Otra vergüenza más de la «justicia» argentina. Cuatro adolescentes resultaron muertos tras un incendio en una comisaría en el conurbano bonaerense hace 18 años. Un caso emblemático de violencia institucional que se denominó «La Masacre de Quilmes», por el que diez policías fueron condenados, pero ninguno pisó una prisión. Por primera vez desde el juicio oral que se realizó en 2015, un tribunal ordenó que uno de esos ex efectivos sea enviado a una cárcel común, donde deberá permanecer hasta el 18 de octubre del 2031.

Se trata del ex oficial inspector de la policía bonaerense Fernando Carlos Pedreira Catalonga (45), quien había sido condenado en 2015 a 16 años de prisión, pero ese mismo año fue beneficiado con un arresto domiciliario, en el que estaba monitoreado por una tobillera electrónica.

En un nuevo fallo firmado días atrás y al que tuvo acceso Télam, el Tribunal en lo Criminal 3 de Quilmes ordenó que se le revoque a Pedreira «la prisión domiciliaria bajo el Sistema de Monitoreo Electrónico, debiendo ser trasladado a una unidad penitenciaria para su alojamiento».

Fuentes penitenciarias confirmaron a Télam que el condenado fue encerrado el viernes en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde deberá completar la pena prevista hasta el 18 de octubre del 2031 por el delito de «vejaciones y tortura», en perjuicio de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

De esta manera, Pedreira es el único de los 10 policías que fueron condenados en 2015 que está en prisión, ya que ninguno de los otros nueve pisó prisión alguna en todos estos años, ya sea porque en aquel juicio del 2015 recibieron penas menores, o porque a los que le dieron penas de prisión efectiva, fueron beneficiados con una libertad condicional.

«Son todos culpables, tanto el que ahora fue preso, como el resto que nunca pisó una cárcel y que sigue en libertad. Ninguno hizo nada para evitar lo que hicieron con él, al contrario, le pegaron todos«, se lamentó Isabel, la madre de Manuel Figueroa, una de las víctimas de la masacre.

Por las torturas y el incendio, fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Pedreira, el cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.

Según el fallo del 2015 del TOC 3 de Quilmes, los que recibieron la mayor pena fueron Pedreira (a quien le dieron 16 años de prisión), y D’Elía y Guzmán, quienes recibieron 10 y 9 años, respectivamente, pero están en libertad condicional.

En tanto, la oficial Elda Marina Guaquinchay Bogado fue señalada como una de las policías que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y recién ahora, a 18 años del hecho, será juzgada.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que esta mujer estará sentada en el banquillo de los acusados el próximo 12 de diciembre ante el TOC 3 de Quilmes, donde deberá responder por el delito de «omisión de torturas».

«Es una asesina, en ese momento ella tenia un embarazo de siete meses y estaba matando a hijos ajenos, así que tienen que condenarla, es una maldita«, dijo Isabel a Télam.

De acuerdo a los testigos que declararon en la instrucción del caso, la policía Guaquinchay Bogado formaba parte de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas, y no habría hecho nada para detener las torturas.

«Luchamos por justicia. Esto que pasó con mi hijo es lo que pasa en las comisarías. Los chicos que estaban en esta comisaría estaban esperando un lugar para ser internados para salir de las drogas, acá las drogas se venden como si fueran caramelos y nadie hace nada con eso«, dijo la madre de Manuel Figueroa, a Télam, quien en todo este tiempo contó con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La «Masacre de Quilmes» es uno de los casos emblemáticos de la violencia institucional de los últimos 20 años.

El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.

En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.

Maldonado fue el primero que falleció -el 21 de octubre- tras el incendio, mientras que el día siguiente murió Figueroa; el 25 de octubre, Giménez, y el 11 de noviembre, Aranda.