En la madrugada del 20 de enero de 2026, el gobierno de Javier Milei tomó el control del Puerto de Ushuaia mediante una intervención administrativa que desalojó a casi 150 empleados y despojó a la provincia de Tierra del Fuego de un activo estratégico que maneja un presupuesto de $22.000 millones anuales. La medida, firmada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, contradice la retórica libertaria del achicamiento del Estado y abre interrogantes urgentes sobre los intereses geopolíticos que la motivan.