Un fiscal federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pidieron someter a juicio oral a cuatro presuntos integrantes de una banda narco que en junio de 2022 arrojó a la ría de Bahía Blanca, presumiblemente desde una embarcación que luego abandonaron en ese espejo de agua, un cargamento de casi 200 kilos de cocaína listos para su exportación marítima.

El requerimiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la auxiliar de Procunar, Patricia Cisnero, recayó sobre Emiliano Maximiliano Peralta, Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera, Lilian Noemí Jara Cabrera e Ignacio Rolando Orué, quienes están detenidos e imputados de «contrabando de exportación calificado, por tratarse de estupefacientes y destinada para su comercialización en territorio nacional».

Fuentes judiciales informaron que el cargamento de 196,36 kilos de cocaína estaba distribuido en siete bolsos y tenía un 80 por ciento de pureza y se cree que la droga fue arrojada desde un bote semirrígido que se encontró abandonado a la deriva en la misma zona.

«En la maniobra, cuyo motivo de frustración se desconoce, existió intención de burlar el control aduanero», señaló el pedido delos acusadores, que consideraron que «debido a las características del accionar delictivo, el hecho encuadra dentro la figura de contrabando agravado».

La investigación comenzó el 27 de junio del año pasado cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló un bote semirrígido identificado como «Al I Lafken II» abandonado y a la deriva en el canal de acceso a la terminal portuaria de Bahía Blanca.

Al momento del hallazgo, la embarcación se encontraba sin ocupantes, con los pontones laterales desinflados, la llave de arranque colocada, una caja con elementos de pesca, chalecos salvavidas y tanques con combustible prácticamente llenos.

«La cocaína fue hallada en tres momentos diferentes: la primera parte fue encontrada en proximidades de la boya 21 de la ría de acceso al Puerto de Bahía Blanca dentro de cinco bolsos que flotaban sobre el espejo de agua», detallaron los fiscales.

También señalaron que se encontraron sogas y cabos que, tras ser extendidos «adquirían la forma de una especie de canasta que podría permitir la superposición de bolsos para la realización de un izado a bordo de una embarcación».

Esos cinco bolsos se hallaron el 30 de junio, mientras que al día siguiente se encontró un sexto flotando en la misma ría y el 18 de julio un séptimo semienterrado en una playa cercana de la Base de Infantería de Marina Baterías, próxima a Punta Alta.

De acuerdo al expediente, la droga incautada estaba acondicionada de forma compacta en paquetes rectangulares, estancos, herméticos y sujetos con sogas y que contaban con un grabado con la leyenda «Patrón».

En el marco de la pesquisa, personal de PNA halló luego una factura emitida el 23 de junio por una firma vinculada con una estación de combustible y alojamiento en Coronel Pringles, «a nombre de Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera» y que «refería al alquiler de una habitación cuádruple» para la noche del 22 de junio.

«En el marco de la pesquisa se determinó que Orué se alojó en el cuarto continuo y que, tras acceder al registro de pasajeros del hotel, se corroboraron los nombres de quienes efectivamente se alojaron», señalaron los fiscales.

También determinaron que tras el registro de titularidad de la embarcación secuestrada surgió el nombre de Aureliano Villalba Cabrera, quien actualmente se encuentra prófugo.

Para los investigadores, ese bote había sido trasladado antes de su abandono a Villa del Mar, en cercanías de Punta Alta, en un tráiler sujeto a una camioneta marca Ford Ranger 4×4, cuya titularidad estaba a nombre de Peralta.

Respecto de Lilian Jara Cabrera, los pesquisas le atribuyen un rol activo en las tareas logísticas que demandó la actividad emprendida por la estructura criminal.

«Intervino en gestiones tendientes a dotar de vehículos, teléfonos móviles y recursos humanos a la organización, como ocurrió con otro de los acusados, con quien mantenía una relación amorosa», señaló la fiscalía.

Por último, los voceros añadieron que las tareas investigativas permiten sostener que la intención de los acusados era «exportar los estupefacientes a través de un buque apto para una travesía prolongada, posiblemente transoceánica, pues de lo contrario no se justificaría que se hayan movilizado hacia una terminal portuaria que ciertamente está muy distante de su lugar de residencia», que es en el partido bonaerense de Florencio Varela, en el sur del conurbano.