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La «fake news» difundida por WhatsApp que agitó el odio de bolsonaristas, que piden golpe militar

La interpretación falaz del discurso de Jair Bolsonaro motiva aún más la embestida de la derecha brasileña que fue a los cuarteles a pedir la intervención del ejército para anular las elecciones en las que triunfó Lula el pasado domingo. En ese contexto, también aparecieron grupos de ultraderecha que corearon sin tapujos y exhibieron un patético orgullo nazi.

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El-Argentino-Brasileños frente a cuarteles pidiendo golpe de Estado

Por Pablo Giuliano

Seguidores del presidente brasileño Jair Bolsonaro protestaron este miércoles frente a los cuarteles del Ejército en San Pablo y Río de Janeiro para reclamar a los jefes militares intervenir mediante un golpe de Estado e impedir la asunción del mandatario electo el domingo en las elecciones generales, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los manifestantes entendieron, y así lo diseminaron por más de 220.000 grupos de WhatsApp y Telegram, que el discurso de ayer de Bolsonaro en el Palacio del Planalto, dos días después de haber sido derrotado, los invita a seguir manifestándose y reclamando fraude.

El presidente evitó admitir la victoria de Lula y dijo que respetará la Constitución, a la vez que justificó las protestas, aunque se opuso a que sean violentas.

«Venimos a pedirle al Ejército que haga una intervención federal en las instituciones de Brasilia, en la justicia electoral, que se vote nuevamente porque hubo fraude. Nosotros somos el pueblo y no aceptamos las elecciones, queremos el recuento de los votos», dijo a Télam Marcelo Rossetti, uno de los organizadores de la marcha en San Pablo, vestido con una camiseta de la selección brasileña, que es usada desde 2015 por los seguidores de la ultraderecha.

Según Rossetti, la manifestación debería permitir un golpe para evitar la asunción de Lula.

«Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula en su discurso, por eso estamos acá, para no permitir que asuma», dijo entre gritos Marcia, levantando un cartel con la frase «No al Comunismo-Stop Comunism».

La protesta generó un caos de tránsito en el feriado del Día de los Muertos frente al Comando del Sudeste de Ejército Brasileño, en inmediaciones de Parque Ibirapuera, uno de los lugares emblemáticos de San Pablo, la mayor ciudad sudamericana.

En la protesta, que estuvo convocada por grupos de WhatsApp y Telegram, muchos de los participantes entrevistados por Télam repetían las noticias falsas que les llegaban a su celular, como que era inminente una decisión del jefe de Ejército para detener al presidente de la corte electoral, Alexandre de Moraes. En el lugar, sin embargo, no había dirigentes políticos de peso.

La consigna de los golpistas fue similar a la utilizada por Bolsonaro en la campaña: patria, familia, propiedad y libertad.

Decenas de manifestantes montaron carpas en inmediaciones de la Asamblea Legislativa de San Pablo, frente a cuartel del Ejército, para realizar una «vigilia» para pedir que se anulen las elecciones.

«Lula no puede asumir, fue condenado y no tendrá respiro si asume el gobierno», comentó un hombre que se identificó como Rafael Vieira, quien aseguró que quien dio un golpe de Estado fue «el Supremo Tribunal Federal» al anular la condena de los cargos de corrupción contra el ahora presidente electo.

El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) estuvo 580 días en la cárcel y fue proscrito en las elecciones de 2018, que ganó Bolsonaro, por condenas que fueron luego anuladas por parcialidad y falta de competencia del juez.

En Río de Janeiro, la manifestación cortó la Avenida Presidente Vargas y en Bahía un pequeño grupo marchó frente al regimiento de Salvador.

Los manifestantes cortaron las calles sin ser reprimidos por la policía.

Estas protestas se dan mientras en el país se redujeron los bloqueos de rutas iniciados el lunes por bolsonaristas que no reconocieron el resultado, pese a que el presidente ordenó iniciar la transición con el equipo de Lula.

El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó que la Policía Militar participe en las acciones para levantar los piquetes, incluso en las rutas nacionales, y que se investigue al director de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques.

La corte suprema también autorizó a la Policía Militar a identificar camiones utilizados para bloquear el tráfico para que se aplique una multa de 100.000 reales (más de 19.000 dólares) por hora y detención.

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Legislativo

Bolivia: media sanción a la ley de Censo

Con más de dos tercios de los votos y tras una sesión maratónica, el pleno de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto que será enviado ahora al Senado.

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La Cámara de Diputados de Bolivia dio hoy media sanción a la ley del Censo, por lo que el oficialismo exigió suspender las protestas y el paro de actividades en la provincia de Santa Cruz, bastión de la oposición, que cumple 36 días.

Con más de dos tercios de los votos y tras una sesión maratónica, el pleno de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto que será enviado ahora al Senado.

«Esperamos que, con esta ley, inmediatamente se suspendan las movilizaciones en Santa Cruz. No existe ninguna razón para continuar con esas medidas dado que esta normativa será remitida a Senadores», dijo el presidente de Diputados en conferencia de prensa.

«Hemos aprobado una ley que esperemos contribuya al retorno de la normalidad y cese la violencia en nuestro departamento. Esperamos que hoy empiece a levantarse las medidas de presión (en Santa Cruz)», expresó el dirigente, según declaraciones reproducidas por la agencia local ABI.

El 22 de octubre pasado, un «movimiento cívico» que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz convocó a un paro por tiempo indefinido para exigir que el censo sea en 2023, en lugar de 2024 como había propuesto el Gobierno nacional, dado que determina el reparto de recursos entre las regiones del país.

El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, en una reunión del presidente Luis Arce, de izquierda, con autoridades regionales.

Hoy se cumplen 36 días del inicio del paro de actividades en Santa Cruz, bastión opositor al Gobierno de Arce, para exigir una redistribución de recursos y escaños parlamentarios que dependen del censo.

Esta ley aprobada en Diputados fija una «nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de 2024».

La normativa también ordena a que el Instituto Nacional de Estadísticas remita al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales del futuro censo para que se elabore un proyecto de ley de distribución de escaños de acuerdo a los datos y que tendría vigencia en las próximas elecciones generales previstas para 2025.

Durante la sesión, los diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron la cárcel para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, a quien culpan de pérdidas económicas, pasando por violencia, hasta muertes, durante el paro.

Lo mismo exigió el expresidente Evo Morales en su cuenta de Twitter: «Los crímenes del golpista confeso Camacho contra ciudadanos indefensos de Santa Cruz por el ‘delito’ de querer trabajar no deben quedar en la impunidad».

«Exigimos a los ministerios de Gobierno y Justicia que lo detengan y procesen por cometer delitos en flagrancia», apuntó y dijo que si el líder opositor no es juzgado «se comprobará una vez más que tiene un acuerdo político con el gobierno», en medio de los cruces internos entre el exmandatario y Arce.

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