La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal dedicada a la explotación laboral en obras de construcción de lujo, tras un operativo de gran alcance en el norte del conurbano bonaerense. Los allanamientos, coordinados con el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, se realizaron en localidades como Nordelta, Ramos Mejía y Escobar. Cuatro personas, incluidos un empresario, un contratista y un arquitecto, fueron detenidos como parte del caso.

Origen de la investigación

El caso comenzó en junio de este año, tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según la investigación, la red captaba trabajadores provenientes del norte del país bajo falsas promesas de empleo. Las víctimas, 22 personas de ambos sexos, fueron sometidas a jornadas laborales de hasta 16 horas en condiciones infrahumanas. Vivían hacinadas, sin acceso a alimentos adecuados ni higiene básica, y bajo constantes amenazas.

Detenidos clave

Entre los arrestados se encuentran:

• Carlos Alberto Díaz Chilo : Relacionado con la adquisición de vehículos utilizados por la red.
• Cristian Sajama : Contratista responsable de la logística en las obras.
• Walter Jorge Mosca : Arquitecto y capataz, señalado como responsable de coaccionar a las víctimas.
• Pablo Gastón Pellegrino : Empresario acusado de financiar los proyectos y proporcionar la infraestructura para las actividades ilícitas.

Hallazgos en los allanamientos

Los procedimientos, autorizados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, revelaron pruebas contundentes:

• Dinero en efectivo : Más de 28 millones de pesos argentinos, junto con dólares, euros y otras divisas extranjeras.
• Armas y municiones : Tres pistolas, un revólver calibre .38 y varias cajas de municiones.
• Documentación comprometida : Planos de obra, registros laborales y materiales relacionados con el proyecto Delta Center, una de las construcciones investigadas.
• Vehículos : Cuatro automóviles, incluidos modelos de alta gama.

Asistencia a las víctimas

Las 22 personas rescatadas fueron asistidas por el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia, que les brindó apoyo psicológico y asesoramiento para regularizar su situación laboral y migratoria. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires confirmó que las víctimas no tenían seguro ni protección social.

Una operación sofisticada

La red criminal utilizaba empresas con documentación aparentemente legal para encubrir sus actividades. La justicia investiga conexiones con otras obras en el área metropolitana, así como contratos que involucraban grandes sumas de dinero.

Próximos pasos

La fiscalía federal busca identificar posibles cómplices y determinar el alcance total de las responsabilidades penales. El caso constituye un precedente importante en la lucha contra la explotación laboral, especialmente en sectores como la construcción, donde estas prácticas suelen estar ocultas.

Las autoridades esperan que este golpe contra la organización sirva como advertencia para otros grupos que intentan explotar a personas vulnerables. Al mismo tiempo, se trabaja para garantizar la recuperación de las víctimas y su reinserción en condiciones dignas de trabajo.