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Denuncia

Un senador oficialista fue acusado de abuso sexual de menores en Uruguay

“Por ahora seguiré siendo senador”, dijo Penadés.

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El senador del oficialista Partido Nacional de Uruguay, Gustavo Penadés, rechazó hoy en Montevideo las acusaciones de abuso sexual infantil hechas en su contra por una militante trans de su formación y afirmó que “por ahora” no va a renunciar a su banca, según informaron medios locales.

“Por ahora seguiré siendo senador”, dijo Penadés a periodistas tras finalizar una declaración pública en el Congreso, consignó el diario El Observador.

El legislador hizo estas declaraciones, un día después de que una militante trans de su fuerza política, Romina Celeste Papasso, asegurara a un programa televisivo haber mantenido dos veces relaciones sexuales con Penadés cuando tenía 13 años y aún no había iniciado su transición.

Según afirmó Papasso, quien ya había adelantado el pasado domingo en su Twitter que un reconocido dirigente de su partido había abusado de ella cuando era menor, el senador le dio dinero como “regalo” tras el acto.

Sin embargo, Penadés negó hoy tales declaraciones y señaló que se trataba de “un tema estrictamente personal”.

“Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella, lo que no admito es que por tenerla se me pueda acusar de pedófilo”, dijo el hombre de 57 años, quien hasta ahora no había dicho públicamente que es homosexual, pero aseguró haber votado leyes en favor de la comunidad LGBTIQ+.

Ante la denuncia, el senador conservador explicó que se puso a disposición de la Justicia para que investigue el caso, a la vez que anunció que iniciará acciones legales correspondientes “contra todos los participantes activos de estas calumnias”.

Papasso, por su parte, advirtió al senador tras la conferencia de prensa que hay “mucha más gente atrás” que también lo acusa de abuso sexual.

“La sorpresa es que no era algo personal, solamente conmigo, había mucha más gente atrás. No lo podía creer”, dijo la militante al diario El Observador tras escuchar la declaración de Penadés.

“Ahora hay más gente atrás. Penadés sabe que atrás de Romina Celeste ahora hay gente”, afirmó Papasso, quien expresó que el legislador “va a tener que pensar bien que es lo que va a hacer” porque ahora “va a ser una instancia contra varias personas”.

Tras hacer pública su acusación anoche, la militante afirmó haber recibido varias acusaciones contra Penadés y, de hecho, fue publicando parte de las mismas, al igual que fotos y videos en su perfil de Twitter como supuestas pruebas.

“Rata inmunda, se quedó sin plata con un menor y entró al cajero. Todavía sos víctima ahora. Todas las fotos y videos mañana a las 11. ¡Con los niños, no!”, tuiteó horas antes de la rueda de prensa junto a una captura de pantalla, en la que se ve al legislador frente a un cajero automático presuntamente con el fin de retirar el dinero para pagar a menores por sexo.

Pese a estas acusaciones, la militante oficialista, que lidera la agrupación 2424, señaló que tomó las declaraciones dadas hoy por Penadés “como unas disculpas públicas”.

“Me pareció lo que él dijo, de que esto quedara como una anécdota, como un recuerdo, yo la verdad que… somos parte de la misma colectividad, de mi parte podría serlo sí, porque estas cosas por lo menos de mí lo puedo tomar como unas disculpas públicas, de alguna manera, pero no sé de las demás personas”.

Papasso indicó que Penadés “nunca se comunicó” con ella, pero que si la llama “lo atendería”, y explicó que “las fotos” que publicó en las redes sociales en las pasadas horas las compartió por “la gente”.

“Capaz que sin decirlo asume que en su momento estuvo mal, y errores podemos tener todos. Espero que las otras personas piensen igual que yo, y esto quede como unas disculpas”, concluyó Papasso, cuyas acusaciones estuvieron motivadas por un comentario en que Penadés aseguró a la prensa que no le constaba que esta fuera militante del Partido Nacional.

Argentina

PreDictadura | Causa Villazo: piden prisión preventiva para 20 acusados

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que dicte prisión preventiva a los 20 procesados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como “Villazo”, que aguardan el juicio en libertad, informaron fuentes del organismo.

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A través de una presentación escrita ante el TOF1 de Rosario, la APDH requirió esa medida frente al “peligro de fuga y entorpecimiento procesal” de los imputados que permanecen en libertad, indicaron a Télam fuentes de la querella.

El organismo defensor de los derechos humanos recordó que en la causa hay un solo procesado que cumple prisión preventiva, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En un comunicado señalaron que “los demás, que gozan impunemente de libertad, representan un serio y real riesgo de fuga y con ello, la frustración del inicio del juicio que ya lleva 48 años de espera”.

Si bien el Tribunal aún no fijó la fecha de inicio del proceso oral por los hechos conocidos históricamente como “Villazo”, por la ocupación militar, policial y paramilitar de la ciudad santafesina de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, está previsto que se sustancie en el segundo semestre de este año, indicaron desde la delegación local de la APDH.

“La petición exige que los procesados por la causa del ‘Villazo’ esperen el inicio de juicio con la imposición de prisión preventiva en cárcel común”, indicó el organismo.

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La causa por el “Villazo” juzgará homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 67 víctimas, en su mayoría integrantes de la Lista Marrón de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, que entonces estaba enfrentada a su conducción nacional, en manos del histórico dirigente Lorenzo Miguel.

El único imputado que se encuentra con prisión preventiva es el expolicía federal Roberto Raúl Squiro, mientras que los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis cumplen prisión domiciliaria.

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Los restantes 20 procesados están en libertad a la espera de la realización del juicio.

“Desde la APDH exigimos proteger este proceso de lesa humanidad, que tanto camino ha recorrido en estos 10 años de lucha judicial y en las calles de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos”, agregó la querella de la APDH.

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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Según la investigación, ese proceso represivo ofició como “laboratorio” de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Entre los acusados hay dos empleados jerárquicos de la empresa Acindar, que de acuerdo a la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM.

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