trasladado a una dependencia policial local, donde estará alojado hasta que se abra un cupo en alguna de las unidades penitenciarias de la zona, en la que deberá purgar su condena de cuatro años y dos meses, según detallaron los voceros.
Luego de enterarse de la detención del sargento, la madre de la víctima, Itatí Domínguez, contó sentirse aliviada y deseó que el sentenciado por la muerte de su hijo «aprenda a no sentir desprecio de la vida ajena».
«No puedo decir que gané porque mi hijo no está. Sí puedo decir que esto puede servir como una enseñanza. Espero que dentro de la cárcel vea lo duro que es la vida y entienda que lo que hizo está mal. No puede andar matando gente por la vida. Nos causó un gran daño como padres», manifestó emocionada Itatí, quien estuvo representada legalmente por el abogado Fernando Farías.
En ese sentido, Domínguez celebró que el caso no haya quedado impune y afirmó que ahora ayudará a familiares de víctimas en hechos similares.
«Yo creo que nos merecíamos esta justicia. Voy a acompañar a familiares de víctimas porque hay muchos chicos que esperan justicia y muchas veces no lo logran. Quiero animar a la gente para que peleen, porque la Justicia se gana con la lucha», comentó.
Por último, la madre de Eduardo recordó a su hijo como «un chico hermoso que tenía un futuro programado».
«Edu era un chico estudioso, profesorado de matemática, trabajaba como apicultor, tenía moto auto, ahorraba. Este señor lo arruinó todo por manejar en contramano y borracho. Pasamos por momentos muy dolorosos y de mucha impotencia», cerró.
Una de las claves para la detención de Odermatt, quien en todo momento estuvo en libertad a lo largo del proceso, fueron las actuaciones de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Junín, que avalaron lo realizado por el Juzgado en lo Correccional 2 de la jurisdicción que había considerado probada la culpabilidad del policía y lo condenó a 4 años y 2 meses de prisión en noviembre del año pasado.
«El juez Jorge Ariel Coppola fundó debidamente la selección de la prueba escogida con suficiente explicación, efectuando una correcta y razonada exposición de los motivos que provocaron su certeza sobre la resolución del caso. Deviene incuestionable que dicha operación intelectual fue efectuada tomando en consideración la totalidad de la prueba cuya interpretación armónica le permitió recrear integralmente la situación y concluir en consecuencia», expresaron Portiglia y Beraza en la resolución judicial.
En ese sentido los jueces agregaron: «El acusado dada su imprudencia y conducta antirreglamentaria a la hora de conducir con el doble del alcohol en sangre permitido a la fecha del suceso, violó el deber de cuidado. Y ello tiene relación directa con el resultado del hecho».
En referencia al monto de la pena que recayó sobre Odermatt, los camaristas señalaron compartir «en todas y cada una de sus partes», mientras que rechazaron el pedido de prisión domiciliaria hecho por la defensa del sargento al considerar que «no se encuentran abastecidos los recaudos para su tratamiento».
La noche del 15 de noviembre del 2020 dos motos colisionaron en la intersección de calles Belgrano y Laprida, en la vecina localidad de Lincoln: una de ellas era manejada por Guerrero, quien estaba acompañado por Amado, y por el impacto recibió heridas de consideración, agonizó 60 días y falleció en el Hospital de Junín.
Mientras que el otro vehículo era conducido por el entonces cabo de la Policía montada Odermatt, quien no estaba en funciones al momento del siniestro y que, según está acreditado en la causa, se desplazaba alcoholizado y en contramano.
«En esta línea de interpretación de los hechos y de la prueba producida que dimana de la normativa procesal, surge, en forma indubitada, que el imputado conducía la motocicleta descripta previamente con un índice de alcohol en sangre de 1,02 gr/l, es decir, más del doble del límite que permitía, a la fecha del hecho», señaló en el veredicto, al cual tuvo acceso, el juez Coppola, quien condenó en primera instancia al policía.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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