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Judiciales

Autorizan la salida de 12 tripulantes del avión Venezolano y a siete le mantienen la prohibición

La Justicia todavía busca determinar si, “bajo la apariencia o ‘pantalla’ de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional”.

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El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó hoy la devolución de los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Argentina el 6 de junio pasado mientras que mantuvo la prohibición de salir del país para otros siete, entre los que se encuentra el piloto iraní sobre el cual planteó sospechas el FBI.

La decisión de mantener las restricciones sobre algunos de los tripulantes del avión que llegó desde México, con escala en Venezuela, tiene que ver con que el juez aún “tiene dudas” respecto de si una parte de la tripulación pudo haber arribado a la Argentina con objetivos distintos al declarado traslado de autorpartes.

La Justicia todavía busca determinar si, “bajo la apariencia o ‘pantalla’ de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional”, según surge de la resolución de unas 260 páginas.

Los tripulantes sobre los que aún pesa la prohibición de salir del país son los ciudadanos iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras.

El juez destacó en su resolución que los 19 tripulantes del avión de Emtrasur revisten carácter de imputados aunque, de momento, no existe mérito suficientes para convocarlos a prestar declaración indagatoria.

En esta causa se investiga “si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, estén financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, surge del fallo.

El magistrado resaltó en su resolución que el derecho internacional expresa “con determinación” la necesidad de que los Estados “adopten medidas preventivas para reprimir la preparación de un acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación”.

Al sostener las medidas restrictivas sobre algunos de los tripulantes, el juez indicó también las posiciones de la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la fiscal Cecilia Incardona que se habían opuesto a que se habilitara la salida del país de los imputados y habían remarcado que aún existen medidas de prueba en curso.

Al promover esta investigación, la fiscal Incardona había puesto el foco en el piloto del avión porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto» y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.

Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre «exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».

En línea con eso, el juez Villena señaló que si bien coincide con lo argumentado por la fiscal federal «respecto del riesgo procesal que significa permitir la salida del país a ciudadanos de países que no extraditan nacionales ­como el caso de la República Bolivariana de Venezuela»­, advirtió que en el caso concreto de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marin Ovalles y Nelson Coello, «se encuentra fehacientemente acreditado en autos que todos aquellos tienen como profesión principal la aeronavegación civil, lo que conlleva el constante ingreso y egreso de distintos países en el mundo».

En caso de ser necesario, «esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad», añadió.

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El Argentino
1 Comentario

1 Comentario

  1. Alfredo Castro

    02.08.2022 at 09:28

    El Jumbo 747/300 de EMTRASUR está retenido ilegalmente en el aeropuerto de Ezeiza y debe ser devuelto a sus dueños.La Argentina deberá pagar una millonaria indemnización por esta irregularidad y por el lucro cesante que está provocando.

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Seguridad

Triple Crimen de General Rodríguez: ¿prescripción sin autores intelectuales?

Resta un año para que se cierre la causa sin que se conozca quien o quienes mandaron a matar a las víctimas por su vínculo con el tráfico de efedrina.

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Por Néstor Llidó

Ya se cumplieron 14 años del denominado Triple Crimen de General Rodríguez, en el que por estar involucrados en el negocio del tráfico de efedrina fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, se entra en la recta final para la posibilidad que la causa prescriba sin haber encontrado al o los autores intelectuales.

A partir que al empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, el sindicado ideólogo del hecho, se le dictó la falta de mérito en abril de 2021y va camino a un posible sobreseimiento, el 7 de agosto de 2023, será la fecha tope en la que la jueza federal María Romilda Servini pueda sumar nuevos imputados.

En el caso de Pérez Corradi, que sigue siendo investigado, la prescripción no le corre ya que él fue indagado por el caso recién en 2016, tras ser extraditado desde Paraguay.

«En estos catorce años de una causa que no está cerrada, no sólo tenemos autor o autores intelectuales, sino que además nos falta gente que participó del hecho, quizás más autores materiales”, sostuvo Diego Ferrón, el hermano de una de las víctimas, quien agregó que “si bien es cierto que hay cuatro condenados a perpetua, los hermanos Lanatta y Schilacci, como autores materiales, queremos llegar a algo más”.

«Pasamos por un juicio oral de tres meses, la fuga de quince días en 2015 de los asesinos, la captura de Pérez Corradi en Paraguay, las causas asociadas, mafia de medicamentos, ruta de la efedrina, aportes a campañas. Hay una historia muy grande detrás de este hecho”, afirmó.

«SIDE, DEA, políticos, Policía Federal, bonaerense, empresarios, narcos mexicanos, muchos involucrados en el tráfico de efedrina y detrás de esto la muerte de ellos tres”, detalló Diego Ferrón, quien no es optimista con el futuro de la causa, señalando “cerraremos así. Ya estuvieron detenidos por tráfico de efedrina más de 20 personas y nadie habló. Nadie se quebró”.

“Desde el día uno, reina el miedo en la causa, con dos testigos suicidados como Ariel Vilan y Emiliano Marcos, el argentino detenido en la quinta de Ingeniero Maschwitz con los mexicanos, Marcelo Tarzia, que murió extrañamente en la cárcel. Todo muy misterio y oscuro, detrás de tanto poder”, concluyó.

El triple crimen ocurrió el 7 de agosto de 2008, cuando Forza (34), Ferrón (37) y Bina (35) desaparecieron tras haber ido a una reunión en un hipermercado de la localidad de Sarandí, para participar de un encuentro presumiblemente vinculado con la venta ilegal de efedrina.

Se cree que, desde ese lugar, fueron llevados hasta la casa de Cristian Lanatta, ubicada en la zona de Quilmes, en base al análisis de la ubicación de los teléfonos celulares de los imputados y las víctimas.

Los tres fueron asesinados de 16 balazos por la espalda por dos tiradores, uno de los cuales usó la propia pistola Taurus calibre 9 milímetros de Forza y el otro una marca Tanfoglio .40. A Bina, como posible mensaje mafioso, también le amputaron una de sus orejas.

Los forenses creen que sus cuerpos fueron conservados en algún freezer hasta que los arrojaron en un zanjón del partido de General Rodríguez, donde fueron encontrados seis días después, el 13 de agosto, con signos de haber estado maniatados en algún momento con precintos.

En diciembre de 2012, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci fueron condenados a prisión perpetu.

Entre los últimos días de diciembre de 2015 y los primeros de enero de 2016, tres de esos condenados protagonizaron una fuga de película de la cárcel bonaerense de General Alvear y tras un sangriento raid fueron recapturados en Santa Fe.

En febrero de 2016, la causa del triple crimen pasó a la Justicia Federal y quedó a cargo de María Romilda Servini, quien ya investigaba una megacausa por tráfico de efedrina.

Por su parte, Pérez Corradi fue detenido en junio de 2016 en Foz de Iguazú y luego extraditado a la Argentina, pero en su indagatoria, negó cualquier vínculo con el triple asesinato. Luego, terminó condenado a siete años de prisión por traficar 1.900 kilos de efedrina a narcos internacionales, pero en la causa del triple crimen la jueza Servini le dictó la falta de mérito en dos oportunidades.

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