Un tribunal de la ciudad de El Alto, en Bolivia, se declaró incompetente para juzgar y procesar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez en la vía ordinaria por el llamado caso Senkata, la represión a protestas en 2019, y consideró en cambio que debe ser sometida a un juicio de responsabilidades en el Parlamento.

La decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto representa de alguna manera un pequeño triunfo judicial para Áñez, que siempre consideró que sus acciones como mandataria debían ser discutidas en la Asamblea Legislativa.

“El tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Ciudad de El Alto, por voto unánime y conjunto de sus miembros se declara incompetente para conocer y resolver los hechos acusados por el Ministerio Público contra Jeanine Áñez Chavez”, señala la resolución, publicada en Erbol y otros sitios de medios bolivianos.

El tribunal aseguró que a Áñez le corresponde un juicio de responsabilidades, ya que fue reconocida como jefa de Estado por todos los órganos de Estado.

“Si bien, la forma de asumir la Presidencia del Estado Plurinacional del Estado Boliviano por Jeanine Áñez Chavez es cuestionada, lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del órgano Ejecutivo; no solamente como ciudadanos, sino también los Órganos del Estado”, afirma el documento.

Áñez está presa en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

El 10 de junio, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz la sentenció en el caso Golpe de Estado II, por los actos de su autoproclamación, a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, y resoluciones contrarias a la Constitución.

Pero, además, es acusada de terrorismo en el caso llamado Golpe de Estado I.

La exmandataria se pronunció en sus redes sociales y afirmó que “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen” y “toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente”.

Hace semanas, demandó al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle justamente un juicio de responsabilidades.

En Bolivia se aplica un juicio de responsabilidades sólo a exmandatarios, proceso que debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa por dos tercios de voto.

El partido gobernante tiene la mayoría en el Congreso -aunque está dividido en dos subloques, uno referenciado en el exmandatario Evo Morales y otro en el presidente Luis Arce-, por lo que parece difícil que prospere un juicio de responsabilidades.

La defensa de la exmandataria considera que enjuiciarla por la vía ordinaria no cumple con la Constitución Política del Estado.

La Fiscalía de Bolivia pidió hace dos semanas una condena de 30 años de prisión para Áñez al acusarla formalmente de “genocidio” por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas.