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Condenan a un ex diputado venezolano por atentado contra Maduro en 2018

Se trata de Juan Requesens, quien integró el anterior Parlamento, elegido en 2015 y controlado por la oposición. Recibió una pena de ocho años de cárcel «por el delito de conspiración».

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Un tribunal venezolano condenó hoy a un exdiputado opositor y a otras 16 personas por su participación en un atentado en Caracas en 2018, durante un acto en el que participaba el presidente, Nicolás Maduro, y la cúpula militar venezolana.

Juan Requesens, que integró el anterior Parlamento elegido en 2015, controlado por la oposición, recibió una pena de ocho años de cárcel «por el delito de conspiración», tuiteó su abogado, Joel García, tras una audiencia que se realizó en la madrugada.

Requesens fue excarcelado en agosto de 2020 tras pasarse más de dos años en prisión por su presunta implicación en el supuesto atentado perpetrado en 2018 contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero tuvo que permanecer bajo arresto domiciliario.

El opositor venezolano fue detenido el 7 de agosto de 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue despojado posteriormente de su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional Constituyente.

El Gobierno publicó entonces un vídeo en el que apareció Requesens, que admitía haber ayudado a cruzar la frontera con Colombia al presunto autor material del fallido intento de magnicidio.

El 4 de agosto de 2018 un dron explotó a una distancia de entre 100 y 200 metros del estrado donde el presidente daba un discurso durante un desfile militar en Caracas, según explicaron las autoridades.

Además, poco después un segundo dron se estrelló contra un edificio de departamentos a dos calles del lugar donde estaba Maduro.

La oposición venezolana ha denunciado en numerosas ocasiones que Requesens fue arrestado sin que se respetara su inmunidad parlamentaria.

La Asamblea Constituyente lo desaforó días después de que fuera detenido. Desde entonces, tanto la oposición como la familia han acusado a las autoridades venezolanas de torturarlo, aduciendo como prueba los dos vídeos difundidos por ellas nada más ser detenido.

Del total de condenados, 12 recibieron la pena máxima de 30 años.

Enfrentaban cargos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el presidente de la República, traición a la patria y lanzamiento de explosivos en lugares públicos, detalló el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, que atiende casos de presos políticos.

«Es evidente que estas condenas tienen como finalidad sustentar la falsa narrativa del poder en cuanto a un supuesto intento de magnicidio. Son ‘chivos expiatorios’», afirmó Himiob, citado por la agencia de noticias AFP.

«La dictadura lo secuestró y mantiene privado de su libertad como mecanismo de persecución a toda una sociedad que resiste», dijo en Twitter el dirigente opositor Juan Guaidó.

Dos de los acusados, Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona, recibieron la pena máxima de 30 años de cárcel, y otro, Juan Rivas, fue sentenciado a 20, según Foro Penal.

«No existen evidencias que la vinculen a ninguno de esos delitos. La señora Benítez y su pareja, Yolmer Escalon, estaban prestando un servicio de taxi a personas que no conocían cuando fueron arrestados», señaló Himiob. 

Agregó que el «Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU declaró en 2021 que la detención de Emirlendris Benítez había sido arbitraria e instó al Estado venezolano a liberarla», pero «nada de esto fue tomado en cuenta por el Tribunal».

En el caso de Rivas, la fiscalía «había consignado evidencias que lo exculpaban, sin embargo, contra toda lógica, solicitó su condena».

El general del Ejército Héctor Hernández Da Costa, de 56 años, recibió una condena de 16 años. «Estos cuatro años han sido una pesadilla», según su hija, Loredana Hernández.

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Maduro, por su parte, dijo estar firme y en pie de lucha, a cuatro años del episodio en el que siete efectivos de la Guardia Nacional resultaron heridos.

«A cuatro años del día en el que los enemigos atentaron contra la paz de Venezuela, seguimos firmes, unidos, conscientes y en pie de lucha», afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.

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Mundo

Imágenes sensibles: brutal explosión en Guayaquil

Al menos cinco personas murieron y otras 26 resultaron heridas. El gobierno de Ecuador atribuyó el hecho al narcotráfico.

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Cinco personas murieron y otras 26 resultaron heridas hoy a causa de una explosión en Guayaquil, que el gobierno de Ecuador atribuyó al crimen organizado que golpea al país, informaron autoridades y organismos de socorro.

«Mercenarios del crimen organizado, que han narcotizado la economía durante mucho tiempo, ahora atacan con explosivos; no es un problema de la Policía de Ecuador, es una declaración de guerra al Estado», escribió en Twitter el ministro del Interior, Patricio Carrillo, al compartir la noticia, informaron el diario El Universo y la agencia de noticias AFP.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, afirmó que se trató de «un atentado provocado por bandas criminales» y reclamó al presidente Guillermo Lasso que «tome las debidas cartas en el asunto», según el diario guayaquileño El Comercio.

Por la tarde, la Municipalidad de Guayaquil elevó de 16 a 26 la cantidad de heridos por la explosión y aclaró que 10 de ellos estaban en «estado crítico».

La explosión, cuyas causas no habían sido precisadas por las autoridades hasta esta tarde, afectó también a ocho viviendas y dos autos, que quedaron destruidos, de acuerdo con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Fue una «explosión de proporciones», indicó a través de Twitter la Policía.

El Comercio describió que «la explosión fue tan potente que destruyó gran parte de tres viviendas»; que «los postes y los cables del alumbrado público también cayeron al piso», y que «varios vehículos que estaban en la calzada terminaron totalmente afectados».

Según testigos citados por el periódico, inmediatamente antes de que se escuchara la explosión se produjo un tiroteo entre grupos de personas a bordo de motocicletas y luego algunos de ellos arrojaron una bolsa de arpillera al local de un comercio de comidas. «Allí habrían estado los explosivos que detonaron segundos después», dijo el diario.

La Policía inició había iniciado una búsqueda -que incluía la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona- para dar con los autores del atentado y el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 10.000 dólares para quienes pudieran suministrar información valiosa sobre el incidente.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, enfrenta una oleada de criminalidad vinculada al tráfico de drogas, que deja escenas de terror con cuerpos decapitados y colgados de puentes al estilo de la modalidad utilizada por los carteles narcos de México.

Los enfrentamientos se extienden hasta las cárceles, donde desde febrero de 2021 se produjeron siete matanzas con cerca de 400 reos muertos. «O nos unimos para enfrentarlo (al crimen organizado) o el precio será aún más alto para la sociedad», advirtió Carrillo en su mensaje.

El más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), publicado en junio, indica que Ecuador en 2020 decomisó 6,5% del total de la cocaína incautada en el mundo.

En 2021, Ecuador incautó el récord de 210 toneladas de droga, la mayoría cocaína. En el primer semestre de este año, los decomisos superan las 100 toneladas. El año pasado la nación, con 18 millones de habitantes, cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.

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