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Programa Reconstruir: el Gobierno invertirá $110.000 M para terminar viviendas que el macrismo «abandonó»

El secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti. detalló que la iniciativa planea terminar 55.000 viviendas paralizadas, que en los últimos cuatro años no se iniciaron a pesar de estar aprobadas.

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El secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti. detalló que la iniciativa planea terminar 55.000 viviendas cuyas obras estuvieron paralizadas en los últimos cuatro años, o no se iniciaron a pesar de estar aprobadas,

Por Leandro Selén

El Gobierno destinará $ 110.000 millones al Programa Reconstruir para terminar 55.000 viviendas cuyas obras estuvieron paralizadas en los últimos cuatro años, o que directamente no se iniciaron durante la gestión anterior a pesar de ser proyectos aprobados.

«En la Argentina hay 55.000 viviendas paradas de la gestión anterior», explicó el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, quien precisó que para terminar de construirlas «se destinarán recursos por $ 110.000 millones».

Maggiotti destacó que «la construcción es generadora de empleo directo e indirecto», y remarcó que «por cada peso que el Estado invierte en viviendas, la economía produce $ 2,27 adicionales».

Maggiotti explicó las claves del Programa:

¿Cómo surgió el Programa Reconstruir?

Primero que nada, es preciso destacar que es la primera vez en la historia argentina que hay un Ministerio de Vivienda (por el de Desarrollo Territorial y Hábitat), que fue una definición política del presidente Alberto Fernández. Y el proyecto que vamos a llevar adelante desde el Ministerio es la construcción de 264.000 soluciones habitacionales. Ahora, cuando asumió el ministro Jorge Ferraresi, por las charlas dentro del Ministerio, descubrimos que en Argentina hay 55.000 viviendas paradas de la gestión anterior, y nos pusimos a trabajar en un proyecto de ley para poder terminar estas viviendas. El Programa Reconstruir, si bien es un proyecto que recién salió la resolución, lo venimos trabajando con las provincias y los municipios desde hace meses. Hoy tenemos un vínculo muy aceitado con las unidades ejecutoras para terminar estas viviendas que se deberían haber terminado en la gestión anterior.

¿En cuánto tiempo estiman que estarán terminadas estas viviendas?

De las viviendas que se inició su construcción, tenemos diferentes grados de avance. Algunas están al 60%, otras al 80% y otras al 90%. Hay viviendas que se terminarán en cinco o seis meses, y otras en un año. Una parte será de terminación muy rápida a partir de que los municipios y las provincias presenten su adhesión al programa. Entonces rápidamente se va a poder ejecutar.

¿Y cuál será la incidencia en el empleo y la actividad económica?

La vivienda es generadora de empleo y cada peso que el Estado invierte en vivienda, la economía produce $ 2,27 adicionales. Por cada vivienda se estiman de dos a tres empleos directos, y además está el empleo indirecto. La industria de la construcción hace trabajar ladrilleros, fabricantes de vidrio, cerámica, aluminio, chapas, cables, varios rubros más que trabajan en la construcción, y mueve la economía general de todo un pueblo. En este caso son 55.000 las viviendas del Reconstruir. Pero se suman a las 120.000 del Plan Casa Propia, y el resto del Procrear, de los créditos que se otorgan para soluciones habitacionales, que totalizan 264.000 viviendas que se construirán en tres años, con una inversión de $ 880.000 millones.

¿En qué instancia está el plan de viviendas en general?

Ya se entregaron 7.000 viviendas, muchas de las cuales habían estado paralizadas, y lo que encontramos de parte de las unidades ejecutoras es una buena respuesta. En el Casa Propia, ya se firmaron actas de adhesión con todas las provincias por 72.000 viviendas. La mayoría de las provincias ya empezaron a poner en marcha los programas de viviendas. Provincias y municipios están presentando tierras para la construcción de viviendas por el Casa Propia. Además de los recursos, lo que hacemos desde el Ministerio es poner las características mínimas de la vivienda. Tiene que ser de hasta 64 metros cuadrados, las habitaciones no pueden ser inferiores a 3 por 3,5 metros; las aberturas no pueden tener menos de 80 centímetros y los pasillos menos de 1 metro de ancho.

En las llamadas viviendas sociales, los pasillos eran de 60 centímetros, y el barrio donde se asentaban terminaba visto como para pobres. Nosotros queremos que en estos barrios conviva toda la comunidad. El primer desafío que tomaron el ministro y el Presidente fue desterrar de nuestro concepto el término vivienda social, que fue impuesto por la dictadura militar para sacar de la memoria las viviendas de los trabajadores que había hecho (el ex presidente Juan Domingo) Perón, con techo de teja y piso de parqué. Y la otra gran definición es que todas las viviendas se van a pagar, no se entregan gratuitamente.

¿Cómo es el modo en que se pagarán estas viviendas?

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Se van a diferenciar grupos por sus ingresos, desde las personas que reciben una asignación del Estado hasta quienes perciben el equivalente a siete sueldos mínimos –actualmente en $ 21.600-, y todos van a pagar un 25% de su ingreso como cuota. No se cobra interés. Es un sistema solidario de vivienda. Una parte está subsidiada, y la cantidad de cuotas se define de acuerdo con el ingreso. El máximo es de 360 cuotas. A los de mayores ingresos se les achicará el periodo de tiempo en que se pagaría la vivienda. La idea que es que sea un círculo virtuoso, que todas las viviendas que se hacen en este programa se paguen por descuento directo de ingresos, y esa plata se reinvierta en la construcción de más viviendas. Si esta política es estable a lo largo del tiempo, a partir del año 10 o 12, el sistema comienza a operar solo, el Estado no necesita poner más dinero. Y en 20 años se soluciona el problema de la vivienda en la Argentina.

El desarrollo de viviendas busca contener la emergencia habitacional

El plan puesto en marcha por el Gobierno busca solucionar el déficit habitacional de la Argentina, estimado entre 1,5 y 2 millones de viviendas, pero también atender la emergencia de familias que podrían sufrir el desalojo en medio de la pandemia, como consecuencia de haber perdido su trabajo o reducido sus ingresos.

Para ello el Ministerio de Desarrollo Territorial aprobó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Así se atenderá con prioridad la situación de familias monomarentales y monoparentales, personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad, con discapacidad y en extrema pobreza o indigencia, y a víctimas de violencia de género, en los casos que se produzcan desalojos como consecuencia de la finalización del decreto que los prohibió durante un año como consecuencia de la pandemia.

«Es una decisión política del Estado de no mirar para otro lado ante una circunstancia que para nosotros puede ser muy penosa: que familias se queden en la calle», indicó el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, quien puntualizó que «hay que ser claros: nuestro país no tiene un stock de viviendas propias del Estado nacional».

Al respecto, indicó que «el modelo que el Estado nacional tiene es uno de financiamiento de unidades ejecutoras para la construcción de viviendas», y puntualizó que «ahora hay un fuerte compromiso del presidente Alberto Fernández con el programa Casa Propia, que implica 264.000 soluciones habitacionales en un plan trienal».

«Nosotros ponemos recursos públicos para construir viviendas en la Argentina. Lo garantizamos con el programa Casa Propia. En una situación que puede derivar en desalojos de contratos de alquiler instrumentamos el Protocolo. Pero hay restricciones que tenemos como gobierno nacional con una organización jurídica de tinte federal», explicó el funcionario.

En ese sentido, señaló que «las organizaciones urbanísticas no están delegadas en el gobierno nacional, sino que son de decisión autónoma en cada jurisdicción», y sostuvo que «lo que el sector necesita son mayores regulaciones urbanísticas».

«El año pasado lanzamos el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un instrumento que busca colaborar con las provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires, para lograr el primer paso hacia esa regulación que es el acceso al suelo», explicó Scatolini, quien agregó que «ahora, hace muy poco, se lanzó el Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Urbano».

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Misión Argentina viaja a Washington para cerrar la tercera revisión con el FMI

Tras la reciente visita de representantes del organismo multilateral al país, se buscará terminar de negociar en la sede central del organismo la tercera revisión del programa, para eventualmente recibir un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.

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Una comitiva encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajará en la noche del lunes a Washington para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerrar las negociaciones para la aprobación de la tercera revisión del programa, que permitirá gatillar un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.

La delegación argentina que acompañará a Rubinstein se completa con el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, informaron en el Palacio de Hacienda.

Tras la reciente visita de representantes del organismo multilateral a la Argentina, se buscará ahora terminar de negociar en la sede central del organismo la tercera revisión del programa, para eventualmente recibir un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.

La tercera revisión corresponde a la auditoria del FMI de los números económicos de la Argentina del tercer trimestre del año, y forma parte del programa que el país suscribió con el FMI en marzo de 2022 para refinanciar los US$ 45.000 millones con el organismo multilateral, heredados de la gestión de Mauricio Macri.

No se descarta que la delegación argentina plantee durante su estadía en Washington, de la cual vuelven el viernes, los efectos negativos de la guerra en Ucrania para las reservas del Banco Central, que según admitió el propio ministro de Economía, Sergio Massa, rondaron los US$ 5.200 millones.

Sin embargo, para las autoridades del FMI ese rojo no previsto se ubicó en torno a los US$ 3.700 millones, aunque todos coinciden en el efecto devastador del conflicto armado en términos del costo de la energía.

En este contexto, las autoridades argentinas también prevén «solicitar un esfuerzo adicional» por parte del FMI, en función que se está pagando por una «guerra que no elegimos».

«Es una discusión que tenemos que dar, aspiramos a que nuestras contrapartes firmen compromisos con cláusulas de incidentes ajenos a los acuerdos firmados oportunamente», señalaron desde Economía.

La misión del Fondo que recientemente visitó el país estuvo integrada por un grupo de técnicos que responden al jefe de la Misión para la Argentina, Luis Cubeddu, y se manejó de manera muy reservada, aunque en ambas partes prevalece el optimismo de dar por cumplidas las metas del tercer trimestre.

Otro punto sustancial que forma parte de la agenda con el FMI es la revisión de los sobrecargos que aplica el organismo sobre el préstamo concedido a la Argentina.

De hecho, en la reciente cumbre del G20 que se llevó a cabo en Bali, Indonesia, los líderes de los países miembros consensuaron una declaración final que propone la revisión de la política de sobrecargos del FMI, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses.

La postura argentina fue respaldada por Alemania, Francia, Sudáfrica, Brasil, España y México, y el tema también formó parte de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

«Hay que revisar los sobrecargos que los países más endeudados están pagando. Son tasas muy altas que no tienen ninguna explicación lógica», señaló el Presidente tras su reunión con la titular del FMI.

El apoyo a la postura argentina sobre la política de sobrecargos del FMI fue puesto de manifiesto en el punto 33 del documento final, que dice: «Estamos comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes», y asimismo remarca «los compromisos por un monto de US$ 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes».

De esta manera, los líderes del G20 exhortan al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de US$ 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.

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