Los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri sellaron acuerdos para las ramas metalmecánica y siderúrgica que implicarán una pérdida de más del 11% del poder adquisitivo de los trabajadores. El arreglo consolida el objetivo político de la maniobra judicial y abre la puerta a una revisión de convenios bajo la ley de modernización laboral.