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Región

Perú: continúa la represión en el gobierno de Boluarte

Hubo heridos y más detenidos en protesta multitudinaria en Lima.

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Una multitudinaria marcha contra el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, y por el cierre del Congreso, terminó anoche con enfrentamientos en el centro de Lima, con 26 detenidos y 24 heridos.

A la movilización asistieron gremios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de las regiones del sur andino Cusco y Puno, de las más postergadas en Perú, así como de Lima.”De esta lucha no nos sacan”, dijo Adela Paz, una mujer de 68 años, proveniente de Cusco, que pidió por “el cambio de Perú en favor de su gente que trabaja”, informó la agencia de noticias AFP.

Al caer la noche, la policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos cuando avanzaban hacia la sede del Congreso y las cercanías del palacio de Gobierno.Los manifestantes enfrentaron a los cuerpos de seguridad lanzando fuegos pirotécnicos, y se protegieron con cascos y escudos caseros.

Un total de 26 personas fueron detenidas y otras 24 resultaron heridas en los enfrentamientos, informó el diario La República.La Defensoría del Pueblo de Perú dijo que cinco personas fueron hospitalizadas tras las protestas, entre ellas un agente de Policía.

La nueva protesta se realizó un día después de que el Congreso bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales.Con esta decisión basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre en protestas que han dejado 48 muertos.

“Nos duele en el alma que hayan archivado propuesta para adelanto de elecciones“, lamentó el cardenal peruano Pedro Barreto.Boluarte no ha reaccionado a la decisión del Congreso.La mandataria reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

La intención inicial de Boluarte era completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de movilizaciones pidió al Congreso anticipar los comicios.

En el centro de Lima las manifestaciones se hacen sentir desde mediados de enero con centenares y miles de personas de regiones, pero los sectores residenciales y comerciales cercanos a la costa del Pacífico parecen ajenos a la crisis política y social.

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DDHH

Chile: declara Piñera por violaciones a los DDHH

Es por las represiones de Carabineros ocurridas durante 2019 que dejaron 34 muertos y más de 4 mil heridos.

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La Fiscalía chilena citó al ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) a declarar como eventual responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas del estallido social de 2019, que dejó numerosas víctimas, informaron hoy medios locales.

“El expresidente Sebastián Piñera tiene fijada su comparecencia ante la Fiscalía en los próximos días en calidad de imputado”, consignó el Ministerio Público al diario capitalino La Tercera.

Además, comparecerán las autoridades de Gobierno que acompañaron al exmandatario de derecha en sus decisiones, como los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los exsubsecretarios de la misma cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.

Frente a esta convocatoria, el abogado de Piñera, Samuel Donoso, dijo que tanto él como su cliente tienen “la tranquilidad y convicción de que en el actuar (del imputado) siempre se buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos”

Argumentó que, “en consecuencia, no se configura delito alguno, pues su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones”.

Durante las protestas, el Ejecutivo ordenó una represión a cargo de Carabineros (policía militarizada), Policía de Investigaciones (policía civil) y las tres ramas de las Fuerzas Armadas, lo que derivó en una serie de violaciones a los derechos humanos.

Estas vulneraciones fueron confirmadas por distintos entes internacionales que enviaron observadores al país, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las ONGs Rights Human Watch y Amnistía Internacional, reseñó la agencia de noticias Sputnik.

El estallido social comenzó el 18 de octubre de 2019 y se extendió hasta el 18 de marzo de 2020.

Dejó 34 muertos, según cifras oficiales, aunque la oposición y organismos de derechos humanos consideran que fueron muchos más. Además, cerca de 4.000 personas tuvieron que ser hospitalizadas y hubo centenares de detenidos.

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