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Avanza causa por muerte de Sebastián Moro en Bolivia

Aceptaron un perito argentino en el expediente sobre la sospechosa muerte del periodista mendocino durante el golpe de Estado en Bolivia que derrocó a Evo Morales en 2019, en lo que representa un nuevo impulso en la causa, tal como lo pretendía la familia, luego de tres años de inacción.

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Por Néstor Llidó

El Ministerio Público de Bolivia aceptó la participación de un perito de parte en la causa que investiga la muerte, denunciada como un crimen por sus familiares y amigos, del periodista Sebastián Moro, quien se encontraba en la ciudad de La Paz, cuando en noviembre de 2019, ocurrió el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales. La medida fue recibida de buena manera, al considerar que puede resultar “un nuevo impulso”, debido a que el expediente transitó en los últimos sin mayores movimientos que generaran “novedades significativas”.

Según la abogada Mary Carrasco, quien patrocina a la familia de Sebastián Moro en Bolivia, “se nos aceptó la presentación del perito argentino Guillermo Martínez Agüero”, al que calificó como un profesional “con mucho conocimiento” en la materia.

Cabe recordar que el 10 de noviembre de 2019, el periodista (oriundo de la ciudad de Mendoza) fue hallado agonizando en su casa de la capital boliviana de La Paz, en momentos de extrema tensión política y situaciones de violencia, que derivó en el golpe contra Evo Morales y el ataque a sus simpatizantes por parte de grupos parapoliciales.

Si bien se indicó que Moro (de entonces 40 años) había sufrido un ACV, pero su familia siempre sospechó de una agresión, debido a los golpes que presentaba el cuerpo y que podrían corresponder a torturas. Por lo tanto, inició una demanda para establecer sí pudo haber sido víctima de un homicidio, tal como todo parece indicar.

«La más importante es determinar si se trató de una muerte natural o un hecho criminal. Por supuesto que nosotros decimos que se trató de un asesinato, por todas las circunstancias que rodearon su muerte. Pero para eso necesitamos haya un análisis científico”, señaló la letrada Carrasco.

Sebastián Moro había publicado en el diario Página/12, una nota titulada “Un golpe de estado en marcha en Bolivia”, dando cuenta del levantamiento de la Policía y el Ejército, en una situación política que derivó en renuncia de Evo Morales. Fue su último trabajo, antes de ser hallado sin vida, en sospechosas circunstancias.

Su muerte se produjo en momentos en que el director de la radio de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), José Aramayo, era torturado y atado a un árbol, en esa misma emisora se desempeñaba Moro.

Por su parte, la abogada que representa a la familia Moro en Argentina, Viviana Beigel, señaló que “en Mendoza se solicitó una pericia a un organismo que depende del Cuerpo Médico Forense para determinar las causas del fallecimiento de Sebastián. Todavía estamos en el terreno de investigación de determinación de causas de muerte para poder avanzar”.

La causa ha tenido una enorme repercusión a nivel internacional y se puso en marcha la campaña “Justicia por Sebastián Moro”, de la que participan organismos de derechos humanos de todo el mundo y a nivel nacional, concitó la adhesión de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS e HIJOS Capital, como así también el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).


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Argentina

Manifestantes llegaron frente a la estancia de Lewis

«La columna 2 de montaña ‘Juana Azurduy’ llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis», dijo el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien.

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Una columna de manifestantes llegó hoy a una de las playas de Lago Escondido situada frente a la estancia del magnate británico Joe Lewis, luego de que a otro grupo se le impidiera ingresar por el camino público de Tacuifí por la acción de peones rurales que trabajan en esa propiedad.

En declaraciones a Télam, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, ofreció detalles sobre el avance de la marcha tras los incidentes reportados el miércoles, cuando fueron agredidos varios participantes de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

«La columna 2 de montaña ‘Juana Azurduy’ llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis. Su gente dice que tienen que salir por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el camino público de Tacuifí se van a quedar una semana acampando hasta recibir una respuesta favorable», explicó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales.

Asimismo, detalló la situación del manifestante herido Gabriel Berrozpe, hijo del sindicalista bancario Eduardo Berrozpe, que luego de la agresión del miércoles fue «trasladado al hospital de Bariloche por razones de seguridad».

«Sabemos que tiene una lesión en su tabique nasal y aparentemente una fractura en la pierna, pero lo trasladaron porque en El Bolsón no hay seguridad», completó.

Durante la tarde de hoy fue evacuado el médico y dirigente peronista Jorge Rachid, quien había llegado al espejo de agua junto a la columna 2 de montaña.

Fue retirado por médicos a bordo una ambulancia de la localidad de El Foyel por decisión «preventiva» y se encuentra en El Bolsón.

«Estoy bien. Vino una médica, me tomó la presión y me preguntó para evacuarme preventivamente», comentó sobre el momento en el que aceptó regresar. Asimismo, dijo confiado: «La columna que está acampando frente a lo de Lewis va a salir por el camino de Tacuifí, yo lo garantizo».

Sobre el ataque del miércoles, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que «no llama la atención» porque esas tierras, dijo, se usan «para conspirar contra la división de poderes, contra la República y contra el orden institucional».

«Existe en Lago Escondido un terrateniente que tiene una cantidad de tierras en la Argentina y que usa su mansión para llevar allí a dueños de medios de comunicación, a jueces y a funcionarios del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta para conspirar y armar acuerdos para perseguir a un sector político», sostuvo la portavoz en conferencia de prensa.

Durante el ataque también resultaron heridos el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, quienes volvieron a repudiar los hechos.

«Se generó una persecución que podría haber sido una tragedia por la violencia desatada. Retrocedimos dispersos. A mi me pegaron con algo en la sien que me dejo desvanecido en el piso. Me logré levantar y me pegaron desde todos los flancos a pie y con caballos», relató Harispe a Télam.

El diputado detalló que un grupo ingresaba «a través del camino público llamado Huella Andina» cuando comenzó la «persecución» por parte de los peones de Lewis.

«Un grupo entramos por atrás a través de otro camino público llamado Huella Andina, entrando por sus espaldas a 500 metros. Cuando nos acercamos para charlar y salir por la entrada principal cerrada, fuimos recibidos con una pedrada», señaló.

Posteriormente, según Harispe, llegaron policías y el comisario «todos sin armas, transportados por los mismos agresores».

Por su lado, Fierro indicó que este ataque «es consecuencia» de que existe un «Estado paralelo en la Patagonia».

«Lo de ayer es consecuencia de lo que venimos denunciando hace tiempo, no sorprende, muestra que es un enclave británico en la Patagonia. Es gravísimo lo que nos pasó, pero es necesario marcarlo para que se termine este Estado paralelo», sostuvo la dirigente social que se encuentra dentro del Frente de Izquierda Unidad (FITU) en declaraciones a la radio AM990.

Fierro explicó que el camino estaba cerrado por una reja de hierro, lo cual contradice el fallo judicial del año pasado.

«Cuando ingresamos por un camino de montaña y llegamos al camino, que desde septiembre del año pasado la justicia ordenó que se tiene que abrir, nos terminaron tirando piedras, los caballos encima y palos», subrayó.

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En este escenario, el exjuez y asesor legal de una de las organizaciones de la marcha, Daniel Llermanos, radicó una denuncia penal en el juzgado federal de Bariloche por «lesiones agravadas por alevosía y comisión premeditada de numerosas personas, privación ilegal de libertad y amenazas agravadas».

«Venimos a denunciar la comisión de diversos delitos, como privación ilegal de la libertad agravada, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y para compeler y hacer abandono de una provincia y lesiones agravadas -cuya gravedad aún no se ha determinado-«, tuiteó Llermanos junto al texto de la denuncia.

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Y agregó: «La responsabilidad penal por el hecho que denunciamos no se limita a los perpetradores, sino que se extiende al autor mediato o instigador, Joe Ted Lewis».

A la vez, la abogada y exsenadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso al lago, pidió la renuncia de la ministra de Seguridad de esa provincia, Betiana Minor, y de su jefe de Policía, Osvaldo Tellería, por «omitir actuar» ante los «ataques».

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«El jefe de la Policía y la ministra de Seguridad debieron resguardar la vida y la salud de los ciudadanos y acatar la orden judicial emitida el día anterior por el juez de amparo de San Carlos de Bariloche, quien dispuso que se garantizara la integridad física de todas las personas», indicaron los apoderados legales de Odarda a través de un comunicado.

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También repudiaron la «usurpación y la violencia» del ataque distintos dirigentes y organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentran la Asociación Bancaria Argentina y la CTA Autónoma de Río Negro.

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Hizo lo propio el escritor y periodista Mempo Giardinelli, integrante de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía sobre el río Paraná y el Canal Magdalena, quien consideró que «la presencia de Lewis en la Argentina es escandalosa».

«Hay que expulsarlo. Lewis es una persona no grata para el pueblo argentino y esto es lo evidente y lo que se pide es la expulsión del país», dijo Giardinelli a Télam desde la movilización.

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