Buenos Aires
Piden juicio para acusados de arrojar cocaína a la ría bahiense
Lanzaron un cargamento de casi 200 kilos. Estaban listos para exportación marítima.
Un fiscal federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pidieron someter a juicio oral a cuatro presuntos integrantes de una banda narco que en junio de 2022 arrojó a la ría de Bahía Blanca, presumiblemente desde una embarcación que luego abandonaron en ese espejo de agua, un cargamento de casi 200 kilos de cocaína listos para su exportación marítima.
El requerimiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la auxiliar de Procunar, Patricia Cisnero, recayó sobre Emiliano Maximiliano Peralta, Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera, Lilian Noemí Jara Cabrera e Ignacio Rolando Orué, quienes están detenidos e imputados de «contrabando de exportación calificado, por tratarse de estupefacientes y destinada para su comercialización en territorio nacional».
Fuentes judiciales informaron que el cargamento de 196,36 kilos de cocaína estaba distribuido en siete bolsos y tenía un 80 por ciento de pureza y se cree que la droga fue arrojada desde un bote semirrígido que se encontró abandonado a la deriva en la misma zona.
«En la maniobra, cuyo motivo de frustración se desconoce, existió intención de burlar el control aduanero», señaló el pedido delos acusadores, que consideraron que «debido a las características del accionar delictivo, el hecho encuadra dentro la figura de contrabando agravado».
La investigación comenzó el 27 de junio del año pasado cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló un bote semirrígido identificado como «Al I Lafken II» abandonado y a la deriva en el canal de acceso a la terminal portuaria de Bahía Blanca.
Al momento del hallazgo, la embarcación se encontraba sin ocupantes, con los pontones laterales desinflados, la llave de arranque colocada, una caja con elementos de pesca, chalecos salvavidas y tanques con combustible prácticamente llenos.

«La cocaína fue hallada en tres momentos diferentes: la primera parte fue encontrada en proximidades de la boya 21 de la ría de acceso al Puerto de Bahía Blanca dentro de cinco bolsos que flotaban sobre el espejo de agua», detallaron los fiscales.
También señalaron que se encontraron sogas y cabos que, tras ser extendidos «adquirían la forma de una especie de canasta que podría permitir la superposición de bolsos para la realización de un izado a bordo de una embarcación».
Esos cinco bolsos se hallaron el 30 de junio, mientras que al día siguiente se encontró un sexto flotando en la misma ría y el 18 de julio un séptimo semienterrado en una playa cercana de la Base de Infantería de Marina Baterías, próxima a Punta Alta.

De acuerdo al expediente, la droga incautada estaba acondicionada de forma compacta en paquetes rectangulares, estancos, herméticos y sujetos con sogas y que contaban con un grabado con la leyenda «Patrón».
En el marco de la pesquisa, personal de PNA halló luego una factura emitida el 23 de junio por una firma vinculada con una estación de combustible y alojamiento en Coronel Pringles, «a nombre de Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera» y que «refería al alquiler de una habitación cuádruple» para la noche del 22 de junio.
«En el marco de la pesquisa se determinó que Orué se alojó en el cuarto continuo y que, tras acceder al registro de pasajeros del hotel, se corroboraron los nombres de quienes efectivamente se alojaron», señalaron los fiscales.

También determinaron que tras el registro de titularidad de la embarcación secuestrada surgió el nombre de Aureliano Villalba Cabrera, quien actualmente se encuentra prófugo.
Para los investigadores, ese bote había sido trasladado antes de su abandono a Villa del Mar, en cercanías de Punta Alta, en un tráiler sujeto a una camioneta marca Ford Ranger 4×4, cuya titularidad estaba a nombre de Peralta.
Respecto de Lilian Jara Cabrera, los pesquisas le atribuyen un rol activo en las tareas logísticas que demandó la actividad emprendida por la estructura criminal.

«Intervino en gestiones tendientes a dotar de vehículos, teléfonos móviles y recursos humanos a la organización, como ocurrió con otro de los acusados, con quien mantenía una relación amorosa», señaló la fiscalía.
Por último, los voceros añadieron que las tareas investigativas permiten sostener que la intención de los acusados era «exportar los estupefacientes a través de un buque apto para una travesía prolongada, posiblemente transoceánica, pues de lo contrario no se justificaría que se hayan movilizado hacia una terminal portuaria que ciertamente está muy distante de su lugar de residencia», que es en el partido bonaerense de Florencio Varela, en el sur del conurbano.
Buenos Aires
Granja Tres Arroyos frenó su planta en Capitán Sarmiento y crece el temor al cierre definitivo
La principal avícola del país suspendió «hasta nuevo aviso» la actividad en la ciudad bonaerense, alegando falta de suministro eléctrico y razones operativas. El retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas alimentan la certeza entre los trabajadores de que la paralización será permanente.
La empresa avícola Granja Tres Arroyos notificó formalmente el cese de la actividad productiva en su planta de Capitán Sarmiento a partir del 31 de agosto de 2026. En un comunicado interno, la dirección argumentó que la medida obedece a «la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento». La suspensión, definida como temporal, se extiende «hasta nuevo aviso», una fórmula que los propios trabajadores interpretan como el preludio de un cierre definitivo.
El vaciamiento que habla por sí solo
Lo que convierte la preocupación de los empleados en algo más que un temor sindical es lo que ocurre puertas adentro: el directorio inició el retiro de la maquinaria concesionada y el vaciamiento de las oficinas, señales que en el lenguaje industrial raramente acompañan una pausa transitoria. Según informó **Infobae**, esas acciones concretas son las que alimentan la convicción de que la paralización no será temporaria sino permanente, lo que pondría en riesgo los puestos de trabajo de los empleados que aún permanecen en la planta.
La suspensión en Capitán Sarmiento no es un episodio aislado, sino el último eslabón de una cadena de cierres y paralizaciones que viene sacudiendo a la empresa a lo largo de todo el año. La estructura productiva de Granja Tres Arroyos se desintegra de manera sistemática, planta por planta, sin que la conducción empresarial haya ofrecido una hoja de ruta clara sobre el futuro de sus instalaciones y su personal.
Un año de recortes en serie
El panorama acumulado en 2026 es de una gravedad que no admite eufemismos. A principios de agosto, la empresa comunicó el despido de más de 250 trabajadores de su planta industrial La China, ubicada en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), justificando la medida en la caída de la actividad provocada por la gripe aviar. Con anterioridad, Granja Tres Arroyos había paralizado por un mes la planta de Avex en Río Cuarto (Córdoba) y suspendido a todo el personal en la planta Pinazo de Pilar. En Wade II hubo paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, mientras que en Wade I la producción se redujo de manera notoria.
El historial reciente incluye además el cierre de la planta de Tristán Suárez con 200 despidos y el cierre de la planta de Becar en Concepción del Uruguay, desde donde los 270 trabajadores fueron trasladados a La China, la misma planta que meses después recibiría los despidos masivos de agosto. Una lógica de concentración y achicamiento que ahora desemboca en la parálisis de Capitán Sarmiento.
El peso de una deuda de 350 millones de dólares
Detrás de cada cierre y suspensión late una crisis financiera de proporciones: la empresa arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos. A fines de 2024, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis, desde donde aceleró los recortes internos mediante un programa de retiros voluntarios y comenzó a afrontar sus obligaciones «de manera escalonada y en cuotas».
El colapso de la principal avícola del país no puede leerse en clave exclusivamente empresarial. Se trata de la destrucción de miles de puestos de trabajo en una industria que históricamente fue motor de empleo en el interior bonaerense y en provincias como Entre Ríos y Córdoba. Las suspensiones y cierres no solo dejan trabajadores en la calle, sino que erosionan la trama productiva de ciudades enteras que dependen del empleo industrial para sostener su economía local. La fórmula «fuerza mayor» que esgrime la empresa en sus comunicados no alcanza para explicar una crisis que es también el resultado de decisiones empresariales, de un contexto macroeconómico que encareció insumos y tarifas, y de un Estado que asiste al desmoronamiento sin intervenir con políticas activas de sostenimiento del empleo.
Puntos clave
- Granja Tres Arroyos suspendió «hasta nuevo aviso» su planta de Capitán Sarmiento desde el 31 de agosto de 2026, alegando falta de suministro eléctrico y razones operativas.
- El retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas generan entre los trabajadores la certeza de que el cierre será definitivo.
- En lo que va del año, la empresa despidió a más de 250 empleados en Concepción del Uruguay y paralizó o cerró plantas en Pilar, Río Cuarto, Tristán Suárez y Becar.
- La compañía arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y negocia quitas de hasta el 75% del capital con sus acreedores.
- A fines de 2024, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis.
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